Cuando Nicolás Dujovne fue designado ministro de Hacienda, la mayoría de los analistas consideró que su prioridad sería el ajuste del gasto ante el creciente déficit fiscal.

Sin embargo, el contexto electoral parece haber desplazado esa prioridad fiscal en favor de una orientación que apuntalaría las condiciones de acumulación empresaria sobre la base de beneficios fiscales y subsidios. Allí se inscriben la reforma y el blanqueo laboral que prepara el gobierno en el marco más amplio de una reforma tributaria.

El gobierno, según fuentes de Hacienda, cree «imprescindible remover impuestos distorsivos para generar empleo». Sobre esa base conceptual esa cartera, junto con la de Trabajo, abrió un diálogo para analizar una posible reforma laboral integral (inspirada en el proyecto de Primer Empleo que se encuentra empantanado en el Congreso), incluido un blanqueo. En este punto, las mismas fuentes confiaron que Hacienda apuntaba a promover iniciativas propias, como la creación de «agencias de talentos para jóvenes» y la aplicación de «beneficios tributarios a los empresarios que blanqueen» a sus trabajadores no registrados, así como «bajar tributos sobre los salarios».

Por el lado del ministerio que dirige Jorge Triaca confirmaron que se busca inducir al blanqueo de un millón de puestos de trabajo a razón de 330 mil por año hasta 2019, para lo que se ofrecería a las empresas la exención de los aportes patronales que equivalen al 32% del salario bruto de los trabajadores (ver recuadro) con un tope de salarios de convenio de $ 12 mil, durante tres años. El proyecto, de avanzar, busca blanquear un millón de trabajadores no registrados (35% del total) por año sobre la base de una sensible reducción de ingresos fiscales en desmedro de Anses, Pami, las obras sociales y el Fondo Nacional de Empleo, entre otros.

Así las cosas, el gasto anual, en caso de que se blanquee un millón de trabajadores con el tope impuesto por el gobierno, podría ascender a $ 16 mil millones anuales y a un total de $ 48 mil millones en todo el período.

Para comprender la dimensión del subsidio que se propone basta compararlo con otros beneficios vigentes para empresas en materia de «gastos tributarios». En el Presupuesto 2017 están pautados reducciones de $ 35.953 millones para el Régimen de Promoción económica Tierra del Fuego; $ 22.183 millones para las pequeñas y medianas empresas y $ 32.052 millones en descuentos en contribuciones a la Seguridad Social que benefician a las empresas de todo el país.

El gobierno también analiza el impulso de una reforma laboral que apunta a la reducción del «costo laboral». Pero la iniciativa se generó cuando tomó estado público que la mitad de los argentinos percibe ingresos por debajo de los 8000 pesos y cuando el gobierno se lamenta por las dificultades para controlar el déficit fiscal.

Según un informe elaborado por Emmanuel Álvarez Agis, asesor del diputado Héctor Recalde (FpV), «abundan los ejemplos internacionales que señalan lo mismo: las reducciones de los impuestos sobre la nómina salarial no tienen impacto alguno sobre la dinámica del desempleo». Néstor Pitrola, diputado nacional del FIT-PO y miembro de la Comisión de Trabajo que dirige el massista Alberto Roberti, opinó que «la rebaja de aportes patronales es un plato recalentado. Lo hizo Menem y el kirchnerismo en 2014 y el trabajo en negro creció. La reforma laboral que preparan es un descomunal subsidio del Estado a las patronales.»

El gobierno difundió que la CGT estaba de acuerdo con el plan. Pero Jorge Sola, secretario de prensa de la central obrera, lo desmintió: «Nos oponemos a la baja de cualquier aporte y contribución a la Seguridad Social, a las obras sociales y al sistema previsional. Es desatinado que el Estado ayude a los que estuvieron fuera de la ley. Ese dinero sale de las arcas que sostenemos los trabajadores.» «

Los organismos que pagarán la cuenta

Los aportes patronales que se analizan eximir son: la jubilación (16% sobre la masa salarial), el aporte al PAMI (2%), a las obras sociales (5%), a las asignaciones familiares (7,5%), al Fondo Nacional de Empleo (1,5%), al seguro de vida obligatorio (monto fijo) y a la ART. Sin incluir esta última, los aportes equivalen a poco más del 32% del salario bruto del trabajador.

Con el techo de $ 12 mil que analiza la cartera laboral y aplicando el 32% sobre ese salario de 330 mil trabajadores surge que el costo fiscal mensual llega a $ 1267 millones que, anualizado, a 13 meses (incluido el aguinaldo) implica un gasto de $ 16.473 millones.
El impacto sobre los ingresos de Anses ha llevado al gobierno a proponer la ampliación de la edad jubilatoria.

En diciembre también aumentaron los despidos

A pesar del acuerdo suscripto en la Mesa del Diálogo y la Producción de noviembre pasado, en la que empresarios se comprometieron ante el gobierno y la CGT a no despedir hasta marzo próximo, según el informe de la consultora Tendencias Económicas y Financieras, que dirige José Luis Blanco, «los despidos en diciembre se incrementaron un 49,9%» con relación a diciembre de 2015.

El informe detalló que «el 62% (de los despidos) se localizó en el sector privado, en un amplio abanico de actividades, como la industria, el petróleo, el comercio, la construcción, el transporte, la prensa y las comunicaciones».

A nivel anual, la conflictividad laboral «experimentó un generalizado y pronunciado incremento en 2016: los despidos se incrementaron 6,1 veces, las suspensiones el 61,7% anual y las huelgas casi se duplicaron frente a lo ocurrido durante el año 2015». Lo curioso es que, a pesar de estas cifras, no se produjo una medida de alcance general. «