Las demandas de las aerolíneas extranjeras que pujan para operar en los cielos argentinos son pocas pero contundentes: flexibilización laboral a fondo y tarifas sin piso. Dos reclamos que a simple vista sintonizan con el perfil político del gobierno nacional pero que se mantienen congelados, por un lado, debido al peso los gremios aeronáuticos y, por otra parte, por las presiones de la competencia.
Desde principios de año, las líneas áereas de bajo costo (low cost, en la jerga del sector), asomaron en el paisaje local empujadas por los vientos de cambio del oficialismo. El envión favoreció más a la colombiana Avianca y a la irlandesa Ryanair, que lograron imponer sus propuestas por encima de las competidoras. Sin embargo, en junio las negociaciones entraron en un estado que perdura hasta hoy: el congelamiento.
A fines de junio, el titular de Ryanair, Declan Ryan, aseguró al diario La Nación el inicio de sus operaciones en 2017. El vehículo, dijo el empresario, será la marca low cost Viva con la que ya explota servicios en México y Colombia. Para volar quieren comprarle los aviones a la compañía salteña Andes.
A contramano de la expectativa que se generó, el consultor especializado Santiago García Rúa lamentó que si bien existe diálogo entre las empresas y la parte gubernamental «todavía no avanzaron mucho». La última vez que se reunieron, de acuerdo a las fuentes, fue en Buenos Aires hace dos meses, pero desde entonces los avances fueron nulos.
Consultado sobre los motivos del enfriamiento, García Rúa señaló que las empresas se sienten desalentadas por la limitación que supone la organización sindical característica de la plaza local: «Ven que no se puede evitar la injerencia de los gremios y ellos esperarían trabajar en un contexto más flexible en ese sentido». Como segunda cuestión, sumó que las empresas están disconformes con la legislación que establece topes para los precios de los pasajes.
Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmaron que las negociaciones están frenadas. Las últimas reuniones tuvieron lugar en la convención de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA, en inglés) en mayo. Allí, el titular de Avianca, Hernán Rincón, informó la creación de Avianca Argentina y prometió la llegada al país para 2017, al igual que Ryanair. La franquicia local operará, según la promesa, con 12 aviones turbo hélice más otros 18 que se agregarán un año después.
Un conocedor del mercado argentino aseguró a Tiempo que Avianca Argentina no presentó a la fecha los papeles que manda el procedimiento administrativo y tampoco tiene pedidos de rutas, lo que significa que no existe. Están interesados en volar, sin duda, pero hoy por hoy están volcados al lobby para ver hasta qué punto pueden modificar las condiciones del país aunque la complejidad del escenario los resigne a un proceso paulatino.
El caso de Ryanair es particular. Al cabo de una serie de reuniones con la firma, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se habría manifestado en contra de implementar un sistema de tarifas a un bajo costo en la Argentina en detrimento de una competencia más equitativa para el resto de las operadoras. La fuente consultada agregó que el Ministerio de Transporte, que tiene la facultad de otorgar las rutas, «hoy no tiene nada definido por ninguna de las dos empresas». En el departamento que habilita las rutas «no existe ninguna solicitud formal de ninguna de las dos firmas», concluyó.
Por lo bajo en el ambiente aeronáutico hay consenso en torno a una idea: tanto Avianca como Ryanair son compañías famosas en el mundo por sus niveles de precarización laboral. «Lo que están queriendo es flexibilizar el mercado laboral. Porque encubiertamente están en camino a los cielos abiertos», indicó otra fuente consultada por este medio. Las caras del proceso son conocidas. El principal lobbista de Avianca en el país es, según fuentes consultadas, Carlos Colunga, ex gerente de Macair, la empresa aérea que el grupo Macri le vendió a los colombianos meses atrás. Pero esa es arena de otro costal. «