La derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 1053/18 obtuvo media sanción en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados, donde también ingresó un proyecto de ley que busca derogar el artículo 7 de ese DNU.
Ese decreto, lanzado en noviembre de 2018, obliga al Estado a absorber el riesgo empresario de las petroleras y distribuidoras de gas, que además obtuvieron ganancias extraordinarias en los últimos años, producto de la dolarización de las tarifas, que derivó en brutales aumentos a los usuarios. De esta forma, el Estado podría ahorrarse unos 23.707 millones de pesos, lo cual también podría provocar un estallido de furia en las petroleras productoras de gas.
En palabras de la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), en la citada sesión del Senado «le sacaron plata del bolsillo a los argentinos y se la dieron a un puñado de empresas amigas del partido político que gobernaba», cuando en realidad se trataba de una «deuda entre privados, entre las productoras y las distribuidoras de gas, que la terminó por pagar el pueblo argentino».
El decreto en cuestión incluía ajustes presupuestarios en distintas áreas que afectaban a distintos ministerios, lo cual podía haber entorpecido la derogación. Esto no ocurrió en la Cámara Alta, ya que la derogación fue aprobada de manera integral. Sin embargo, así lo había pensado la diputada María Liliana Schwindt (Frente de Todos), al momento de presentar su proyecto de ley, que se limitó a la derogación del artículo 7 del DNU, para evitar rispideces en otros asuntos.
Ese proyecto de ley ya tuvo el apoyo de las firmas de los diputados Eduardo Valdez, Alejandra Obeid, Enrique Allende, Carlos Cisneros, Susana Landriscini, Mabel Caparrós, Gabriela Estevez y Mónica Macha.
Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió una presentación firmada por una quincena de diputados del Frente de Todos, que apoyan la decisión del Enargas, conducido por Federico Bernal, de denunciar en el fuero penal al exministro de Energía, Juan José Aranguren.
Schwindt aseguró a Tiempo que la dolarización «fue claramente un conflicto de intereses» y que «el tarifazo fue para el beneficio de empresas de amigos y propias de los funcionarios de Cambiemos», apuntó.
Schwindt reconoció que este impulso del Congreso nació a raíz de la denuncia del interventor de Bernal contra Aranguren, por la mencionada dolarización, ante el juez Guillermo Marijuan, quien imputó a Aranguren por presunto «incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles», en relación con los contratos que fijaron el precio del gas en 2018.
Fueron imputados también el expresidente del Enargas, Ezequiel Roitman, el exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del ministerio de Energía, Marcos Pourteau, y el directorio del Enargas.
Estado y empresas
La mecánica que derivó en pérdidas para las empresas es sencilla. En una mesa chica, las productoras y distribuidoras arreglaron un precio dólar para los meses siguientes, especulando con pequeñas devaluaciones en el medio. A partir de ese precio, armaron las facturas para los usuarios. Como las devaluaciones fueron mucho más grandes que las especuladas en esa mesa, perdieron plata. Como no les gusta perder plata y son completamente ajenos al concepto de riesgo empresario, pidieron a su gobierno amigo que les solucione el problema.
La primera intención del entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, fue trasladar esa diferencia a los usuarios: agregar un 35% a las tarifas durante 24 meses. El repudio llegó de todos lados. Incluso, desde algunos sectores del macrismo; principalmente, del entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Mauricio Macri recogió el guante y resolvió el conflicto fiel al estilo de la familia Macri: estatizó la deuda, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1053/18.
A partir del artículo 7 de ese DNU, el Estado pasó a hacerse cargo de las pérdidas de las petroleras y las distribuidoras de gas. Se trata de unos 24.500 millones de pesos, a pagar en 30 cuotas.
Cuatro días antes de dejar la presidencia, el gobierno de Cambiemos realizó el primero de esos 30 pagos, por $ 817 millones. Por tanto, si deroga el DNU o el artículo en cuestión, el Estado podrá ahorrarse pagos por más de $ 23.700 millones.
Las principales beneficiarias de ese decreto son Camuzzi Gas Pampeana, con $ 5144,3 millones; Camuzzi Gas del Sur, con $ 3407,4 millones (Camuzzi se haría en total de $ 8551,6 millones); Metrogas, con $ 4572,4 millones; y Naturgy, con $ 4295,6 millones. Entre estas, suman 13.400 millones de pesos, el 55% del total. Cabe destacar que -de ese dinero buena parte irá para las productoras de gas. Por tanto, es posible que se reinicie una batalla económica entre productoras y distribuidoras, con los usuarios en el medio.
