El 2 de junio, el presidente Alberto Fernández recibió al Consejo Agroindustrial (CAA) pocas horas antes de que la Mesa de Enlace concluyera su lock out en protesta por la prohibición de la exportación de carne. Tras aquel encuentro, el gobierno hizo trascender que «en pocos días más» anunciaría una salida al entuerto, con precios internos más bajos y una vuelta de las exportaciones.
Diez días después, las negociaciones se encuentran trabadas. Los grandes frigoríficos aceptarían incrementar en un 50% la cantidad de carne que destinan al programa de precios populares pero quieren garantías de que el gobierno no volverá a cortar las exportaciones y reclaman una política restrictiva en materia de permisos para vender al exterior. El objetivo de este sector, identificado con el Consorcio ABC y que actúa bajo el paraguas del CCA, es reducir la cantidad de competidores habilitados para exportar a China, que en la actualidad es el destino del 80% de las ventas externas.
Un esquema que comienza a tomar cuerpo y que podría destrabar la situación es la «autorregulación» de los frigoríficos. En medios cercanos a las asociaciones que agrupan a los frigoríficos medianos advierten que ello equivaldría a «la ley de la selva: los más grandes se comerían a los más chicos». No queda claro cuáles serían los alcances de la autorregulación, pero otras experiencias en el mismo sentido -la de las prepagas hasta que salió la ley en 2011, por ejemplo- indican que detrás de esa palabra se oculta un dejar hacer en el que ganan siempre los más grandes en detrimento de su competencia, los consumidores y el fisco.

Fiscalizaciones
Desde el sector ganadero se analiza en esta clave de autorregulación la decisión del gobierno de avanzar con los controles sobre el sector de los frigoríficos. El domingo pasado el matutino Página 12 publicó un inform en el que consignó que la Afip encontró iregularidades administrativas y comerciales en el 90% de 154 frigoríficos investigados. Ello se sumó a la sanción a otros 18 frigoríficos a los que la Aduana acusó de fraguar las declaraciones de exportaciones.
Si los controles estatales devienen en sanciones vinculadas a las exportaciones, se estaría cumpliendo una parte del acuerdo de la autorregulación. Con todo, el trabajo sucio que estaría haciendo el Estado para liberar de competencia a los grandes frigoríficos podría derivar en una falsa salida. Esto porque la demanda china de carne, que actualmente es de unas 70 mil toneladas mensuales, podría incrementarse y, en ese caso, la capacidad de satisfacerla podría quedarse corta.
En ese sentido, hay varios circuitos que están consolidados y que se van a resisistir a cambiar. «Si le vendés a un consignatario es muy probable que ese consignatario le venda a un frigorífico. Se establece una relación de confianza. Queremos seguir así», le dijo a Tiempo un consignatario. La idea de cambiar compulsivamente los circuitos comerciales en beneficio de los grandes frigoríficos tendrá que resolver el problema de la cadena de valor. «