En previsión de un probable incremento en los derechos de exportación, las empresas comercializadoras de cereales están apurando sus declaraciones de ventas. Según estimaciones, las operaciones anticipadas ya significan el 23% del volumen que podría entregar la cosecha 2019/2020, proporción que duplica la de los últimos años.

El objetivo de la maniobra es asegurarse que las ventas serán alcanzadas por la actual alícuota fija de cuatro pesos por cada dólar, instaurada por el gobierno en septiembre del año pasado (más un 18% que se aplica solamente a la soja). Se cree que una de las primeras medidas económicas de la gestión de Alberto Fernández sería incrementar fuertemente ese derecho para mejorar los ingresos fiscales.

La práctica de anticipar las operaciones es habitual y está contemplada en las leyes vigentes, que prevén la presentación de una DJVE (Declaración Jurada de Venta al Exterior) en función de la cual se liquidan las retenciones y demás tributos que correspondan. Pero este año la modalidad batió todos los récords. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que “al 10 de noviembre las compras del sector exportador e industrial ascienden a 29,4 millones de toneladas, el 23% de la producción estimada para los principales seis cultivos (soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo)”. En comparación, a esa misma fecha en las tres cosechas anteriores se habían adquirido entre 12 y 17 millones de toneladas.

Las empresas más activas en comprar los cereales a los productores y declarar su venta al exterior a través de las DJVE son ADM, Cofco, Cargill, Bunge y Louis Dreyfus. Estas cinco firmas aglutinan alrededor del 80% de esas operaciones.

El análisis de la Bolsa de Comercio rosarina pone como motivos de esta práctica, entre otros, la conveniencia de los productores de obtener dinero para prefinanciar sus operaciones, en un momento en que los créditos bancarios tienen tasas altísimas. También señalan el temor de los vendedores a una caída en el precio internacional de los granos y, del lado de los compradores, la necesidad de asegurarse mercadería ante una cosecha que, de acuerdo a los cálculos previos, estará 10 millones de toneladas por debajo de la marca récord de 2018/2019.

Pero las consecuencias exceden ese marco. Según el portal especializado Bichos de Campo, que recogió el informe de la BCR, con esta práctica las grandes cerealeras “congelaron el peso de las retenciones por una buena proporción de los embarques esperados en 2020 y no quedaría chance legal de que el nuevo gobierno les reclame dinero en caso de elevar -como se espera- los tributos a la exportación”.

Estado de alerta

 “Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrán que hacer el sector del petróleo, el minero y el campo”, dijo Fernández hace pocos días, preludiando lo que sería una de sus primeras medidas para reducir el déficit fiscal. Esta virtual admisión de que el nuevo gobierno ajustará la alícuota de las retenciones puso en alerta a los exportadores. En la edición impresa de Tiempo del domingo 24 se consignó que un grupo de productores rurales se autoconvocó en Córdoba, bajo el lema “Guardianes de la República”, para debatir el rumbo a seguir en caso de que el nuevo gobierno tome medidas que los afecte. “Hay mucha gente que está dispuesta a empoderarse y sacar el tractor”, dijeron voceros de ese espacio, en referencia a las movilizaciones y cortes de ruta de 2008 contra el gobierno kirchnerista, del que Fernández era jefe de Gabinete.

La condena a la eventual suba en los derechos de exportación, sin embargo, no es unánime entre las entidades agropecuarias. Mientras la Sociedad Rural Argentina insistió en sacar las retenciones y liberar al comercio de toda traba, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizotto, concedió que “hay margen para negociar” sobre el tema.