El dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti a favor de Farmacity sucede casi en simultáneo con el anuncio de su fundador, el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, de que venderá las acciones que le quedan. El intento de Farmacity de ingresar sin restricciones a la provincia de Buenos Aires, data de 2012 y fue rechazado en cuatro instancias, incluida la Suprema Corte provincial. El año pasado, la Corte Suprema nacional sorprendió al aceptar tomar el caso. Y el jueves último, la procuradora emitió su polémico dictamen.
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, Isabel Reynoso, explicó a Tiempo: «Esto sucede porque Mario Quintana es el fundador y accionista de la empresa. No cabe duda. Es un juicio que perdió en cuatro instancias en la Provincia, que siempre legisló a favor de la salud».
Para Reynoso, «el dictamen es bochornoso. Pretende confundir a la industria farmacéutica con la dispensación de medicamentos, que es un acto profesional. Avasalla al poder judicial de la Provincia».
La decisión de la procuradora Monti pegó con fuerza entre las farmacias de la provincia, las que al cierre de esta edición aún evaluaban el camino a tomar. Tiempo se contactó tanto con la Cámara de Farmacias Bonaerenses como con la Cámara Argentina de Farmacias. Ninguna de las dos quiso emitir opinión. «Respetamos lo que decida la Justicia», fue la respuesta en una de ellas.
Para la investigadora del Conicet y especialista en economía social, Ana Castellani, la decisión de la Procuraduría fiscal «es un escándalo». Quintana dice que va a vender las acciones, pero esto no evita el conflicto de interés porque hace dos años que es vicejefe de Gabinete. Cuando uno reconstruye los hechos de las demandas ve que en este tiempo consiguió muchos beneficios: contra los laboratorios, con el nuevo convenio del Pami; contra Buenos Aires y también con el vuelco de las causas en Santa Fe y en Mendoza. Ahora, este dictamen. Sólo le falta el fallo de la Corte Suprema.
Castellani asegura que «el problema se conoce como ‘puerta giratoria’, que en Argentina no está regulado. En otros países hay lapsos de tiempo previo a pasar del sector privado al sector público. Cuando asumen, después de un tiempo prudencial, deben armar fideicomisos ciegos de todas sus tenencias accionarias».
«Un empresario dueño de una megaempresa pasa a ocupar un alto cargo en la función pública y toda la acción estatal pasa a favorecer a esa empresa. Es muy evidente el conflicto de interés», explica.
El defensor del Pueblo de Buenos Aires, Guido Lorenzino, presentó ante la Corte Suprema un escrito en el que reiteró su pedido de ser considerado amicus curiae para esta causa y demandó que «se desestime el recurso intentado» por Farmacity. En el texto, entregado el viernes último, Lorenzino subraya que el dictamen de la procuración «sólo contempla la normativa de desregulación de la economía» y no toma en cuenta un abordaje en el que el medicamento «por su condición de bien social, integra el derecho a la salud», por lo que «reivindica el poder de policía provincial para regular las condiciones de inscripción de farmacias».
Los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (en su momento puestos en la Corte a través de un decreto presidencial) se excusaron de participar por los vínculos que tienen con Farmacity. Mientras se espera por el fallo, los Simplicity de la Provincia esperan con ansias convertirse en Farmacity. «
