El enorme apagón eléctrico que afectó a la mitad del país el miércoles pasado fue el segundo de su tipo en cuatro años, algo totalmente excepcional en un país de ingresos medios, como Argentina. Mientras el gobierno se inclina por un acto vandálico, quizá un sabotaje con segundas intenciones, los analistas del sector creen que el evento puso de relieve viejas fallas del sistema eléctrico nacional que con el paso del tiempo se han consolidado y profundizado, especialmente la falta de inversiones en el transporte de extra alta tensión.
Respecto de lo primero, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ya recibió los informes de la Secretaría de Energía y está a la espera de los resultados de algunas pericias en el lugar de los hechos, una zona rural cercana a General Rodríguez donde se produjo un incendio de pastizales que derivó en la quema de tres líneas de extra alta tensión, por donde circula electricidad a una tensión de 500 Kilovolts.
Además de Energía, que dirige Flavia Royón, la Justicia está recibiendo informes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado eléctrico), de Transener (dueña de los cables quemados) y de otras firmas del sector a fin de juntar la mayor cantidad posible de elementos. En el sector oficial aseguran que “está por verse” si el incendió obedeció a razones agropecuarias, como la típica quema de pastizales que tanto daño causan al ambiente, o si se trató de un “atentado” liso y llano.
Además de la investigación judicial, la Secretaría de Energía está llevando adelante su propio procedimiento con la participación de Cammesa y Transener. El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, dijo en una entrevista con Radio El Destape días atrás que «le estamos pidiendo a Cammesa y las transportistas (o sea, Transener) conocer el detalle de cómo se operó en la emergencia para a partir de allí tomar un aprendizaje, porque si bien el servicio se restableció rápido, afectó al 42% de la demanda del país».
Faltan inversiones
La responsabilidad por la falta de inversiones parece ser compartida. Mientras que Yanotti apuntó al macrismo, otras fuentes señalaron que durante la actual administración tampoco hubo desembolsos para mejorar el estado de la red.
«Podríamos tener un sistema más sólido», agregó el funcionario, y señaló que “la expansión del sistema de transporte se paralizó a partir de 2015, 2016 y se retomó recién cuando logramos salir de la pandemia en 2021, cuando se empezaron a terminar las obras que habían quedado paralizadas, algunas con un 85%, 90% de avance». Entre los ejemplos de esas obras, señaló una «muy importante para la zona metropolitana, que se llama AMBA I y que demanda una inversión de aproximadamente 1000 millones de dólares» para crear un sistema de anillos de alta tensión alrededor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y fortalecer el sistema de transmisión.
La falta de inversión que registra Yanotti se pone en evidencia en un momento en el que no se puede inyectar ni consumir más energía porque el transporte está débil.
Otras miradas tienen interpretaciones diferentes. Por caso, la calificadora de riesgo Moody’s dijo en un comunicado el viernes que “las inversiones en la red de transmisión fueron extremadamente bajas” desde 2019, “principalmente orientadas al mantenimiento básico y sin ninguna expansión material. La falta de inversión en las redes de transmisión reduce la fiabilidad del sistema cuando opera bajo estrés y también representa una fuerte limitación para la continua expansión de la capacidad adicional que tanto se necesita para abastecer la creciente demanda de energía en Argentina”.
Martello apuntó contra Edesur
El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, consideró ayer «inaceptable» que miles de usuarios de Edesur estén sin servicio y afirmó que si la empresa no puede proveerlo debería rescindir su contrato.
«Hoy es sábado por la tarde, hemos terminado un informe que determina que más de 7.000 usuarios de Edesur, identificados por ENRE, no tienen servicio desde hace más de 48/72 horas», afirmó el funcionario en su cuenta de la red social Twitter.
Para Martello, «la situación es intolerable e inaceptable y deben ser compensados aunque esa no sea la solución».
«Si su conclusión es que no pueden mantener un servicio acorde, ejecutar la cláusula contractual que les permite rescindirlo», remarcó.