El anuncio del presidente Mauricio Macri, de que por medio de un blanqueo de capitales financiará el pago de las deudas que mantiene el sistema previsional con los jubilados y pensionados, puso de relieve el continuo desequilibrio que presentan las finanzas de la ANSES. Dado que en el actualidad casi la mitad de los ingresos de ANSES provienen de impuestos, el aporte de una fuente de financiamiento sujeta a los vaivenes de las decisiones de las personas que quieran blanquear sus fondos no declarados abre un gran interrogante sobre la posibilidad de que ese fondeo se realice en tiempo y forma. Del mismo modo, queda de relieve que la actual política del gobierno de favorecer el despido de trabajadores en el sector privado y, por su parte, concretarlos en el sector público, reduce cada vez más las distancias entre los ingresos y los egresos de la ANSES. En este escenario, la pérdida del 15% de la recaudación impositiva derivada desde las provincias sólo profundiza la fragilidad del equilibrio de las cuentas del organismo previsional.
Según el diputado Diego Bossio, último titular de la ANSES del gobierno de Cristina Fernández, para que el proyecto de Macri funcione, se necesita que «se incorporen entre 4 y 5 millones de trabajadores en blanco para que no se desfinancie la ANSES». En diálogo con Tiempo, Bossio indicó que la ANSES «ya perdió el 15 % de las provincias. Ese es el talón de Aquiles del sistema previsional.»
En la actualidad hay poco más de 9,7 millones de aportantes a la Administración Nacional de la Seguridad Social. El número refleja una caída de poco más de 100 mil aportantes entre diciembre y febrero de este año. Para los analistas, ese es el reflejo de los despidos generados en el verano aunque consideran que puede ser también un resultado de la mayor morosidad de parte de los empleadores.
La tendencia actual y que algunos analistas prevén que seguirá así hasta fin de año, es la de una pérdida de puestos de trabajo o, en el mejor de los casos, un congelamiento de los mismos luego de llegar a un piso.
Es decir que una de las fuentes de financiamiento de la ANSES se encuentra en descenso y con pocas posibilidades de cambiar en lo que reesta del año.
«Si hubiera un blanqueo de los más de 4 millones y medio de trabajadores no registrados, la ANSES dejaría de tener la perspectiva de los problemas financieros en el horizonte», explicó a Tiempo Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad y especialista en el tema.
«Hoy hay un desequilibrio y, obviamente, la actual estructura de ingresos y egresos no es razonable. Para solucionar el problema de fondo de la seguridad social hay que modificar la estructura impositiva», afirmó Semino.
El ombudsman apuntó que además de los despidos, atenta contra los ingresos de la ANSES el pago de sumas no remunerativas, masificadas durante los últimos seis años, y la persistencia del trabajo en negro. «El 47% de los ingresos de la ANSES para el pago de jubilaciones son impuestos. Entre lo que se pierde por las sumas no remunerativas y el trabajo en negro, queda claro que el sistema no puede funcionar así», indicó.
El proyecto de ley que el gobierno nacional remitirá mañana al Congreso para saldar la «deuda histórica» demandará un esfuerzo fiscal de hasta 75 mil millones de pesos al año, en caso de que se incorporen al programa los 2,3 millones de potenciales beneficiarios, y otros $ 47 mil millones para el pago de retroactivos.
Estas cifras son las que plantean dudas acerca de las verdaderas intenciones del gobierno respecto del blanqueo de capitales, que no otorga seguridad de proveer los fondos necesarios para costear los nuevos desembolsos. Ahí es donde toman fuerza las versiones sobre posibles ventas de activos incluidos dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), como las acciones de las grandes empresas en poder del Estado. Ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, desmintió esta posibilidad.
Hay otra versión. Ayer, el presidente Macri volvió a hablar del tándem blanqueo-deuda jubilatoria, y anticipó que el gobierno apunta «a pensar en el futuro y debatir y estudiar un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo». En algunos círculos preocupa la idea de que el gobierno podría estar estudiando la ampliación de la edad jubilatoria.
Estos condimentos estarán presentes en el debate que desarrollará el Congreso para tratar el proyecto del gobierno. Marcos Peña, jefe de Gabinete, aseguró ayer que «en las primeras conversaciones se observa que hay un espíritu de acompañamiento muy amplio» y que en el oficialismo están «dispuestos a dialogar».
Para la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT, Buenos Aires) la propuesta del gobierno «es una trampa porque lo presenta, una vez más, con un beneficio a todos aquellos que evadieron, con un blanqueo. Porque los trabajadores y los jubilados no pueden evadir porque la gran masa de impuestos que entra al Estado lo hace por el IVA y el impuesto a las ganancias. Esto es un beneficio para los que tienen fondos no declarados en Bahamas o Panamá.»
En tanto, el diputado Adrián Grana (Nuevo Encuentro, Buenos Aires) aseguró que «nadie puede estar en desacuerdo con saldar la deuda con los jubilados. Lo que me preocupa es de dónde sale el dinero para financiar este pago porque no respaldaré un desfinanciamiento del Estado». «
«LOS FONDOS A BLANQUEAR DEBEN SER LÍCITOS»
Por Felipe Yapur
Luciano Laspina preside la comisión de Presupuesto y Hacienda que, desde el jueves, llevará adelante la discusión, y la segura modificación, del proyecto de ley ómnibus que anunció el presidente Mauricio Macri con la modificación de los haberes jubilatorios y, sobre todo, el polémico blanqueo de capitales. Entusiasmado, se arriesga a calificar la iniciativa de «revolucionaria», aunque admite que el ingreso al Parlamento del texto normativo abrirá un intenso debate.
Antes del anuncio, dijo que este es un proyecto revolucionario, ¿por qué?
Es un anuncio que no recuerdo haber escuchado o visto en la historia argentina. Es una reivindicación histórica, no se licua con el tiempo.
¿Todos estos incrementos anunciados quedarán atados a la ley de movilidad jubilatoria?
Absolutamente. Porque ajusta hacia atrás lo que no se había hecho antes en base a los fallos de la Corte y, de ahí en más, se actualiza dos veces al año como plantea la ley. Incluso le va a ganar a la inflación; es un aumento real que van a recibir millones de jubilados.
¿Eso corre también para la pensión universal a la vejez de los que no hicieron todos los aportes?
(Piensa) Efectivamente, también estará contemplada por la ley de movilidad y está destinado a todos aquellos que cuentan con la edad jubilatoria pero no tienen los aportes necesarios. Ahora estará establecido por ley con el equivalente al 80% de la jubilación mínima
¿Por qué sólo el 80%?
Porque no hizo todos los aportes y el que sí lo hizo tiene derecho a una jubilación plena. Lo bueno es que queda por ley una pensión a la vejez.
Esto implica una gran erogación del Estado, ¿corre riesgo el financiamiento de la ANSES que ya perdió, por ejemplo, el 15% que aportaban las provincias?
Será un esfuerzo muy grande. Estamos dispuesto a tomar esta decisión porque debemos cumplir con la ley pero también consideramos que el sistema previsional de reparto tiene que continuar y tiene que ser, obviamente, evaluado a lo largo del tiempo para garantizar su sustentabilidad. Pero para eso se necesita, además, que se incorporen entre 3 y 4 millones de trabajadores. Algo que no está sucediendo.
Mire, nosotros vamos a trabajar en la formalización de ese 30 o 40% de trabajadores informales. Ese es el gran desafío. Nuestro compromiso está con esos trabajadores es imprescindible que se formalicen.
En el mientras tanto está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). ¿De ahí saldrá el dinero?
En principio, según nuestros cálculos, saldrá de los activos líquidos del FGS. Son unos 700 mil millones de pesos. Después será reforzado con los ingresos que produzca el blanqueo anunciado. Y si todo eso no alcanza se deberá poner del Tesoro.
¿Cuando dice utilidades del FGS incluye a las acciones de las empresas que controla el Estado luego de estatizar las AFJP?
Me refiero a la rentabilidad que dan los activos del FGS, incluyendo los dividendos de las empresas. No estamos pensando como condición sine qua non deshacernos de esas acciones. Esa es una discusión que deberá dar el Congreso. Esto está pensado sólo para la rentabilidad líquida y operativa del FGS.
Usted sabe que la oposición buscará modificar el proyecto, ¿hasta dónde están dispuestos a corregir el texto?
Estamos obligados y comprometidos para abrir la discusión. Estamos dispuestos a discutir y, espero, a mejorar.
¿El blanqueo planteado no implica beneficiar a los evasores, como dijo el PRO en su momento cuando lo realizó el gobierno anterior?
Como innovación se le genera un premio a los cumplidores. A los evasores se le da una oportunidad para que se vuelva a invertir, pero antes deberán pagar algo relativamente caro en comparación con los otros blanqueos. Pero además hay premio a los cumplidores.
Prat-Gay dijo que los funcionarios pueden adherirse al blanqueo. ¿No es poco ético?
Si es dinero declarado no es ilegal. Habrá que ver si en la letra del proyecto se les permite blanquear a los funcionarios que quieran hacerlo. Lo que dice Prat-Gay es que los fondos a blanquear deben tener origen lícito. Si hubiera un funcionario con 10 millones de dólares y con 10 mil pesos de sueldo, salvo que tenga una industria o un negocio y lo pueda demostrar, podrá blanquear, pero al otro día tendrá una investigación judicial por corrupción e incluso es posible que no pueda blanquear.
El presidente podrá repatriar los fondos en el extranjero…
El presidente no está alcanzado porque la plata que tiene está declarada. Después se discutirá si la trae o no al país.«
Críticas de economistas
Los economistas de la oposición creen que la iniciativa oficial de favorecer el blanqueo de capitales para cumplir con los juicios de las jubilaciones es, en realidad, un artilugio del gobierno para compensar la demora de las inversiones por las que vela desde su asunción en diciembre pasado.
Así lo plantearon a Tiempo, Agustín DAttellis, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y el ex titular del Banco Central, Aldo Pignanelli, quienes cuestionaron la «ética» y el carácter «injusto» del blanqueo y desacreditaron las razones que esgrimió el presidente, Mauricio Macri, el viernes, cuando anunció el proyecto de ley que esta semana ingresará al Congreso de la Nación.
DAttellis condenó el «lado ético inaceptable» de la medida y denunció que la articulación con el pago de las jubilaciones es un argumento «para justificar el blanqueo pero no es la intención real» del oficialismo: «de fondo hay una concepción ideológica del Estado y la voluntad oculta es la venta de las acciones privadas de la ANSES».
Pignanelli planteó a su turno que el blanqueo de capitales «siempre es injusto para el que cumple» e interpretó el proyecto oficial como una estrategia de un gobierno que «está débil» por la falta de inversiones: Confiaron mucho en una lluvia de fondos que no está sucediendo. Ellos mismos reconocen que fueron ingenuos como les pasó con los formadores de precios» al consumidor, sumó.
Los especialistas advirtieron que el Ejecutivo reculó con el objetivo numérico de la repatriación. DAttellis recordó que Macri planteó un horizonte de U$S 70 mil millones, «una locura que reconocieron porque hoy La Nación y Clarín salen hablando de 20 mil millones», comparó.
Según esa interpretación, en Balcarce 50 «bajaron las expectativas» pero el número sigue siendo «una barbaridad» porque en la Argentina hoy no están dadas las condiciones para que el blanqueo resulte atractivo.
Pignanelli consideró en sintonía que la expectativa oficial, aún cuando bajó a U$S 20 mil millones, «es un fracaso» y vaticinó que las filas del macrismo podrán considerarse «hechas» si logran la llegada de unos «U$S 10 mil millones».
«Antes que nada hay que recordar que los funcionarios del gobierno actual fueron muy críticos de los blanqueos kirchneristas», apuntó el economista cercano a Sergio Massa. Pignanelli insistió con el pesimismo de los proyectos de repatriación si bien reconoció que «es una obviedad que el capitalista está más cómodo con Mauricio Macri que con Cristina Kirchner».
El ex BCRA sumó un argumento de orden internacional cuando recordó que a partir de 2017 Argentina deberá participar fluidamente del intercambio de información financiera en el marco de un acuerdo suscripto con la Organización Mundial de Comercio. Ese acuerdo propició que Chile haya hecho un blanqueo de capitales y, según Pignanelli, es la única variable que podrá ayudar a la administración nacional a reunir los 10 mil millones de billetes verdes.
RUIDOS ENTRE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO
Por Nicolás Eisler
«Blanqueo y jubilaciones son dos cosas que van juntas, pero son distintas. A los jubilados hay que pagarles lo que les corresponde y por otro lado necesitamos sincerar el sistema fiscal argentino», explicaron a Tiempo desde la Coalición Cívica. El blanqueo de capitales es un tema espinoso para las huestes de Elisa Carrió que cuestionó públicamente el blanqueo de capitales y la posible inclusión de funcionarios públicos en ese beneficio. No obstante, el espacio que lidera la dirigente chaqueña acompañará el proyecto que el macrismo envíe al Congreso. El combo que llegará al Parlamento le facilitará las cosas a los «Lilitos», ya que incluye dos normas que tienen amplio consenso, como el pago a los jubilados y aumentos en la Asignación Universal por Hijo.
Además, según analizan, hay atenuantes para apoyar el blanqueo. «Hay una circunstancia especial: el 1 de enero de 2017 empezará a regir el sistema de intercambio automático de información financiera en 48 países. Frente a esa novedad, los países tienen que adaptarse a esas medidas porque si no dejarían a muchos ciudadanos en una situación complicada», comentaron desde la CC.
Desde el gobierno defendieron la medida, incluso la participación de los funcionarios, que podrán traer al país el dinero que tuvieran en el exterior. «Los funcionarios pueden participar, los ex funcionarios también. Hasta cinco años después de pasar por la función pública, tienen que presentar sus declaraciones juradas públicas», comentaron en el PRO. «El funcionario que decida blanquear guita negra, para que ese blanqueo sea exitoso, tiene que presentarlo en su declaración jurada», agregaron.
-¿Van a tener que explicar algo sobre el dinero que traigan a la Argentina?, preguntó este diario.
-No tendrán que explicar nada, como cualquier otra persona. Pero seguramente van a tener un reclamo social que los otros no van a tener, aclararon.
Desde la CC analizaron que el blanqueo deberá llegar acompañado de otras modificaciones impositivas, como reajustes de Bienes Personales, algo que forma parte del paquete que Mauricio Macri mandó al parlamento.
Carrió había puesto límites al aval que está dispuesta a darle a la iniciativa oficial, al menos en el plano del debate público. La legisladora dijo que sólo estaría de acuerdo con el mecanismo en caso de que «tenga penalidades, un destino específico y que no comprenda a funcionarios públicos y a determinados empresarios que han compartido negocios con el gobierno ni a los testaferros».
En el kirchnerismo prefirieron recordar las críticas que llovieron desde los partidos que hoy integran el oficialismo. «Eso supone que los 18 millones de pesos que tiene en Bahamas los va a traer», disparó con ironía Héctor Recalde, jefe del bloque del FPV en Diputados. «Me parece trascendente y medio contradictorio que el Presidente diga que es bueno que traigan los dineros que se llevaron afuera porque eso ayuda al país», agregó. «
