El 2019 arrancó con datos económicos que dan cuenta del severo proceso recesivo que atraviesa la economía. Un ajuste que no da tregua y marca una continuidad con el desbarranque de 2018. Lo de fondo es el modelo que implementa el gobierno y que resulta vital modificar en este año que se inicia. 

Nada muy distinto a 2018, que nos despidió con una batería de anuncios de aumentos de los servicios públicos: el gas 35% en abril; electricidad en AMBA un 55% (entre febrero y agosto); colectivos y trenes 40% hasta marzo, mientras que el subte subirá un 45% hasta abril llegando a los 21pesos. En la semana, se anunció un aumento de peajes de hasta un 89% en Acceso Oeste y Panamericana, en medio del tránsito vacacional. Una vez más se autorizó para febrero un nuevo incremento de la medicina prepaga del 5%, acumulando 42% en un año. El macrismo despidió 2018 a puro aumento que pagará la mayoría de los ciudadanos.

En este contexto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) ya proyecta una inflación del 28,7% para este año, 1,2 puntos porcentuales por arriba de lo que el propio REM estimaba un mes atrás y también muy por encima de los valores que aparecen en los informes del FMI (20,2 por ciento).

Todo parece indicar que los trabajadores, las trabajadoras y quienes perciben ingresos por su jubilación seguirán viendo cómo se esfuma el poder adquisitivo de sus ingresos. Una inflación incontrolable para el gobierno y que demuestra que su verdadera raíz no es monetaria.

La reducción de los ingresos reales viene por una triple vía. Por un lado, la caída salarial, facilitada por la agudización del desempleo. Por otro, el ajuste de tarifas y precios mencionado. Y, en tercer lugar, por el incremento de los impuestos que recaen sobre las capas bajas y medias de la población. Por caso, en la semana se anunció que subirán las escalas del monotributo, aunque lo harán 17 puntos por debajo de la inflación, lo que implica que muchas personas deberán inscribirse en IVA e impuesto a las ganancias. Esta situación también afecta a quienes trabajan en relación de dependencia, que deberán pagar más impuesto a la cuarta categoría. Imposible no recordar aquel apotegma de Macri: «en mi gobierno ningún trabajador pagará Impuesto a las Ganancias».

La pérdida del poder adquisitivo del trabajo es impactante. En base a la información del Indec, en octubre de 2018 se verificó una caída del salario real del 13,5% interanual. En el desagregado, los más castigados son los trabajadores privados no registrados (-16,5%), luego los estatales (-13,2%) y, por último, los registrados (-12,4 por ciento).

«2019-Año de la Exportación»

El primer decreto del año declara a 2019 como el «Año de la Exportación» (Art. 1º). La frase tiene reminiscencias con la idea lanzada pomposamente a principios de la gestión de llegar a ser «supermercado del mundo». En los fundamentos del decreto se afirma: «la exportación de nuestros productos y servicios es la vía para la construcción de una economía próspera, dinámica e integrada al mundo, que genere empleos de calidad y sustentables para todos los argentinos (…) y que la elaboración de propuestas y medidas que promuevan el desarrollo económico constituye una de las premisas del Estado Nacional». Se trata de un enunciado exitista que no tiene ningún vínculo con la realidad, ya que por el momento la apuesta es a la cosecha agrícola y no mucho más, lo cual está muy lejos de una inserción internacional basada en empleo de calidad ni en el valor agregado.

El arrastre exportador ya de por sí es negativo. En la encuesta de las 500 mayores empresas del país (no incluye al agro y las finanzas) elaborada por el Indec, se observa que la cantidad de grandes firmas exportadoras cayó entre fines de 2015 y 2017 un 7,4 por ciento. La fotografía se oscurece si se considera a las pymes.

La estrategia del modelo macrista tiene otra premisa central: bajar los salarios para potenciar la tasa de ganancia empresaria. En dólares son un 50% más bajos que a fines de 2015, según indicó Marina Dal Poggetto. Un camino doloroso para los trabajadores de todos los rangos, pero afín a los intereses del establishment. En este tipo de objetivos el gobierno es consecuente y eficaz. Todo por la denominada «competitividad», difícil de asimilar a un contexto en el que los países centrales protegen cada vez más sus economías y sus producciones locales. Ante ello surge un interrogante obligado, ¿por qué mantener abierta la puerta de las importaciones que sólo implica importar el ajuste de los países centrales? Compramos trabajo extranjero y desocupamos a nuestros trabajadores.

 «El año de las exportaciones» no se puede alcanzar por un discurso cargado de optimismo ficticio. En primer lugar, no se debe descansar exclusivamente en la producción primaria. Este sector no genera la cantidad de puestos de trabajo acorde al crecimiento de la población activa y además está expuesto a las inclemencias climáticas y a la volatilidad de los precios internacionales. Se requiere de política industrial de largo plazo y de un plan de desarrollo concreto, aunque esto entra en contradicción con la lógica del Estado mínimo y de superávit primario que persiguen el gobierno y el FMI. Todo indica que estamos frente a una promesa «recalentada» de posverdad.

Perdedores (y ganadores)

Los datos del panel de las 500 empresas más grandes exhiben indicadores en franca desmejoría. En rigor, llega hasta 2017, antes del desembarco del FMI, por lo que en 2018 y en adelante las tendencias apuntarán a agravarse. Entre fines de 2015 y de 2017 la cantidad de firmas industriales que componen el grupo pasó del 56,2% al 53,8 por ciento. En cambio, las beneficiarias fueron las firmas de servicios de electricidad, gas y agua (del 6,4% al 8,4%), en asociación directa con los cambios regulatorios y tarifarios. Una muestra palpable de que, a pesar del contexto recesivo, algunos ganan mientras muchos pierden. En economía nada se pierde, todo se transfiere.

Los últimos datos de la industria ya contemplan los efectos de la devaluación y de las políticas de ajuste que se profundizaron tras el desembarco del Fondo. El sector de las manufacturas cayó en noviembre por séptimo mes consecutivo. Esta vez fue un 13,3% respecto de un año atrás, la peor caída en mucho tiempo. La baja es generalizada, al afectar a 10 de los 12 sectores considerados. Para diciembre se esperan números no muy distintos, atendiendo la continuidad de la caída de la demanda interna y las altas tasas de interés. En el sector de la construcción el retroceso fue peor, con una baja interanual del 15,9% en noviembre. Se trata de dos de los sectores que más cantidad de empleo generan, lo que augura un derrape cada vez más crítico desde el punto de vista social.

Los datos de las finanzas públicas también aportan información relevante sobre ganadores y perdedores. El 13,5% de la recaudación se destina a pagar los intereses de la deuda. Ese porcentaje en 2011 era de la mitad. Esto indica que no todo el gasto público se reduce: lo que hay es un cambio copernicano de prioridades. Entre los principales favorecidos están los acreedores financieros, blindados tras el sofisma de déficit cero, que deja fuera las rentas de la deuda con los prestamistas internacionales y locales, justamente porque afrontar ese «compromiso» es lo único sagrado para el macrismo.  «