La CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) firmaron un acta que autoriza a las empresas a reducir hasta un 25% de los salarios para los trabajadores que, por la cuarentena, pudieran estar siendo suspendidos por las patronales.

El gobierno, además, asistirá a las patronales afrontando el pago del 50% del salario de sus empleados. La firma del acuerdo fue presentado por la cúpula de la CGT como una política tendiente a poner un límite a los abusos de las empresas. El aval cegetista, sin embargo, no emanó de una reunión de Consejo Directivo sino que resultó de la iniciativa de su cúpula dirigente.

El nuevo acuerdo representa un retroceso más en lo que se refiere a la letra del DNU 297/20 publicado el 20 de marzo último que, al mismo tiempo que establecía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, aseguraba taxativamente en su artículo 8 que “los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”.

El acuerdo es resultado de una oleada de rebajas salariales unilaterales de hasta un 50 y 60% impuestas por patronales en violación del DNU 329/20. Esta norma prohíbe los despidos por un período de 60 días, sin embargo y a contramano de la anterior, permite las suspensiones con rebajas salariales aunque con la condición el acuerdo individual o colectivo (gremial) de la parte asalariada con la homologación de la cartera laboral.

De hecho, el acuerdo que había sellado la UOM con las cámaras empresarias terminó naufragando por la resistencia que presentaron los delegados de base ante la dirigencia gremial. El nuevo acuerdo, ahora, ofrece una cobertura general a las patronales para, con el visto bueno oficial, reducir un cuarto de los salarios.

Por eso, la mayoría del arco sindical, con matices, rechazó el acuerdo sellado por el binomio que conduce la CGT.

Desde las dos CTA, la Autónoma, que conduce Ricardo Peidró, y la de los Trabajadores, de Hugo Yasky, pasando por dirigentes de la Corriente Federal de Trabajadores kirchnerista y hasta el Plenario del Sindicalismo Combativo, criticaron el carácter inconsulto del acuerdo así como los beneficiarios del mismo.

Una actitud más condescendiente transmitió a Tiempo uno de los principales dirigentes del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FreSiMoNa), donde también se encuentra enrolado Ricardo Pignanelli, del SMATA, que ya ha avanzado en acuerdos de esa naturaleza en el gremio automotriz.

“Rechazamos ese acuerdo de la CGT y la UIA. Si al deterioro de los salarios y al aumento de los precios que generan ciertas corporaciones, en contra de lo que está planteando el gobierno, le sumamos este acuerdo significa que estamos cargando la crisis sobre la espalda de los trabajadores”, señaló Ricardo Peidró, de la CTA-A.

Hugo Yasky de la CTA-T, de mayor afinidad con el gobierno, se pronuncio de manera similar. “No estamos de acuerdo con una reducción salarial que homogeiniza situaciones que son dispares. Mucho menos con una relación asimétrica donde los empresarios reciben el beneficio de los subsidios de los salarios que garantiza el gobierno sin poner en discusión el aumento de los precios que no tiene ningún justificativo porque están congeladas las tarifas y los combustibles, el salario está a la baja y la demanda cae. Estos son los temas que deberían discutirse en una agenda completa y no fragmentada que es lo que les interesa a los empresarios”, sostuvo.

Para el dirigente, que también es diputado nacional por el oficialismo, de todas maneras, “si se presenta un acuerdo de partes entre un sector de la CGT y un sector del empresariado, al gobierno no le queda otra que aceptarlo, pero es un mal precedente. No teníamos por qué ir a una discusión de ese tipo y menos como una definición que involucra al conjunto de los trabajadores”.

Desde la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), el gráfico Héctor Amichetti denunció que “es un acuerdo superestructural entre la cúpula de la CGT y la UIA que representa al sector más poderoso del empresariado. Puede tener la impresión de poner un piso a otros sectores económicos como las pymes pero, en definitiva, beneficia a esas grandes empresas”.

Para Amichetti, “más que en ver cómo se paga el salario hay que poner el eje en cómo se sacan más recursos de los sectores financieros y el comercio exterior para sostener durante dos o tres meses las fuentes de trabajo”.

El canillita Omar Plaini, del FreSiMoNa, más moderado, señaló que “es muy difícil juzgar la negociación cuando la hace el otro”. “Creo que le están tratando de poner un freno a un avance más profundo que intenta un sector del empresariado”, manifestó. El dirigente gremial, muy cercano a Hugo Moyano, señaló que “es un acuerdo que cerró el sector industrial. Han conversado esto como una salida frente a la posibilidad de despidos masivos que es lo que amenaza el empresariado. La valoración depende de cada sector y es ahí donde el dirigente tiene que tomar la decisión”.

Para Plaini, “el secretariado seguramente habrá consultado a varias organizaciones y buscó no caer en una situación de debilidad individual cuando el mundo empresario reacciona de la manera que lo hace”.

En tanto, Alejandro Crespo, del Sindicato del Neumático y del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), opinó que “la situación y la ecuación económica de las empresas no se modifican en lo más mínimo con bajar los salarios. Solo afecta a los trabajadores y sus condiciones de vida ante la pandemia”.  Para Crespo, “la CGT, como organización obrera, en lugar de dividir a los trabajadores con este tipo de acuerdo, debería poner en pie al movimiento obrero para hacer frente a esta emergencia partiendo de las necesidades de los trabajadores y sus familias y el conjunto de la población”.

Estatales en la mira

El acuerdo, con el aval del gobierno y la firma de Andrés Rodríguez, adjunto de la CGT y titular de UPCN, podría ser la antesala de una reducción de salario de estatales y docentes.

Ante esa posibilidad, Peidró, de la CTA-A, señaló que “hubo declaraciones que vinieron de UPCN que no sorprenden pero que nos preocupan. Señalaron que no les parecía inconveniente que se rebaje el salario. Son tanteos, esperemos que no se traslade al sector público pero, igual, lo rechazamos en toda sus dimensión”. En la CTA-A tiene peso la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Plaini descartó esa posibilidad pero destacó que “no es lo mismo la situación del empleado público, que mantiene su ingreso y tiene estabilidad, y la del sector privado”.

El docente Hugo Yasky, sin embargo, desechó esa posibilidad: “No está en agenda en este momento la reducción del salario de estatales. Pero convengamos que un acuerdo general tal como se lo presenta sienta un antecedente para el conjunto de los trabajadores”.