Cerámica Neuquén cerró sus puertas en 2014 dejando en la calle y sin indemnización a más de cien trabajadores y sus familias.
Tal como lo habían hecho en la región otros trabajadores del mismo sector, los obreros decidieron poner a funcionar la empresa bajo su propia gestión. Con el apoyo y la orientación del Sindicato Ceramista, que también agrupa los trabajadores de la ex Zanon, hoy Fasinpat (“fábrica sin patrón”) y Stefani, pusieron a funcionar la fábrica que hoy funciona con alrededor de 80 trabajadores.
Pero la cooperativa, que viene produciendo desde entonces, se topó en 2018 con un fallo negativo que dictó el pedido de remate de los bienes para responder a distintos acreedores, entre ellos, algunos trabajadores que se retiraron de la gestión obrera y reclaman su indemnización en la justicia.
También podes leer:Amenazan con rematar dos fábricas recuperadas y reactivadas por sus trabajadores
El fallo, emanado del juzgado a cargo de Sergio Cosentino, dio lugar a la subasta de los bienes. Para esa tarea designó un martillero público a quien los trabajadores impidieron ingresar puesto que se encontraba en marcha una mesa de negociación de la que participaban, acreedores, empresa, juzgado y socios de la cooperativa.
Ahora, en medio de la pandemia, el juez redobló la apuesta y dispuso la utilización de la “fuerza pública para la realización de la constatación del inmueble a subastar tal como fuera ordenado y el allanamiento del domicilio en caso de resistencia, a efectuarse por el martillero Juan Nicolás Perata”.
En declaraciones al portal Noticias Neuquén el abogado que representa al Sindicato Ceramista, Mariano Pedrero, señaló que “el juez Cosentino autoriza por primera vez al martillero a ingresar a la fábrica con la policía y en caso en que no se le permita el ingreso se produzca allanamiento y eventualmente desalojo de la fábrica”.
Para el letrado se trata del “paso previo que necesitan para avanzar en el remate de la planta”. Al mismo tiempo cuestionó que, mediante “el uso de la la policía y la fiscalía”, un conflicto cuyo origen es laboral “por el vaciamiento y cierre de la planta por parte del grupo empresarial” culmine siendo “abordado como un conflicto penal”.
Ante la nueva situación los obreros se declararon en estado de alerta y movilización y reforzaron las guardias en resguardo de la fábrica y realizaron una conferencia de prensa en la que ratificaron que no permitirán el ingreso del martillero y anunciaron que participarán el jueves de una caravana junto con los gremios docentes en defensa de la gestión obrera que incluirá una permanencia en las puertas del juzgado a cargo de Cosentino.
En diálogo con Tiempo Argentino, Bernardo Retamales, secretario de la cooperativa, explicó que “ya van dos años que estamos enfrentando un remate dictado por el juzgado laboral del Juez Cosentino, hicimos una presentación para un proyecto de expropiación. En base a eso y a movilizarnos, logramos que el juez convocara una mesa de diálogo junto a la patronal y la parte concursal”. Sin embargo, explicó, “hubieron dos reuniones y quedamos a la espera de una tercera reunión porque la empresa dijo que traería una propuesta que incluía hacer uso de lotes ociosos para pagar los juicios y los concursos. Pero nunca la plasmaron”.
Ante la nueva resolución, el dirigente denunció que “el mismo juez que armó la mesa de diálogo ahora la rompió” y, pronosticó, “el allanamiento va a llevar a una represión y a un intento de desalojo porque no vamos a dejar entrar al martillero”. Retamales explicó que “queremos primero frenar el remate y después ir por la nulidad del juicio. En asamblea definimos que, si no se conforma la mesa de negociación, iremos de nuevo a una campaña en favor de la expropiación”. Es que, opinó, “las fabricas recuperadas demuestran que son una salida porque podemos garantizar la continuidad de la fábrica y los puestos de trabajo y, si lográramos la expropiación, hasta podríamos incorporar más trabajadores”.
El secretario adjunto del sindicato Ceramista y diputado provincial del FIT, Andrés Blanco, señaló que “desde las bancas del Frente de Izquierda vamos a insistir a los diputados y diputadas que en primer lugar se pronuncien contra el remate de la fábrica y pongan el debate el proyecto de ley de Expropiación de Cerámica Neuquén Bajo Control y Administración de los Trabajadores que presentamos en la Legislatura con el apoyo de diferentes bloques de la oposición. El objetivo es mantener la fuente laboral bajo la gestión obrera y posibilitar la continuidad de la producción”.
Tal como lo habían hecho en la región otros trabajadores del mismo sector, los obreros decidieron poner a funcionar la empresa bajo su propia gestión. Con el apoyo y la orientación del Sindicato Ceramista, que también agrupa los trabajadores de la ex Zanon, hoy Fasinpat (“fábrica sin patrón”) y Stefani, pusieron a funcionar la fábrica que hoy funciona con alrededor de 80 trabajadores.
Pero la cooperativa, que viene produciendo desde entonces, se topó en 2018 con un fallo negativo que dictó el pedido de remate de los bienes para responder a distintos acreedores, entre ellos, algunos trabajadores que se retiraron de la gestión obrera y reclaman su indemnización en la justicia.
También podes leer:Amenazan con rematar dos fábricas recuperadas y reactivadas por sus trabajadores
El fallo, emanado del juzgado a cargo de Sergio Cosentino, dio lugar a la subasta de los bienes. Para esa tarea designó un martillero público a quien los trabajadores impidieron ingresar puesto que se encontraba en marcha una mesa de negociación de la que participaban, acreedores, empresa, juzgado y socios de la cooperativa.
Ahora, en medio de la pandemia, el juez redobló la apuesta y dispuso la utilización de la “fuerza pública para la realización de la constatación del inmueble a subastar tal como fuera ordenado y el allanamiento del domicilio en caso de resistencia, a efectuarse por el martillero Juan Nicolás Perata”.
En declaraciones al portal Noticias Neuquén el abogado que representa al Sindicato Ceramista, Mariano Pedrero, señaló que “el juez Cosentino autoriza por primera vez al martillero a ingresar a la fábrica con la policía y en caso en que no se le permita el ingreso se produzca allanamiento y eventualmente desalojo de la fábrica”.
Para el letrado se trata del “paso previo que necesitan para avanzar en el remate de la planta”. Al mismo tiempo cuestionó que, mediante “el uso de la la policía y la fiscalía”, un conflicto cuyo origen es laboral “por el vaciamiento y cierre de la planta por parte del grupo empresarial” culmine siendo “abordado como un conflicto penal”.
Ante la nueva situación los obreros se declararon en estado de alerta y movilización y reforzaron las guardias en resguardo de la fábrica y realizaron una conferencia de prensa en la que ratificaron que no permitirán el ingreso del martillero y anunciaron que participarán el jueves de una caravana junto con los gremios docentes en defensa de la gestión obrera que incluirá una permanencia en las puertas del juzgado a cargo de Cosentino.
En diálogo con Tiempo Argentino, Bernardo Retamales, secretario de la cooperativa, explicó que “ya van dos años que estamos enfrentando un remate dictado por el juzgado laboral del Juez Cosentino, hicimos una presentación para un proyecto de expropiación. En base a eso y a movilizarnos, logramos que el juez convocara una mesa de diálogo junto a la patronal y la parte concursal”. Sin embargo, explicó, “hubieron dos reuniones y quedamos a la espera de una tercera reunión porque la empresa dijo que traería una propuesta que incluía hacer uso de lotes ociosos para pagar los juicios y los concursos. Pero nunca la plasmaron”.
Ante la nueva resolución, el dirigente denunció que “el mismo juez que armó la mesa de diálogo ahora la rompió” y, pronosticó, “el allanamiento va a llevar a una represión y a un intento de desalojo porque no vamos a dejar entrar al martillero”. Retamales explicó que “queremos primero frenar el remate y después ir por la nulidad del juicio. En asamblea definimos que, si no se conforma la mesa de negociación, iremos de nuevo a una campaña en favor de la expropiación”. Es que, opinó, “las fabricas recuperadas demuestran que son una salida porque podemos garantizar la continuidad de la fábrica y los puestos de trabajo y, si lográramos la expropiación, hasta podríamos incorporar más trabajadores”.
El secretario adjunto del sindicato Ceramista y diputado provincial del FIT, Andrés Blanco, señaló que “desde las bancas del Frente de Izquierda vamos a insistir a los diputados y diputadas que en primer lugar se pronuncien contra el remate de la fábrica y pongan el debate el proyecto de ley de Expropiación de Cerámica Neuquén Bajo Control y Administración de los Trabajadores que presentamos en la Legislatura con el apoyo de diferentes bloques de la oposición. El objetivo es mantener la fuente laboral bajo la gestión obrera y posibilitar la continuidad de la producción”.
