La Ley de Alquileres establece como excepción al plazo mínimo de tres años la posibilidad de hacer un contrato por una «habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descanso o similares». Si el plazo supera los tres meses, «se presume que no fue hecho con esos fines».

El Programa de Atención de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires elaboró un informe que advierte: «A pesar de ser nulo el ingreso de turistas a la Ciudad durante casi ocho meses, la oferta de alquileres turísticos supera ampliamente a la de alquiler para vivienda, convirtiendo al mercado inmobiliario local en un espiral de aumentos constantes».

Al 16 de diciembre, se ofertaron 19 mil inmuebles «para turismo» y apenas 15 mil para vivienda. «Es la primera vez en la historia que se da este fenómeno», alertaron desde la Defensoría.

Más de medio salario para alquiler

La habitual encuesta que realiza la Federación de Inquilinos Nacional apuntó que en diciembre se destinaba al pago del alquiler el 56,1% de los ingresos totales del hogar. Son 5 puntos porcentuales más que en noviembre.

El 58% de los inquilinos encuestados manifestó que sufrió aumentos en el período de la pandemia, lo cual está prohibido por el decreto 320/20. Desde la Federación, advierten que esto es producto de la falta de control del cumplimiento de la Ley de Alquileres y del decreto 320. El 94,5% de los encuestados cree que no hay control estatal.

A este marco se agrega el golpe de mercado en los precios de los alquileres. Por ello es que el 39,9% de los hogares de inquilinos está endeudado. Esto se traduce en 1,4 millones de hogares en estas condiciones.

Finalmente, los resultados reflejan una inestabilidad muy alta: el 39,6% no sabe dónde irá a vivir en los próximos meses y el 19,7% tendrá que mudarse, mientras que el 11,4% respondió que está en riesgo de desalojo inminente.

Gervasio Muñoz manifestó: «La situación se agrava mes a mes a raíz de dos causas: un mercado inmobiliario que le ha declarado la guerra a los inquilinos, fijando aumentos profundamente abusivos, y la situación económica que lleva al endeudamiento de los inquilinos».