La fijación de las tarifas de servicios públicos se convirtió en un problema para el gobierno, que se ve envuelto en el dilema de postergar su corrección o seguir fogoneando la inflación. Así se desprende del índice de precios al consumidor que el Indec publicó en la última semana, que arrojó una variación de 3,5% en septiembre.
La cifra es la más baja de los últimos 22 meses: hay que remontarse a noviembre de 2022 para encontrar un valor inferior. Sin embargo, podría haber sido mucho menor si no hubiese sido por los incrementos en los servicios regulados, que aportaron 0,99 puntos porcentuales a ese índice.
En la categoría Regulados ingresan los “bienes y servicios cuyos precios están sujetos a regulación o tienen alto componente impositivo”, según detalla el Indec. Allí entran desde el gas y la electricidad hasta los servicios de salud y educación privada, pasando por el transporte, el correo, la telefonía y hasta los cigarrillos, en el que los impuestos tienen un rol decisivo en su precio final.
En septiembre, los Regulados “estuvieron impulsados por los aumentos en tarifas de servicios públicos, prepagas, telefonía y educación. De hecho, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostró una suba mensual del 7,3% a nivel nacional, siendo la división de mayor aumento. Sólo este capítulo explicó 0,7 puntos porcentuales del nivel general”, resumió un informe de la consultora Ecolatina.
En lo que va del año, los bienes comprendidos en esa categoría subieron 178,3%, según informó el Indec. En particular, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (donde se encuentran los servicios cuyas tarifas las maneja el gobierno) aumentó 200,4% y Educación (básicamente las cuotas de los colegios privados), 142,4%. Todos ellos superaron con holgura el 101,6% en que varió el nivel general hasta septiembre.
Cambio de tendencia
Las cifras marcan un cambio de tendencia en cuanto a los motores de la inflación. En 2023, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas superó al promedio de la inflación en ocho de los 12 meses, impulsándola hacia arriba; este año sólo lo hizo una vez, en mayo. En modo inverso, la variación de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles superó al nivel general en siete de los últimos nueve meses, mientras que la Educación lo superó en seis y la categoría Regulados en ocho.
Así como en 2023 el encarecimiento relativo de los alimentos pegó en las franjas más bajas de la población, que dedica a ellos la mayor parte de sus ingresos, esta nueva tendencia tiene un impacto nítido en los sectores de la clase media, a los que cada vez se les hace más difícil enviar a sus hijos a escuelas privadas, afrontar la quita de subsidios en las tarifas y alquilar una vivienda.
No por nada esa franja de la sociedad se ha achicado notoriamente: según datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos de CABA, apenas el 38,5% de los porteños reúne los ingresos suficientes ($ 1.548.000 mensuales para una familia tipo, a valores de septiembre) para ser considerado de clase media, frente al 53% del primer semestre de 2015.
En esos sectores pegó fuerte la desregulación de los alquileres: un gráfico que la ONG Inquilinos Agrupados subió a sus redes sociales muestra que en los últimos cinco meses, cuando comenzaron a vencer los contratos pactados con la ley que los regulaba, los precios de los alquileres subieron en promedio 88,5% contra 28,7% de la inflación.
De la misma manera, el peso de las tarifas de servicios públicos se incrementó notoriamente. Según el Observatorio de Subsidios y Tarifas de la UBA, desde diciembre de 2023 los usuarios incluidos dentro de los segmentos N3 (ingresos medios) y N1 (altos) debieron absorber la eliminación de subsidios por equivalente al 20% y al 38% de la tarifa de gas, respectivamente. En estos últimos, además, la quita de beneficios puso las tarifas de electricidad en el mismo nivel que a comienzos de 2019, en plena época macrista.
¿Será que en Alimentos y bebidas ya no hay mucho para ajustar? Los informes de las consultoras especializadas señalan que el consumo masivo bajó alrededor de 17 puntos. El Isepci, que analiza mensualmente el costo de una canasta básica de 57 productos en el conurbano bonaerense, detectó en septiembre una inédita deflación de 3,23%. Para ese instituto, la baja de precios se explica porque “las familias, sobre todo las que viven en los barrios populares, debieron reducir el consumo de alimentos de productos, mucho de los cuales son esenciales para una buena alimentación”. «
Las consultoras dudan del pronóstico para 2025
En el proyecto de Presupuesto elevado al Congreso, el gobierno estimó que la inflación de 2025 rondará el 18 por ciento anual, equivalente a 1,4% por mes. Para ello confía que, además del cese de la emisión monetaria, también actúe como ancla la pauta de ajuste del tipo de cambio.
Pero los mercados no son tan optimistas. En el último Relevamiento de Expectativas, la encuesta que realiza mensualmente el Banco Central entre consultoras, centros de estudio y entidades financieras, la estimación fue de 35 por ciento. En el caso del top-10 (los encuestados cuyas previsiones estuvieron más cerca de la realidad en los meses previos), la cifra fue todavía superior: 41% anual.
Además, la mediana de los pronósticos se ubicó en el 123,6% para el presente año, lo que supone que en los tres meses que quedan hasta diciembre las subas seguirán rondando el 3,5%, al igual que el guarismo de septiembre. Así, el deseo expresado por el ministro Luis Caputo de llegar a la inflación cero antes de fin de año parece de difícil concreción. «
