“La casa no puede ser un lugar de violencia machista ni de especulación inmobiliaria” es el concepto que engloba a la alianza entre el colectivo Ni Una Menos y la ONG Inquilinos Agrupados. En el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, estas organizaciones advierten que reciben denuncias por parte de las y los inquilinos por amenazas y aprietes, ante la falta de pago del alquiler, pese al decreto presidencial que prohíbe los desalojos. En ese sentido, las mujeres solas o con hijos, las lesbianas, travestis y trans constituyen los sectores de mayor fragilidad ante el incumplimiento del decreto.

Gervasio Muñóz, titular de Inquilinos Agrupados, contó a Tiempo la situación general: “Nos alertó la cantidad de denuncias por desalojos violentos. Es muy difícil llevar adelante el cumplimiento del decreto, por varios motivos. Primero, porque el Gobierno no estableció mecanismos de articulación con la Justicia, con las Provincias y con las Defensorías del Pueblo, con el fin de controlar el cumplimiento del decreto. Segundo, porque las inmobiliarias hacen el trabajo sucio, que es apretar y desinformar a los inquilinos. Tercero, porque a muchos propietarios no les interesa acatar el decreto. Así, el inquilino queda solo contra el mercado”.

Lucía Cavallero, integrante de Ni una menos, puntualizó: “Es conocido que las inmobiliarias y los propietarios son mucho más abusivos cuando se trata de mujeres solas o con hijos. Hay muchos propietarios que se niegan a alquilar solo a mujeres o con hijos. En este marco de crisis, además se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad para ejercer violencia y violar el decreto presidencial”.

En Ni una menos, “lo conceptualizamos como violencia propietaria, que es una parte más dentro del repertorio de la violencia económica, enmarcada a su vez en la violencia machista”.

Lucía advirtió también sobre la situación de “las compañeras trans y travestis, que en muchos casos ejercen prostitución y están en una situación de vulnerabilidad muy grande”. Estos sectores suelen alquilar en el mercado informal “y es ahí donde se ven las mayores situaciones de violencia”.

Además, “hay muchas compañeras de la economía popular que no están teniendo ingresos por la cuarentena” y se trata de “sectores que ya tienen tasas más altas de trabajo informal y precario”.

Las propuestas de la alianza

Cavallero indicó: “Lo que proponemos es que debe haber políticas activas de desendeudamientos. Celebramos el decreto, pero tiene que haber mecanismos concretos para asegurar que los desalojos no sucedan y debería haber además un abordaje específico para el mercado informal porque es ahí donde las situaciones son más violentas”.

Muñóz, por su parte, marcó que “el endeudamiento del sector es enorme”, ya que quienes no pueden pagar y no son desalojados, “están juntando deuda para octubre”. Con todo, “planteamos que el Estado pague esas deudas porque si no, en octubre habrá una catarata de juicios para quedarse con las garantías, los recibos de sueldo, etc. Las financieras están jugando un rol terrible en ese sentido, comprando las deudas para después ir contra las garantías. La situación es crítica”.

“El ministerio de Hábitat no da respuestas. Escuchan, pero no resuelven. Pedimos el desendeudamiento, la extensión del decreto por 24 meses y que se vote la Ley de Alquileres de manera urgente. Con esa ley, no estaríamos en una situación tan grave”, afirmó Gervasio.

“El slogan ‘Quedate en casa’ -subrayó Lucía- deja invisibilizado que muchas veces es el hogar el lugar donde se desarrolla la violencia machista. Se han disparado las denuncias de violencia de género en el hogar, a partir de la cuarentena. Por eso, planteamos que el hogar no puede ser un lugar de violencia machista ni de especulación inmobiliaria”.

“La alianza se enmarca en el objetivo de nuestro colectivo de tratar de dar cuenta de las maneras en que la violencia machista está muy relacionada con la violencia económica”, finalizó Cavallero.