Ayer por la tarde, cuando aún faltaban unos 170 expositores para completar la lista de 373 anotados en la audiencia pública por la tarifa del gas, los funcionarios del gobierno nacional ya respiraban aliviados. El balance oficial incluía el desarrollo del «Mini Davos», el anuncio de la tasa inflacionaria más baja de los últimos diez años y la audiencia pública, que seis meses atrás la misma Casa Rosada resistía. «Es un experimento voluntarista que sólo está en la mente del progresismo. Nunca hubo una audiencia en la historia de este país que haya aguantado algún debate constante por más de cinco minutos. Es un invento sin ninguna practicidad», opinó un vocero del jefe de Gabinete, Marcos Peña. El ministro coordinador tuvo a su cargo la organización junto con Gustavo Lopetegui, su secretario de Coordinación de Políticas Públicas; al ministro de Energía, Juan José Aranguren; y a funcionarios del Enargas. La conducción en vivo fue de Javier Corcuera, ex titular de la Agencia de Control Ambiental porteña bajo el segundo mandato como alcalde de Mauricio Macri. Corcuera mantiene una estrecha relación con Peña desde la época en que el joven liberal cumplía funciones como secretario de Gobierno y seguía con atención todas las audiencias públicas capitalinas. 

Desde que la Corte ordenó realizar la audiencia, el Gabinete se desdobló para afrontar el «plan de reducción de daños». Aranguren fue rodeado por una mesa chica de contención, integrada por varios de sus más fervientes críticos, como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. 

El «equipo anticrisis» también se integró con Peña, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso De Prat-Gay. La última fase de preservación sucedió el martes mismo cuando, en el inicio del Mini Davos, el ministro dijo que había vendido las 60 mil acciones que tenía en Shell, la multinacional holandesa que lo empleó como CEO de su filial argentina hasta que Macri lo convocó para conducir el ministerio. 

El martes el Gabinete celebró «la tasa de inflación más baja de los últimos diez años», aunque la razón de ese exiguo 0,2% se originó, precisamente, en el freno de la Corte Suprema al tarifazo. En Interior también celebraron, pero con matices. «La gran pregunta es cómo termina el año con una llegada de inversión concreta, el número de inflacion lo esperábamos», explicaron en esa cartera.

«Fue una buena vidriera, pero con eso no alcanza. Esperamos un impacto conducente», explicó otro secretario de Estado, que también antagoniza con Aranguren. La gran pregunta del gobierno gira en torno a las consecuencias económicas de un tarifazo que ya rige para los clientes no residenciales, como fábricas e industrias, y caerá dentro de poco en los bolsillos de los consumidores residenciales. En la cartera de Interior relativizan esa dinámica. «Si hay rebote, no será significativo, porque el aumento será de 100 o 250 pesos. Quizás impacte en noviembre, pero en el caso de las pymes afectadas por el aumento, vamos a promover una tarifa mediana dentro del Plan Productivo», anticipó la fuente consultada para confirmar la influencia de Frigerio en la «moderación» del aumento. «Ahora no hablamos de tope, pero el aumento no es a libro cerrado. Si bien la audiencia no es vinculante, vamos a tomar varios planteos de los expositores, especialmente sobre pymes y clubes de barrio», completó. «