El día después de que el gobierno anunció con bombos y platillos que bajó la pobreza, varios especialistas alertaron sobre posibles inexactitudes en las cifras oficiales. Advierten sobre cuestiones metodológicas y dentro de ellas, la antigüedad de las canastas de consumo utilizadas como base de los estudios.

El análisis del Indec se basa en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), un relevamiento en más de 52 mil hogares de 31 ciudades de todo el país, que indaga, entre otros asuntos, sobre los ingresos de las familias. Ese dato es comparado con el costo de una canasta de bienes y servicios que consume el promedio de la población, cuyo valor se ajusta por la inflación, y en particular con un mínimo de alimentos que necesitan sus integrantes. Los resultados se proyectan al total del país. Según el informe, en el segundo semestre de 2017 el 25,7% de los habitantes no tuvo ingresos para adquirir esa canasta de bienes y servicios y por lo tanto son pobres. De la misma manera, el 4,8% no pudo cubrir sus necesidades de alimentos y por lo tanto es indigente.

La principal observación está vinculada a que las canastas de consumo consideradas fueron elaboradas a partir de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares de 2004. Los 14 años transcurridos la dejaron desactualizada. Además del paso del tiempo, otro factor les quitó representatividad con relación a los patrones de consumo actuales: los fuertes cambios en los precios relativos, sobre todo en las tarifas de servicios públicos. Este domingo, sin ir más lejos, comenzarán a regir nuevos precios para el gas (hasta un 40% de suba) y el transporte. 

«Se supone que una familia mantuvo su estructura de gastos desde 2005 y seguro que no es así», observó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina). Sobre los servicios, Salvia recordó que en la época de la encuesta sus tarifas estaban congeladas tras la devaluación de 2001 y luego estuvieron subsidiadas, proceso que se revirtió bruscamente en los últimos tiempos. «Si fuera de los gastos en alimentación esos servicios representaban el 10% del presupuesto de una familia, por decir un número, ahora quizás sean el 20%. Y para atenderlos esa familia debió dejar de consumir algo: educación, salidas u otra cosa», explicó. Tampoco está considerado el efecto de la tarifa social.

Hernán Letcher, director del Centro de Estudios de Política Argentina (CEPA), coincidió en que «hay una subestimación del peso de los servicios en la medición» y agregó otro detalle: en 2016, el Indec desechó la actualización del censo de población de 2010 y volvió a su anterior proyección demográfica, que estima una menor cantidad de jóvenes en el total de la población. La misma observación es recogida por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de La Plata. «El Indec sostiene que hay menos menores, un segmento de la sociedad que tiende a ser más pobre. Esto reduce el índice de manera artificial», avisa Letcher.

Para corregir estas deficiencias, el Indec lanzó una nueva Encuesta Nacional de Hogares, con ayuda de las direcciones estadísticas de cada provincia. Pero para procesarla y usarla como base de futuros cálculos pasarán al menos un par de años. Cuando ello suceda, la comparación con la serie iniciada a fines de 2016 volverá a traer dificultades. La encuesta hecha en 2012 se desechó porque muchos cuestionarios no fueron respondidos.

Pese a las observaciones y a que sus propias mediciones (31,4%) superan en seis puntos las del Indec, en la UCA dan por cierto que los índices cayeron. «La pobreza bajó con respecto a 2015 y eso es indiscutible. Hay menos pobres, pero son más pobres que antes porque lo que les queda tras comprar alimentos no lo usan en ropa ni en salidas, sino en pagar servicios», agregó Salvia.