El reacomodamiento de precios relativos que se está produciendo tras la devaluación de las últimas dos semanas podría tener un fuerte impacto en las condiciones de vida de los más de 8 millones de jubilados y pensionados. El efecto inmediato se verá en el mayor gasto que deberán realizar para adquirir medicamentos, rubro que suele subir a la par del dólar, y los alimentos, que ya muestran fuertes incrementos en las góndolas de los supermercados.

«Recién estamos empezando a medir el efecto de esos aumentos y tendremos que esperar unos días para ver cómo es el traslado a precios. Pero ya advertimos remarcaciones en alimentos hiposódicos e hipocalóricos, que son importantes en la dieta de los mayores», explicó el defensor de la Tercera Edad porteño, Eugenio Semino. «Entre octubre y abril, cuando actualizamos el valor de la canasta básica de los jubilados, ya hubo un fuerte incremento de algunos insumos farmacéuticos. Por ejemplo, los protectores para incontinencia urinaria habían aumentado entre 20 y 25 por ciento. Al igual que los medicamentos, se trata de productos cuyo valor está atado al dólar», agregó Semino, preocupado por las nuevas subas que podrían producirse a corto plazo.

En la Defensoría también están en alerta por el riesgo que corre la rebaja en los valores de compra que a comienzos de año había acordado el PAMI con los laboratorios que le proveen los medicamentos. Las drogas son mayoritariamente importadas y la devaluación pega de lleno en su costo: un eventual aumento también afectaría el bolsillo de los jubilados.

La canasta básica de la tercera edad, por las particularidades de ese sector, es mucho más reducida que la de la población en general, y por eso resulta más vulnerable ante los nuevos precios que surgen de un dólar más alto. «La tasa de uso de medicamentos es mayor en los jubilados que en el resto de la población. Lo mismo ocurre con los alimentos. Por eso la inflación impacta más en este sector», explicó Semino.

El conjunto de bienes, cuyo costo calcula semestralmente la Defensoría, está compuesto principalmente por el mantenimiento de la vivienda, alimentos, medicamentos y artículos de farmacia, que inciden en un 71% del resultado final. También se incluyen en menor proporción otros rubros como limpieza y perfumería, transporte, vestimenta, recreación y servicios. En abril, esa canasta costaba $ 19.290, el equivalente a dos veces y medio el haber mínimo.

La mayor inflación que se espera para estos meses se verá compensada por un futuro aumento del monto que percibirán los jubilados y pensionados, ya que a partir del cambio en la ley de movilidad que sancionó el Congreso, el índice de precios al consumidor pasa a ser una parte importante en la fórmula de actualización. El problema es que recién se reflejará en los haberes de septiembre, porque el cómputo se realiza con dos trimestres de atraso. Hasta entonces los beneficiarios deberán aguantar los nuevos precios con modestos aumentos del 5,69% en junio y del 6,67% en septiembre. Por eso se prevé que la experiencia será diferente a lo que ocurrió con las devaluaciones de 2014, bajo el kirchnerismo, y de comienzos de 2016, al asumir el macrismo.

«Esas veces, con la anterior ley de movilidad, podríamos decir que hubo un empate técnico entre precios y haberes. Esta vez creemos que el deterioro en el poder de compra de los jubilados va a ser más significativo», alertó Semino. «