«Nunca tuvimos acceso a la información, el expediente salimos a buscarlo nosotros. Ahora no nos queda otra que organizarnos y resistir», dice Natalia Castillo, integrante de Asamblea Permanente Socioambiental Catriel. Los vecinos de esa ciudad rionegrina, Capital Provincial del Petróleo y encrucijada histórica de la exploración hidrocarburífera en Río Negro, desde que en 1959 YPF detectó el célebre pozo RCO XI, se preparan medio siglo más tarde para una lucha que presagian larga y desigual. Se cierne sobre ellos la amenaza de convivir con un mega basurero de residuos petroleros, el más grande del continente, que ocuparía, según el proyecto que impulsan el gobierno provincial y la intendencia, unas 300 hectáreas.
«Este es un pueblo con pasivos ambientales muy grandes, provocados durante décadas por la explotación convencional. Aquí hay una demanda social muy fuerte, hay enfermedades oncológicas. Y a estas personas les dicen que van a traer una planta de remediación, cuando en realidad se trata de una planta de tratamiento de residuos del fracking, que es una técnica que genera muchos desechos, que pueden contener metales pesados y material radiactivo provenientes del subsuelo», explica Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur.
Para dar una idea de las dimensiones del emprendimiento que pretende llevar adelante la empresa neuquina Crexell Soluciones Ambientales SA, vinculada a la familia Sapag (ver recuadro), la mayor planta de residuos tóxicos derivados de la explotación de hidrocarburos no convencionales es la de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales SA (Comarsa), instalada desde 2008 en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, que tiene 34 hectáreas. La de Catriel, que se intalaría en la meseta de Bayo Mesa, a pocos kilómetros del ejido urbano, será nueve veces más grande. En un pueblo de 18 mil habitantes, generaría apenas 37 puestos de trabajo.
Como la normativa impide trasladar residuos peligrosos de una a otra provincia, hoy Río Negro pide permiso a Neuquén para depositar allí los desechos resultantes de Estación Fernández Oro, en la región del Alto Valle, donde por la rápida expansión del negocio del tight gas ya hay 300 pozos perforados. «El estudio de impacto ambiental que presentó Crexell deja entrever que en el basurero de Catriel se trataría ese tipo de residuos, y la puerta abierta para recibir material contaminante de otras jurisdicciones, eventualmente los provenientes de Vaca Muerta», sostiene Álvarez Mullally. La lista de los elementos tóxicos que llegarían a Catriel enumera «suelos contaminados con hidrocarburos, cutting, aguas con hidrocarburos, flowback, líquidos provenientes de perforaciones no convencionales y residuos semi-sólidos con hidrocarburos, comúnmente denominados ‘fondos de tanques'».
La audiencia pública que tuvo lugar el 31 de marzo pasado atestiguó el rechazo de los habitantes de Catriel al proyecto, presentado por la secretaria de Ambiente rionegrina, Dina Migani, quien protagoniza un caso flagrante de conflicto de intereses, por lo que ya fue denunciada por incompatibilidad por la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI): Migani es dueña de Quinpe, una empresa de servicios petroleros que incluyen el traslado de sus residuos. «Está claro que la encargada de aprobar el informe ambiental no va a atentar contra su propio negocio dice Natalia Castillo. Hoy no hay mecanismos democráticos, porque la audiencia pública no es vinculante. Estamos juntando firmas para una consulta popular. El intendente (Carlos Johnston, de Juntos Somos Río Negro, que fue noticia en 2012 cuando estuvo tres días con paradero desconocido) cerró la audiencia diciendo que no iba a permitir un referéndum, como si fuera el dueño del pueblo».
Tienen por delante una ardua batalla. Cuando el Concejo Deliberante de Allen votó por unanimidad prohibir el fracking, el Tribunal Superior de Justicia neuquino declaró inconstitucional la ordenanza, porque sobre los recursos del subsuelo debe legislar la provincia. En Vista Alegre,una localidad camino a Vaca Muerta, los vecinos ya están haciendo cortes de ruta para que se respete una ordenanza similar. «
La empresa de los Sapag
Crexell Soluciones Ambientales SA pertenece a Nicolás Crexell, sobrino del exgobernador de Neuquén Jorge Sapag y hermano de la senadora nacional Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino. Será su segundo emprendimiento en el rubro, luego de que el año pasado abriera la planta de Servicios Ambientales de Neuquén, en Añelo, en sociedad con la firma Befesa. Los negocios petroleros de la familia, vinculados a los servicios de grúas y transporte, tuvieron un fuerte impulso a partir de Vaca Muerta, y ahora buscan diversificarse con el mayor basurero de desechos hidrocarburíferos del continente.
Colorado
El proyecto de Crexell está frenado a la espera de un nuevo informe hídrico. Ocurre que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), que integran cuatro provincias (Neuquén, La Pampa, Mendoza y Río Negro), quiere saber si la ubicación de la planta afectará de un modo la cuenca de ese río patagónico, en cuya margen derecha está Catriel.
