Cualquier estadística de evolución salarial que se tome muestra que el sector más atrasado ha sido el de los trabajadores estatales. La situación varía entre municipales, provinciales y nacionales. En promedio, los municipales perciben la mitad que los provinciales y estos, la mitad de los nacionales. Las políticas salariales llevadas adelante por los distintos gobiernos han hecho del ajuste sobre los trabajadores una de las variables fundamentales de las políticas públicas.
El derecho a las convenciones colectivas de trabajo se cumple a nivel del Estado nacional pero sólo en la mitad de las provincias, y es negado en el 95% de los 2220 municipios. La democracia no ha llegado al ámbito de los estados municipales y provinciales. Esto es más grave porque no se reconoce a estos trabajadores el derecho al salario mínimo vital y móvil. La gran mayoría de los municipales perciben salarios por debajo de esos $ 8700, muy lejos de los $ 15 mil que el Indec reconoce como el ingreso mínimo necesario para cubrir una canasta por encima del nivel de pobreza.
Este gobierno continuó la política del anterior de mantener la precariedad laboral como condicionante para el reclamo de los trabajadores. Esta actitud tiene su correlato en gobernaciones y municipios que reproducen, más allá de la diversidad de identidades partidarias, este esquema de ajuste fiscal. La precariedad laboral es parte esencial de sus políticas.
Con la complicidad del sindicalismo tradicional, oficialista de todos los gobiernos, convalidaron otro mecanismo, como las cláusulas de presentismo y productividad, que van a impactar particularmente sobre los salarios de las mujeres trabajadoras. Pero además buscan que actúe como efecto espejo sobre el sector privado. Tal como lo hicieron en 2016 con los despidos de estatales que motorizaron despidos en el sector privado, presentismo y productividad promoverán el mismo modo de relación laboral en el ámbito privado.
*Secretario general de ATE
