Mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá los números oficiales de pobreza e indigencia del primer semestre del año, que rondarán el 35% y el 7% respectivamente, en sintonía con lo que adelantan las mediciones privadas.
De confirmarse, el número del informe «Incidencia de la pobreza y de la indigencia» será tres puntos mayor al del segundo semestre de 2018 (1,2 millones de nuevos pobres). Pero el dato ya es viejo: los analistas observan que la tendencia se acelera.
Para Claudio Lozano, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la pobreza real del primer semestre rondaría el 37 por ciento.
Ya en el primer trimestre de este año el IPyPP medía una pobreza en el 34,1%, dos puntos porcentuales por encima de la medición oficial del segundo semestre de 2018. La indigencia en el período enero-marzo fue del 7,1% y la tendencia hace prever que a junio de este año rondará el 8%, según los datos que maneja Lozano.
El economista consignó a Tiempo que para el cierre de 2019 los pobres pueden alcanzar el 38 o 39% de la población.
El salto de la inflación tras la devaluación del peso, luego de las PASO, y la no recuperación de los ingresos son las causas principales de este desarrollo.
La publicación del Indec de mañana «es una variación semestral pero lo peor va a estar en el segundo semestre. El punto de partida va a ser un aumento de la pobreza de ocho puntos si se compara el primer semestre de 2019 con el mismo tramo del año pasado. Estamos hablando de casi 4 millones de personas más en condición de pobreza», indicó.
El economista vinculado a la CTA resaltó que la situación es todavía más grave si se consideran los datos del mercado laboral y de distribución del ingreso, que difundió el Indec a mediados de la semana pasada. «No sólo hubo un aumento de la tasa de desempleo, sino que el empleo de calidad fue sustituido por monotributismo y cuentapropismo. El 75% del empleo que se creó durante el macrismo se trata de puestos precarizados y el 25% restante, de empleados en negro», concluyó.
En tanto, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, ratificó los números que difundió en julio pasado: la pobreza será del 35% y la indigencia del 7% en el primer semestre.
El investigador de la UCA también advierte un crecimiento significativo para fin de año atado al desastre económico que sucedió a las Primarias. La UCA terminó recientemente con la recolección de datos pero evitó dar números a manera de anticipo.
También el economista e investigador Andrés Asiain, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), cree que la crisis económica y social post PASO impulsó la pobreza y que por ello es «bastante probable que la pobreza termine cerca del 40%» en el segundo semestre de este año.
La canasta
La caída del poder adquisitivo del salario, el aumento de la canasta de productos de consumo masivo y en particular la disparada constante de los precios de los alimentos están en la primera línea de la conversación a la hora de explicar el creciente empobrecimiento de la población y la degradación a niveles de indigencia.
Para citar algunos casos paradigmáticos, el salario de los trabajadores públicos cayó un 53,6% en dólares; el de los obreros metalúrgicos se retrasó un 45,8%; el de los judiciales un 45,5% y el de los camioneros, un 44,7%, según el Observatorio del Derecho Social de la CTA. Hoy el salario de los argentinos está entre los más bajos de la región.
El caso del salario mínimo es ejemplificador. El aumento estipulado por laudo de la Secretaría de Trabajo para el período que va de agosto de este año a julio del año próximo, es del 35%, cifra a la que se llegará con el cobro de octubre. El problema es que el SMVM ya venía de perder un 19,7% de su poder adquisitivo en el período 2018-19. Así, a octubre –cuando se reciba el pleno de 16.875 pesos– habrá acumulado una pérdida de entre 8 y 10%, según lo que indique la inflación tanto de septiembre como de octubre.
La evolución del salario mínimo es muy importante porque, además de constituir el nivel de ingresos de 400 mil trabajadores, determina la movilidad del valor de lo que reciben los más de 3 millones de jubilados que perciben la mínima, los más de 2 millones de beneficiarios de la AUH y el otro millón con diversos beneficios sociales, como el Salario Social Complementario. Además, establece un parámetro para una cantidad de empleos en negro.
La contracara es la suba de precios: entre enero y agosto la inflación acumuló un 30%. El rubro «Alimentos y bebidas», destino de la mitad de los ingresos de una familia promedio, ascendió al 33,3 por ciento.
En agosto, mes en el que la inflación general fue del 4%, una familia tipo que no paga alquiler necesitó $ 33.013 para no ser considerada pobre y $ 13.258 para no entrar en la categoría de indigente. Ambas canastas aumentaron desde diciembre un 29,5% y un 30 por ciento.
El ajuste de precios no llegó a su fin. Para septiembre se proyecta una inflación merodeando el 6%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto, que elabora el Banco Central en base a los pronósticos de una cincuentena de analistas, bancos, consultoras y universidades, arrojó una suba para todo el año del 55%, con pico en septiembre y una leve baja hacia fin de año: en diciembre tocaría el 3,4%, todavía muy alta para cualquier parámetro. «Para 2019, los participantes del REM estiman una inflación nivel general en 55% (15 puntos más respecto del relevamiento previo). Para 2020, la expectativa de inflación se ubica en un 38% interanual (10 puntos porcentuales más) para el nivel general y en 37,5% para el núcleo (11 puntos más)», estimó el informe del BCRA. Alzas que una vez más resonarán en las remarcaciones de los precios en las góndolas de los comercios.