Que la política del gobierno apunta a acelerar una reforma laboral luego de octubre es un hecho inocultable. La incógnita, cuya resolución dependerá en gran parte de lo que ocurra hoy y el 22 de octubre, es si será a través de una ley integral al estilo de Brasil o con la política de ir cercenando, uno a uno, los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes.

Así fue con el de los petroleros para la explotación de Vaca Muerta, en casos puntuales de la Uocra y en el debate que está en curso en la mesa del plan «un millón» con relación a los convenios de Smata.

Pero, claro, el gobierno necesita dar muestras concretas de su voluntad de avanzar en ese sentido y, para eso, la mejor manera es «empezar por casa». Por eso es que uno de los convenios que están en el candelero es el de los empleados de la administración pública nacional, con cuyo sindicato mayoritario (UPCN) el gobierno firmó un acuerdo paritario que, junto con el incremento salarial, incorporó cláusulas de presentismo y productividad que no están contempladas en el Convenio y que cuestionan de hecho la estabilidad, el salario y hasta el derecho de huelga.

De entrada el gobierno creó el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, cuyo propósito es el de establecer criterios de eficiencia en el Estado fijando «dotaciones óptimas» en cada organismo.

Según denunció ATE Capital a la justicia a través de un recurso de amparo el pasado 7 de agosto, el gobierno ha creado equipos técnicos externos a través de la contratación secreta de consultoras para que sean las que establezcan esas «dotaciones óptimas». Según el sindicato, el carácter clandestino de las contrataciones atenta contra el derecho a la información pública y apunta a la destrucción del convenio.

En diálogo con Tiempo, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, advirtió: «Que no puedan mostrar la información que arrojaron las consultoras es alarmante. Esconden la tercera reforma del Estado y los despidos».

El secretismo oficial se manifiesta en la escasez de resoluciones de carácter público en las que anuncien la hoja de ruta que efectivamente está recorriendo la cartera a cargo de Ibarra. La única que se ha publicado en el Boletín Oficial es la del 3 de abril pasado, referida al régimen de control de asistencia y presentismo que, además, incorporó un control electrónico de horarios y un poder sancionatorio por llegada tarde. La norma, además, implementa la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP), que obliga a los ministerios a proporcionar información de sus plantillas bajo amenaza de congelamientos presupuestarios. Allí se solicitan, entre otros, datos salariales, educativos, tareas y hasta la afiliación gremial.

Los sindicatos y los trabajadores han conocido de la existencia de otras medidas a partir de versiones periodísticas mediante las cuales las autoridades de Modernización fueron adelantando sus planes. Ese fue el caso, por ejemplo, de un plan piloto de evaluaciones para el cumplimiento de objetivos que sería un insumo para los premios productividad y que constituye una violación al sistema de evaluación vigente. O la elaboración de un mapa de conflictividad en las dependencias del Estado mediante el cual el gobierno podrá, por un lado, establecer un sistema de inteligencia interna y persecución gremial y, por el otro, avanzar con las medidas de flexibilización allí donde considere que enfrentará una menor resistencia para ir aislando paulatinamente a los sectores más combativos a los que, además, podría castigar con su régimen de premios por productividad. O el relanzamiento del INAP, que incluye un curso de Gestión por Resultados para los altos mandos.

Respecto de las consultoras, Catalano subrayó que «pedimos que nos expliquen cómo fue la contratación. Tres de las consultoras tienen relación directa con funcionarios del ministerio. Por eso el gobierno tiene que esconder lo que ha hecho».

Hugo Godoy, de ATE Nacional, explicó a Tiempo que «UPCN firmó a ciegas claúsulas de productividad que se aplicarán en 2018. Quieren elaborar pautas de manera discrecional para imponer condiciones de trabajo extorsivas. Ya reclamaron modificar el convenio en las minas de Río Turbio».

La modalidad de establecer contrataciones por fuera de los canales formales, según denunciaron sus delegados, también se introdujo en el Instituto de Tecnología Industrial (INTI). La convocatoria a la prensa para realizar esa denuncia provocó un inédito lock out de las autoridades. Daniel Luna, uno de los delegados, explicó que «han creado una gestión paralela que, pasando por encima de los convenios y la estructura, establece contrataciones directas para obras. Controlan desde la parte financiera hasta la ejecución. Para tapar la denuncia decidieron dictar asueto, algo increíble». Sobre la avanzada más general contra los convenios, Luna, coincide en que se está preparando «una ofensiva contra las condiciones de trabajo a partir de una paritaria que incorporó un ítem que violenta el CCT. La ofensiva del gobierno se vale de la enorme precarización laboral que hay en el Estado y que heredamos del gobierno anterior y los que lo precedieron». «

La CGT define si marcha el 22 de agosto

El 13 de julio, con el marco de la represión que habían sufrido esa mañana los trabajadores de PepsiCo, la CGT definió una movilización para el 22 de agosto que fue ratificada en el plenario general del 28 de julio en Ferro. En aquel momento la medida pareció quedar muy lejos y fue la forma que encontró el triunvirato para gambetear la presión en favor de una medida de fuerza. Pocos días antes, además, la Justicia había intervenido el sindicato de Canillitas. Ahora, con la fecha encima, trascendieron versiones que indican que dos sectores, los Gordos y los Independientes, liderados por Héctor Daer, se inclinan por confirmar la medida a partir de lo que ocurra hoy en las PASO. 

Fuentes de la CATT descartaron a este medio cualquier postergación y explicaron que la reunión de Consejo Directivo pautada para este miércoles servirá para «organizar la medida».

Lo curioso es que, entre los sectores que condicionan la realización de la marcha a los resultados electorales, conviven argumentos contradictorios. Es que, según pudo saber este diario, para el sector más conciliador, «una derrota electoral del gobierno transformaría la movilización en redundante, mientras que, otros sectores vinculados a la conducción opinaron que, un triunfo del gobierno «tornaría abstracta la movilización». Así las cosas, cualquier resultado ofrecería argumentos para suspender la medida.

Omar Plaini, de Canillitas y miembro de la conducción aseguró a Tiempo que «en principio hemos tomado un compromiso que será ratificado. La marcha fue convocada por la situación económica y social del país. Hay que establecer un plan de lucha y un programa. Tenemos que estar movilizados. El análisis que hagamos cambiará por los resultados electorales pero la conflictidad social hay que resolverla todos los días».

Un levantamiento de la marcha que fue convocada adrede en esa fecha por el aniversario de la reunificación de la central, podría transformarse en un golpe difícil de superar para el desgastado triunvirato. «