La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) acusó a Telefónica por «discriminación» y exigió ante la justicia que la empresa «brinde información sobre la provisión de servicios de internet en villas y asentamientos». La empresa negó la acusación y aseguró que la orden de publicar los datos «se contestó en tiempo y forma».
Uno de los grandes problemas estructurales que sufren los vecinos en los barrios populares está relacionado a los servicios públicos: no llegan o llegan en condiciones deficitarias. La ACIJ trabaja en barrios del Área Metropolitana y ha tenido cruces legales con distintas empresas y con el propio Estado por la provisión de estos servicios (ver aparte).
Sebastián Pilo, codirector de ACIJ y abogado en el caso Telefónica, aseguró a Tiempo: «Un reclamo creciente es por el acceso a internet. En general, los vecinos acceden por el celular, a través de 4G, o por servicios locales que prestan los propios actores comunitarios, que suelen ser más caros y deficitarios». En ese sentido, apuntó: «Las empresas suelen ser muy reticentes a brindar internet en las villas y esto impacta negativamente en los barrios».
Fuentes de Telefónica plantearon a este medio que «se habla de servicio público y se menciona a internet, pero internet no es un servicio público. Sí lo es la telefonía básica. Desde ese lugar, hay un concepto erróneo. Después, cada parte tiene derecho a reclamar en términos de justicia y se avanzará en las distintas instancias judiciales».
Sobre la demanda, desde la empresa aseguraron: «El requerimiento de información cursado a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) se contestó en tiempo y forma y con los requerimientos que se establecen por ley». En la multinacional española desconocen «si antes hubo una instancia en que la ACIJ haya pedido la información». Ese petitorio «no lo recibimos en la empresa, por lo cual no se ha podido contestar», agregaron.
Pilo entiende que «la comunidad internacional que trabaja derechos digitales interpreta que el acceso a internet es un derecho humano y es además instrumental a otros derechos como la educación y el acceso a la información». Así lo señaló la Asamblea General de Naciones Unidas en 2011. «El obstáculo que ponen las empresas es discriminatorio y afecta a los derechos de esta población», agregó Pilo.
Sobre el servicio brindado en los barrios populares, desde la empresa apuntaron: «Tenemos servicios en distintos lugares donde la ley nos exige brindarlo. Desconocemos si en algún barrio en particular, por alguna cuestión, no lo hacemos. Pero el servicio público se brinda y todo pedido de información pública también se responde en tiempo y forma».
Pilo tiene una mirada divergente. «La empresa solo brindó información parcial cuando fue obligada por la Agencia (AAIP), pero de ninguna manera satisface lo que había sido pedido por ACIJ y ordenado por la Agencia. Por esto, la Agencia colocó a la empresa como incumplidora de la Ley de Acceso a la información pública», afirmó y agregó: «A partir de esto, como parte de una estrategia para que los vecinos puedan acceder a internet, iniciamos una demanda para que sea la justicia quien ordene publicar esa información».
Pilo apuntó: «Pedimos que informen si tienen usuarios, cuántos son, en qué barrios, cuáles son los criterios para afinar nuevas líneas y nuevas zonas de cobertura. Aún las empresas privadas tienen que respetar los Derechos Humanos, de acceso a la información y de acceso a internet de las comunidades más pobres». «
SERVICIOS QUE NO LLEGAN
Otros servicios que llegan de manera deficitaria o directamente no llegan son los colectivos y las ambulancias. También, son comunes los graves accidentes producto de conexiones precarias de electricidad o de gas. El servicio policial, en tanto, llega sin problemas.
«Es un problema generalizado en casi todos los barrios y hay responsabilidades del Estado, en algunos casos, y de empresas privadas, en otros. El desafío es saldar esa deuda y proveer de infraestructura y servicios a todos los barrios», afirmó.
