La cooperativa que gestiona el hotel Bauen sufrió un nuevo revés judicial y vuelve a ser acorralada por el fantasma del desalojo. En la mañana del martes, asistió a una audiencia con la jueza María Paula Hualde, en la que fue notificada que cuenta con siete días hábiles para llegar a un acuerdo con Mercoteles, la sociedad anónima que figura como dueña del inmueble desde julio de 2001.

“Nos comunicaron que nos otorga un plazo de siete días hábiles a los efectos de que las partes en conflicto intentemos llegar a un acuerdo. El acuerdo se intentó en reiteradas oportunidades y nunca se pudo llevar a cabo. Si no hay acuerdo, la jueza continuaría con el expediente y, por ende, con la ejecución de aquella sentencia de 2007 (ver aparte)”, resumió Federico Tonarelli, referente y responsable de Relaciones Institucionales de la Cooperativa de Trabajadores del Hotel Bauen.

“No va a haber desalojo la semana próxima. Pero sabemos que llevamos las de perder porque si no hay acuerdo, lo más probable es que nos ordenen el desalojo. Nuestros abogados hicieron una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde vamos a peticionar -a partir de que el Estado argentino desconoce lo que nosotros entendemos como un derecho propio (al trabajo)-, la intervención del organismo”, explicó Tonarelli, ante representantes políticos, de organizaciones sociales, cooperativas y gremiales.

En paralelo, los trabajadores presentaron nuevamente en el Congreso de la Nación el proyecto de Declaración de utilidad pública sujeta a expropiación, “que es el proyecto que llegó a ser ley en 2016 y que fue vetado por (Mauricio) Macri”. En aquella oportunidad, había sido encabezado por el entonces diputado Carlos Heller y ahora, por Agustín Rossi (PJ – Unidad Ciudadana). “Esperamos que pueda ser sancionada la ley para darle una solución definitiva al conflicto”.

Como daño colateral del litigio que ya lleva casi 20 años, la semana pasada fue frustrada la inauguración de la sala teatral Osvaldo “Chacho” Dragún, en manos de la cooperativa El Descubridor. “Todo este litigio interminable por el inmueble hace que la cooperativa tenga problemas para lograr habilitaciones de parte del gobierno de la Ciudad. Cuando uno quiere habilitar un comercio tiene la escritura o el contrato de alquiler. En el caso de las empresas recuperadas, es muy común que haya este tipo de problemas”, contó Tonarelli. Ante una presentación judicial al respecto, el juez Andrés Gallardo intimó al Gobierno a cuanto menos recepcionar el trámite hasta tanto se solucionara el conflicto. “Iniciamos el trámite, pero nunca finalizó. Esto produce que cada tanto, frente a distintas circunstancias, tengamos clausuras parciales. Por una de esas clausuras, relacionada con las nuevas normativas de planes de evacuación, el Gobierno no nos permitió la inauguración del nuevo espacio”, aseguró.

“Siempre dimos una utilidad pública al hotel. Hoy, entendemos al Bauen como un complejo cooperativo, levantamos la integración cooperativa y por eso no sólo están en riesgo los puestos de trabajo de la cooperativa Bauen, sino los puestos de El Descubridor, de la revista Cítrica, de la cooperativa que edita La Garganta Poderosa, de la cooperativa de comercialización y distribución del Movimiento Popular La Dignidad, que administra el almacén cooperativo que tenemos en el frente del hotel. Somos un conjunto de 200 trabajadores que estamos dispuestos a defender nuestros puestos de trabajo”, afirmó.

El actor Manuel Callau, presidente de El Descubridor, expresó: “Nos tomamos muy en serio ser un complejo cooperativo. Somos cinco cooperativas que nos tomamos muy en serio la posibilidad de generar trabajo. No vamos a permitir que nos toquen los puestos de trabajo. Queremos dialogar y llegar a una solución, pero quienes quieran enfrentar a los trabajadores del Bauen, sepan que están enfrentando a muchos trabajadores de distintos ámbitos”.

Un poco de historia

El conflicto se inició en 2001, cuando quebró la empresa Solari SA. Meses después, apareció la empresa Mercoteles SA como nueva dueña. La sentencia de desalojo del Hotel Bauen está firme desde 2007, por parte del juzgado Nacional en lo Comercial N° 9.

Luego, hubo distintas instancias judiciales. Hubo apelaciones por parte de los trabajadores, seguidas por la confirmación del fallo, la presentación de los trabajadores en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la confirmación del fallo por parte de la Corte, la sanción de la Ley de Utilidad pública y expropiación por parte del Congreso (2016), con el posterior veto del presidente Mauricio Macri y, a partir del veto, un nuevo derrotero judicial.

“La Ley solucionaba el conflicto. Decía que el Estado expropiaba el edificio y abonaba esa expropiación con los créditos a favor que tiene por las viejas deudas hipotecarias de Solari SA (41 años sin pagar una cuota del préstamo obtenido en 1978). De esta forma, el Estado recuperaba un activo y otorgaba en comodato la gestión del hotel a la cooperativa”, afirmó Tonarelli y agregó: “La Ley no nos regalaba el edificio, sino que legalizaba la gestión de la cooperativa. Macri la veta con argumentos falaces, diciendo que era una erogación extraordinaria por parte del Estado”.

Entre 2017 y 2018, hubo nuevos vaivenes judiciales, entre apelaciones de la cooperativa, audiencias con los camaristas, una nueva orden de desalojo y otro recurso extraordinario en la Corte Suprema, que fue rechazado el 28 de diciembre último. Ahí, volvió al juzgado de primera instancia y, como tiene la sentencia firme de 2007, convocó a las partes a los efectos de dar curso a la sentencia.