“La pobreza infantil monetaria se ha vuelto un fenómeno de carácter estructural en nuestra sociedad. Tal como afirma UNICEF, ‘desde el regreso democrático, no se pudo nunca reducir la pobreza infantil por debajo del 30%’”. La afirmación forma parte de un doloroso informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG muy vinculada con las políticas sociales y del Poder Judicial.

El trabajo, titulado “Iniciativa Crecer sin Pobreza”, precisa que “el Estado es responsable de brindar una protección especial a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), conforme los compromisos asumidos en diversos tratados internacionales”. Pero contrapone que esa premisa no termina de cumplirse: “Durante 2021, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Programa Alimentar (PA) cubrían el 94.7% de una Canasta Básica Alimentaria (CBA). Ya en 2022, ese porcentaje disminuyó al 85.6%, y en el primer semestre de 2023, sólo alcanzaron a cubrir el 77%”. 

“Por su parte, quienes sólo reciben AUH (adolescentes de 15 a 17 años), en 2021 cubrían un 47% de una canasta básica, porcentaje que disminuyó al 43.6% en 2022 y finalmente, en el primer semestre de 2023, sólo lograron cubrir un 37.5% con dicha prestación”.

El reporte indica que “si en lugar de valores anuales se toma solo el mes de septiembre de 2023, un niño/a menor de 14 años y sin hermanos/as, que recibe AUH y PA, alcanzó a cubrir un 92% del monto de la canasta básica”, mientras que “a un adolescente de 15 a 17 años que sólo recibe AUH, en dicho mes la prestación sólo le permitió cubrir sólo un 40% de canasta”. 

“A pesar de los avances que el Estado realizó a los fines de ampliar la cobertura de las transferencias sociales, el diagnóstico elaborado permite advertir que habría más de un millón de niños, niñas y adolescentes que están por fuera de toda protección social, sea por cuestiones normativas (por ejemplo, requisitos relacionados a la situación migratoria de las familias extranjeras) o por no estar identificados/as”.

Según la “Iniciativa Crecer sin pobreza”, el colectivo de niños es más pobre que el promedio de la población en su conjunto. “Los hogares con NNA son más pobres que aquellos sólo conformados por personas adultas”.

El reporte incluye datos de UNICEF que marcan que “entre 2017 y 2022, la pobreza infantil aumentó 8,4% y la pobreza monetaria extrema 2,7%.  Hay grupos particularmente afectados por esta situación: adolescentes entre 10 a 17 años, niños que pertenecen a hogares mono-ma/parentales y/o a hogares de barrios populares”. 

El trabajo identifica como “problemas en los sistemas de transferencias de ingresos” a la “insuficiencia y regresividad de las prestaciones”, lo que se traduce –entre otros factores- en que  “no siempre quienes menos recursos tienen, reciben más dinero por parte del Estado”.

Además existen “limitaciones etarias en el Programa Alimentar y condicionalidades en la AUH (sólo esta prestación exige controles de salud y educación); falta de jerarquización legal del Programa Alimentar (esta prestación sólo está reconocida en resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social) y un “diseño adultocéntrico”.

El reporte propone una “protección social suficiente para NNA de menores ingresos”, de modo de garantizar que cada niño “reciba una prestación que cubra una Canasta Básica Alimentaria”.

“El costo de elevar dichas prestaciones a valores de 2023 sería de $1.2 billones, lo que equivale al 0,74% del PBI y al 3,44% del presupuesto.  Este costo es menor a lo que el Estado deja de recaudar por la quita más reciente en el impuesto a las ganancias a sectores de mayores ingresos (0,83% del PBI)”, resume el trabajo.