Qué es una offshore? Una cuenta en el exterior. Un concepto amplísimo. Pero hay que señalar que la mayoría de las cuentas offshore están abiertas en guaridas fiscales. «Una offshore no es ilegal», definió tajantemente Mauricio Macri. No obstante, las críticas a varios funcionarios de su gobierno surgen porque tienen cuentas en guaridas fiscales. Islas Caimán, Vírgenes o Bermuda son las guaridas fiscales que primero vienen a la mente. Pero el podio en el ranking de secretismo elaborado por la Red de Justicia Fiscal (TJN) lo ocupa Suiza, seguida por EE UU (Delaware), Caimán, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo y Alemania. Es un tema de interés de las naciones más poderosas, y por ello se les otorga un viso de legalidad. Aunque al escarbar un poco, fácilmente se encuentran diversas cuestiones objetables en la mayoría de las cuentas arraigadas en estas guaridas fiscales.

La defensa de Macri apuntó a toda una forma de hacer negocios: «Es un instrumento que se utiliza para organizar inversiones y empresas». Podría preguntarse por qué los negocios no se pueden organizar desde el propio país. La respuesta es clara: porque en las guaridas no preguntan por el origen de los fondos.

Las guaridas fiscales son regímenes de menor tributación. Entonces una multinacional que, por ejemplo, tiene sede física en EE UU abre una filial en Caimán y factura desde ahí sus operaciones internacionales. Así, paga una tasa del 5% o menos de impuesto a las ganancias. De no existir eso, la multinacional debería pagar 25% de sus ganancias al fisco estadounidense.

Tal estrategia retrae recursos a los fiscos en donde se producen los servicios y las mercancías, restando financiamiento a la educación, la salud, la seguridad social y otras erogaciones prioritarias. 

Estas maniobras benefician a las multinacionales. Pareciera que el rol de las corporaciones está incluso por encima de los intereses de países centrales: se instalan donde tributan menos y eluden las leyes fiscales de sus países de origen.

Volviendo a los dichos de Macri: «Si el que entra (a la función pública) tiene que andar explicando toda su radiografía de vida, qué es lo que hizo antes, con quién se asoció, con quién no, los tipos enloquecen». Y ante tal afirmación surge la pregunta, ¿qué tienen para ocultar? ¿Acaso no debería ser una condición indispensable la transparencia para encarar la función pública? Puede que algunas transacciones y negocios sean formalmente lícitos, pero muchos de ellos (y en especial para los funcionarios públicos) configuran una conducta reñida con la ética. Estas expresiones no configuran un enfoque aislado del presidente, responden a los postulados principales que inspiran sus medidas. Por ejemplo, en el proyecto de Ley de «Financiamiento productivo» que poco tiene de coincidente con su título (es principalmente la modificación de la Ley de Mercado de Capitales) se incorpora la figura de los «agentes administradores de inversiones». Estos se definen como aquellos que presten servicios habituales de asesoramiento financiero y administración de inversiones autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). En verdad, esta normativa intenta blanquear en nuestro país la actividad de «banca privada», mejor definida como «banca en secreto». Sabemos cuáles son los principales objetivos, aquí y en todo el mundo, de la banca en secreto: facilitar la inversión financiera del dinero «en negro», ya sea proveniente de la evasión fiscal u otros delitos. Y cobrar suculentas comisiones. La norma acaba de ser votada por el Senado, y si bien establece límites sobre estas actividades, son de difícil control. No es un dato menor que las operaciones de banca privada ya se realizaban en el país a pesar de que estaban prohibidas: ahora que están permitidas pareciera que tendrán mayor difusión.

Acero y caramelos

«Da lo mismo producir acero que caramelos», sostuvo el Secretario de Comercio de Martínez de Hoz. Una frase que superó el momento histórico en la cual se produjo y quedó como un potente resumen de las políticas de liberalización y desregulación.

El tema ahora es que Donald Trump decidió suspender por el momento la aplicación de los aranceles de importación del 25% al acero y del 10% al aluminio, a Argentina, Brasil y la Unión Europea, entre otros, centrando sus medidas proteccionistas en China. El gobierno argentino solicitó esta exclusión, pero, ¿puede decirse que tuvo éxito?. Veamos.

En los considerandos de la medida de excepción de Trump se menciona: «Estados Unidos tiene una importante relación de seguridad con Argentina, que incluye el compromiso compartido de apoyar mutuamente temas de seguridad nacional en Latinoamérica, particularmente la amenaza por la inestabilidad en Venezuela; nuestro compromiso compartido de afrontar los excesos globales de capacidad de producción de acero; la inversión recíproca en nuestras respectivas bases industriales y la fuerte integración económica entre nuestros países» (Clarín, 23.03.18).

En la entrevista ya citada, Macri expresó respecto a la herencia recibida: «si no hacíamos nada nuestro destino era Venezuela». Se puede observar entonces cómo van ensamblando las piezas del rompecabezas político que está llevando a cabo el gobierno y su vinculación con la estrategia estadounidense.

Además, ¿qué implica esa «importante relación de seguridad con Argentina»? ¿Hasta dónde se ve comprometida nuestra soberanía? ¿Cómo impactará esto en la vida diaria de la población? Conociendo la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina, las respuestas a estos interrogantes surgen más fácilmente: estas relaciones casi siempre han favorecido los intereses del gigante del Norte. Y, luego de estos pedidos y lazos fortalecidos, y de quedar firme la excepción, Argentina volvería a la situación previa, aunque en un mercado del acero más enrarecido y probablemente con precios más altos. No parece gran ganancia.

En este contexto, la Cámara Argentina del Acero (CAA) agradeció la gestión del gobierno. Su consejo directivo está integrado por tres representantes de Ternium Siderar, dos de Tenaris Siderca (ambas pertenecientes a Techint) y dos de Acindar (perteneciente a la mayor compañía siderúrgica mundial, Arcelor Mittal), llamativamente, todas con sede en Luxemburgo. La CAA informó el 5 de marzo: «gambeta de Techint en la guerra del acero. Rocca inauguró en diciembre su planta en Texas. Así atenúa el impacto del aumento de aranceles». En esa inauguración participó el presidente.

La CAA, además, plantea su preocupación por los subsidios gubernamentales y prácticas desleales que generaron distorsiones en el comercio. No obstante, sostiene que «la decisión de Estados Unidos de implementar aranceles al acero surge como consecuencia de esta situación, siendo China el principal generador de exceso de capacidad de producción y representa el 50% de la producción global de acero». Resulta extraño que no se identifique a la decisión de Trump de colocar elevados aranceles al acero como «práctica desleal» o «proteccionista» del principal importador de acero a nivel mundial. De hecho, los distintos organismos internacionales se han preocupado por lo que llaman una eventual «guerra de comercio».

Son cuestiones que hacen a la «vuelta al mundo» proclamada por macrismo, que parece terminar en una ventaja para las multinacionales, que son las principales beneficiarias de la liberalización comercial y de los acuerdos que persigue el gobierno argentino. «