La Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a ser el escenario propicio para el encuentro entre las autoridades políticas y el poder fabril, con el que el gobierno de Alberto Fernández mantiene hasta aquí una relación dispar.
Como también suele suceder, el evento que es, entre todos los que organizan las distintas asociaciones empresariales, el más cercano a las fiestas de fin de año, sirvió también para la tradicional medición recíproca entre el Poder Ejecutivo y la dirigencia del sector de cara al cambio de ciclo.
En el cierre, que se realizó el jueves pasado en la planta de la cervecería Quilmes, en ese partido del sur del Conurbano, el presidente se mostró optimista con las señales que recibe de la producción automotriz y de los sectores fabriles relacionados con la actividad de la construcción.
Las empresas acompañaron en lo formal pero volvieron a la carga con el reclamo de políticas que definen como necesarias para seducir a las inversiones que traerían luego el empleo y la puesta en marcha de la actividad económica.
Lo que vendrá en los próximos meses en relación a la pandemia sigue siendo una incógnita. La gravedad del cuadro quedó planteada el mismo jueves cuando el Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que, tras siete meses de pandemia, la pobreza ronda el 45% de la población. Así las cosas, el objetivo de pasar positivamente la primera prueba electoral en 2021 se plantea como una segunda incógnita para la administración del Frente de Todos.
Necesitado de consensos, el presidente aprovechó el acto de la UIA para anticipar el llamado al Consejo Económico y Social para antes de fin de año. Aunque no adelantó detalles de la agenda ni qué consensos específicos se buscarán, la ocasión se presenta como una oportunidad para trabajar alianzas y soportes políticos que sirvan para transitar el camino hasta el 24 de octubre, fecha de las legislativas.
Halcones y palomas
El presidente de la vigésimosexta edición de la Conferencia Industrial de la UIA fue el dirigente alimenticio Daniel Funes de Rioja, titular de la federación Copal y principal referente del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), que es el que vela por los intereses de los grandes operadores del comercio exterior.
No se sabrá si fue una decisión deliberada de la organización o una simple coincidencia, pero en la foto del cierre del evento fabril Funes de Rioja posó con severo rictus a la derecha del presidente de la Nación.
De prosperar el Consejo Económico y Social, Funes de Rioja asistirá como negociador representando a un sector de la industria que a simple vista es el más difícil de controlar para la administración oficial. En plena pandemia, con las restricciones económicas que afectaron a la población más desfavorecida, los precios de los alimentos fueron los más inflacionarios, a la par de otros de consumo masivo cuyos fabricantes no están nucleados en la Copal.
Según datos de la entidad Consumidores Libres, que encabeza el abogado Héctor Polino, el costo de la canasta de alimentos aumentó un 5,99% solo en noviembre. En el mismo mes, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) midió aumentos del 5,8% en alimentos y comidas elaboradas en cadenas de supermercados.
Los incrementos se producen pese a que existen acuerdos como Precios Máximos y Precios Cuidados, suscriptos por las propias empresas. Las fábricas remarcaron por fuera de esas listas y presionaron por la eliminación de Precios Máximos obligando a un desarme “progresivo”, ya confirmado oficialmente.
Los fabricantes de alimentos defienden las subas con críticas al impacto de la macroeconomía en los negocios y justifican por lo mismo la falta de inversiones privadas.
La contracara es lo que Alberto Fernández buscó documentar esta semana con la industria automotriz. El miércoles recibió a directivos de Ford, que anunciaron un desembolso de US$ 580 millones en el país. Este viernes, el titular del Ejecutivo asistió a la inauguración de una planta de Volkswagen en General Pacheco en el marco de una inversión de US$ 650 millones. «
El FMI destaca avances en la búsqueda de acuerdos
La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzan en las negociaciones técnicas con la mira puesta en alcanzar un acuerdo durante el primer cuatrimestre del año que viene, que permita refinanciar la deuda de U$S 44.000 millones que mantiene el país con el organismo multilateral. Ambas partes ratificaron que hubo «progresos» y trabajan en el marco de un díálogo constructivo, para avanzar en el entendimiento de un acuerdo que reemplace al suscripto en 2018 por la gestión macrista.
El vocero del FMI, Gerry Rice, se refirió en este sentido al estado de entendimiento mutuo. «Creo que es justo decir que las autoridades y el personal técnico del FMI comparten la opinión de que abordar los desafíos de Argentina requerirá un conjunto cuidadosamente equilibrado de políticas que fomente la estabilidad, restablezca la confianza, proteja a las personas más vulnerables y establezca las bases para una política sostenible e inclusiva», señaló.
Rice efectuó estas declaraciones a la prensa en la que fue su primera aparición luego de la celebración de la Cumbre Anual del FMI en octubre. El funcionario del Fondo agregó que el estado de las conversaciones «en curso» es «muy fluido y constructivo».
Asimismo, Rice dio la bienvenida al equipo de finanzas del ministro de Economía, Martín Guzmán, que se encuentra en Washington para mantener reuniones técnicas con miembros del staff del organismo, entre otros asuntos. «