El propósito del decreto que estableció un pago de $ 5000 en dos cuotas fue el de desarticular el paro general que habían pautado los dirigentes de la CGT para la última quincena de este mes y, al mismo tiempo, poner un límite al proceso de revisiones en curso en varios sindicatos.

Pero, además, las ambigüedades que pueblan la letra del decreto generaron un escenario de atomización a la hora de garantizar su cumplimiento. Es que tanto el artículo que habilita redefinir los montos y plazos para aquellos sectores «en declinación productiva» como aquel que habilita tomar el pago del bono a cuenta de futuros aumentos o como parte de las revisiones ya realizadas, fuerzan negociaciones sector por sector. Muchas se irán sustanciando en el transcurso de esta semana.

Marcar la cancha

Uno de los principales dirigentes de la UIA, Daniel Funes de Rioja, de entrada, buscó condicionar su cumplimiento señalando que apenas cuatro de cada diez empresas estarían en condiciones de pagarlo. El abogado laboralista especializado en la defensa empresarial, Julián de Diego, salió a cuestionar la constitucionalidad del decreto buscando dar soporte legal a toda empresa que quisiera eludirlo.

La Cámara de Estacioneros (Cecha), que tiene como contraparte al sindicato que conduce uno de los ahora dos dirigentes de la CGT, Carlos Acuña, se dio el lujo de anunciar que no podría pagar el bono. Las cámaras de la Alimentación aprovecharon el anuncio para discontinuar la discusión en curso para revisar el acuerdo salarial. Paradójicamente, el gremio es conducido por Rodolfo Daer, hermano de Héctor el otro cotitular de la CGT. Finalmente, los dirigentes del sector empresario, entre los que destaca Funes de Rioja, anunciaron que pagarán el bono y continuarán las negociaciones salariales el 7 de diciembre en las que, con seguridad, buscarán hacer valer el artículo que permite tomar ese pago a cuenta de la mentada revisión.

Lo mismo ocurrirá en gremios clave que están revisando sus acuerdos salariales. Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT y titular del Sindicato del Seguro, por caso, reconoció que «en muchos gremios se está negociando en la discusión paritaria. Es el caso de UTEDYC o el del Seguro donde estamos discutiendo la reapertura de la paritaria».

Varias empresas ya notificaron a sus empleados el pago del bono. Las compañías telefónicas, empresas como Aluar y fábricas del neumático o el Grupo Clarín, por ejemplo, ya emitieron comunicados internos. Se trata de grandes grupos con poderío económico y que, además, todavía no han revisado sus acuerdos paritarios. Existen casos de empresas que están testeando la posibilidad de que el pago se realice mediante tickets de supermercados aunque, para eso, necesitarían el aval de la parte sindical. En general, entre la masa de trabajadores todavía prima la incertidumbre.

Opiniones divididas

Sola, de la CGT, se mostró optimista: «Hasta donde tengo entendido las empresas van a acatar la resolución. Nosotros lo estamos tomando como parte de la negociación. No hay noticias de la supuesta inconstitucionalidad que mencionó de Diego».

Héctor Amichetti, titular la Federación Gráfica y dirigente de la Corriente Federal, por el contrario, opinó que «es muy incierto quién lo va a pagar y quién no. A nosotros nos dicen que van a pagar pero se van a agarrar de la parte del decreto que plantea la declinación productiva para sentarnos a discutir. Tenemos una reunión con la cámara esta semana para discutir la revisión para el último tramo del acuerdo. Firmamos un 31% pero ahora van a intentar que el bono sea a cuenta, como parte de la rediscusión».

El mismo Jorga Sola reconoció que «hay actividades que tienen problemas de empleo y eso significa que tendrán dificultades para pagarlo. En el calzado y en textiles están cerrando empresas. Ahí el bono quedó en un segundo plano», se resignó.

Otro de los sectores en los que el bono ingresa en medio del proceso de revisión paritaria es en Comercio que agrupa a casi 1,9 millones de trabajadores registrados. Pedro Cascales, secretario de Prensa de la CAME señaló a Tiempo que «el decreto es claro y hay que acatarlo. Hay flexibilización para los que puedan demostrar declinación productiva y, además, es un anticipo para futuros aumentos. Eso estamos negociando con el sindicato de Comercio. Entendemos que hoy la prioridad en todos los gremios es preservar los puestos de trabajo y no tanto el poder adquisitivo».

También están en un limbo los 400 mil trabajadores de la enseñanza de gestión privada. Es que sus ingresos se rigen por un principio de equiparación con los docentes públicos pero, al mismo tiempo, el decreto se refiere a todas las empresas privadas. Marcelo Aguilar, secretario de prensa de Sadop señaló que «nos corresponde porque nuestros empleadores son privados. El decreto es muy claro y no nos excluye. Pedimos el pago del bono completo para la jornada simple. Muchas escuelas y universidades privadas nos están diciendo que sí, otras que lo van a pagar pero en enero. Hay negociaciones con las cámaras para la parte fina pero en general la disposición es a pagarlo. El que no lo pague estará incumpliendo la ley», desafió.

El decreto dispone el pago de la primera cuota con los haberes de noviembre. La fecha límite legal es el 7 de diciembre. Como están las cosas, para la inmensa mayoría de los trabajadores registrados privados que son potenciales beneficiarios, la realidad se conocerá recién ese día. «