La Casa Rosada y los ministerios nacionales son escenarios de múltiples reuniones porque el gobierno prepara una batería de medidas con la mira puesta en revertir la situación del consumo y, por contigüidad, de la actividad económica en su conjunto.

La intencionalidad del grupo de medidas choca de plano con el perfil de la alianza Cambiemos y con el programa de gobierno que viene aplicando desde diciembre de 2015, pero la necesidad tiene cara de hereje: las encuestas a sólo cuatro meses de las PASO preocupan a Mauricio Macri y a su gabinete.

Al cierre de esta nota, las medidas puntuales estaban todavía en secreto. Según lo que se pudo recabar informalmente el gobierno podría proponer un programa de créditos a tasas bajas (posiblemente del 35%) para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH); y un relanzamiento del programa de créditos Ahora 12 para la compra de electrodomésticos de alta eficiencia energética que estaría limitado al segmento de las heladeras y los lavarropas.

El conjunto de medidas incluiría también un reforzamiento del desgastado Precios Cuidados, que por estos días está en el ojo del huracán por el desabastecimiento de productos básicos como la leche La Armonía.

También se anunciaría un acuerdo con fabricantes de alimentos y otros productos de consumo masivo, además de los supermercados. Según las versiones el plan establecería un congelamiento de precios por 180 días.

Y también se contempla dentro de este último paquete la tarifa plana de luz, una medida llamativa porque tradicionalmente el consumo energético decae en los meses del invierno.

El programa también incluye, una suba del 3% más $2000 por única vez para los trabajadores estatales, en tanto que se habla también de la ley de blanqueo laboral.

Aunque la a mayoría de las medidas puntuales todavía no sale del plano de la especulación, entre las empresas de consumo masivo no ocultan inquietud e incluso discuten las chances de que funcionen en el sentido en el que el gobierno espera.

Más allá de lo coyuntural, las firmas coinciden en desentenderse de toda responsabilidad en la suba de precios y derivan las quejas al Estado, al que señalan como responsable por la alta presión impositiva y atribuyen la obligación de garantizar condiciones para la mejorar la competitividad de las empresas.