El domingo a las siete de la tarde, la cuenta de Twitter de Almirante Brown anunció que la Lista 1 había ganado las elecciones. El frente ganador fue Por siempre Brown, liderado por Maximiliano Levy, que obtuvo 406 votos, el 51%, la mitad más uno de las voluntades. La otra parte, el 49%, fue para Walter Campodónico en su tercer intento fallido por llegar al gobierno del club de Isidro Casanova, en fórmula con su hijo, Esteban. Un rato antes, la secretaría de prensa del club habían anunciado que las elecciones se iban a impugnar por haberse adelantado de modo indebido. Pero por fuera de eso, Levy, con pasado en la barra de Boca y de Almirante Brown, detenido durante casi tres meses por sospechas de encubrimiento de otro miembro de La Doce, era el elegido para llevar un mandato de tres años.
Esos antecedentes hicieron que a la mañana siguiente de la victoria de Levy, el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, anunciara que sobre el presidente electo de Almirante Brown comenzaba a regir una prohibición de ingreso a los estadios en la provincia de Buenos Aires. “No tenemos complicidades con las mafias del fútbol, ni con barrabravas ni ex barrabravas que intentan blanquearse en las comisiones directivas de los clubes”, dijo Lugones según un comunicado del organismo, en línea con el relato antimafia que construyó desde que el abogado asumió bajo el ala de Cristian Ritondo.
“Vamos a pedirle a la @afa que evalúe la situación de Almirante Brown. La lucha contra las barrabravas es una lucha de todos”, tuiteó Lugones, sin precisar de qué debe constar esa evaluación, aunque se supone que se trata su afiliación. Y con el mismo discurso agregó que la medida “es la reafirmación de la pelea que la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, están dando en todos los frentes de la provincia de Buenos Aires”.
Como barra de Boca, Levy ocupó varias páginas de diarios cuando fue detenido en 2013 por el encubrimiento de su amigo, compadre y tocayo, Maximiliano Mazzaro, integrante de La Doce, ladero de Mauro Martín.
Mazzaro y Martín estaban acusados del asesinato de Ernesto Cirino, un vecino de Liniers, un episodio que no tenía ningún vínculo con el fútbol más allá de que quienes estaban señalados eran miembros de la barra de Boca. A Levy se le encontró ropa de Mazzaro, que estaba prófugo de la Justicia. Por ese mismo caso y ese mismo delito, estuvo detenido el arquero Pablo Migliore. “Soy amigo íntimo de Mazzaro”, declaró Levy, que estuvo ochenta días presos y que fue sobreseído en la causa. Desde entonces, se alejó de La Doce. A fines del año pasado, incluso, se lo vio en el Monumental durante el fallido partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, donde estaban prohibidos los hinchas visitantes. Dijo que había acompañado a su mujer.
Levy es dueño de un restorán en San Justo –donde luce un mural de La Bombonera- y de un boliche en Ramos Mejía, todo en el partido de La Matanza. “Me causa estupor que en plena democracia, cuando todos los derechos de los ciudadanos se encuentran resguardados por la Constitución Nacional, salga a manifestarse un funcionario prohibiendo la concurrencia a espectáculos deportivos de mi persona cuando nada debo a la Justicia”, le respondió Levy a Lugones en un tuit. “Esta medida se debe a que Lugones apoyaba a la otra lista que encabezaba Walter Campodónico y que contaba con el apoyo de Hernán Berisso”, le dijo más tarde al sitio Doble Amarilla.
Más allá de ese terreno de disputa, los antecedentes barras de Levy están a la vista. También está a la vista que no tiene causas penales abiertas. Y que fue elegido por la mayoría de los socios de Almirante Brown. Por fuera de la discusión sobre esa legitimidad, está el rol del Estado. En el caso de la Aprevide tiene una acumulación de denuncias de hinchas por arbitrariedades en las canchas de fútbol. El discurso de lucha contra las mafias es potente y parece irrefutable, marida bien con el relato de la gobernadora coraje. Tomar medidas contra los barras o ex barras puede sentirse como un gran avance. Pero implica también no atropellar la voluntad de los socios organizados en un club. Y tampoco las garantías de los ciudadanos. Quienes más han estudiado el fenómeno de la violencia en el fútbol se alejan de esas perspectivas. Incluso las deploran. En todo caso, si la situación de Levy con la ley fuera irregular para el Estado, ¿no tendría que haber una denuncia judicial? ¿No sería esa la responsabilidad de un funcionario público? ¿Levy sólo es un sujeto peligroso para los estadios de fútbol? Y, en todo caso, ¿en qué momento Levy dejará de ser un ex barra y se le levantará el derecho de admisión? ¿O el castigo es permanente?
Raúl Gámez era barra antes de llegar a la presidencia. Eran otros tiempos, es cierto, pero protagonizó batallas a las piñas en la Argentina y en el exterior. El tiempo, y una elección de socios de Vélez, lo convirtió uno de los dirigentes más consultados por los medios, acaso uno de los que mayor prestigio ha conservado. Puede ser que no sea el mismo caso, pero la situación de Levy pone a prueba un sistema que no puede quedar en manos de las decisiones arbitrarias de un funcionario. Aunque el afectado no nos guste.
