Un hormiguero policial se desparramó por el bosque platense el miércoles por la tarde. La invasión se debía al partido entre Gimnasia y San Lorenzo. Los hinchas de Gimnasia volvían a su cancha menos de una semana después de perder a César Lolo Regueiro, uno de ellos. Lolo había muerto durante la represión policial que se produjo en el partido con Boca, la masacre que no fue. A Gimnasia le habilitaron jugar en su cancha aunque sólo con socios. Tampoco, igual que con Boca, igual que desde 2013, podían ir hinchas visitantes. Pero la fuerza responsable de la represión que terminó con la vida de Lolo estaba ahí. Estaban ahí los policías que habían lanzado los gases que ahogaron a hinchas, jugadores, entrenadores y periodistas de campo de juego. Gases para todos. El fútbol argentino puede prohibir a los visitantes, puede jugar sin público, puede naturalizar la muerte en las canchas, pero nunca discutirá a la policía de Provincia o Capital.
Desde la recuperación democrática -incluso desde antes, pero pongamos ese punto de partida que es también cuando explota el negocio del fútbol- los gobiernos argentinos -nacionales y provinciales- solo han tenido respuestas punitivas para la seguridad deportiva. Quizá hubo algunas buenas intenciones, pero todo fue así: más policías, más vallas, control del DNI, doble cacheo, doble molinete, molinete de alta seguridad, pulmón de seguridad y sistema biométrico como el AFA Plus. En 2007 y 2008, luego del crimen de Marcelo Cejas, se impuso la originalidad de jugar sin público visitante en el fútbol de ascenso, lo que se extendió a la Primera en 2013 después de que una bala de la Policía Bonaerense matara a Javier Gerez, hincha de Lanús, en el estadio Único de La Plata.
El régimen penal para los hechos de violencia en las canchas lo estableció la Ley 23184. La ley De la Rúa. Tuvo algunas modificaciones, algún incremento de penas, pero es la que todavía rige. Se aprobó en 1985, el año que estamos revisando desde el cine. Y revisar ese año a partir de lo que sucedió en la cancha también nos sirve para vernos hoy. La ley que impulsó Fernando De la Rúa -entonces como senador- se aprobó luego del asesinato de Adrián Scaserra el 7 de abril de 1985. Ese día jugaron Independiente y Boca en Avellaneda. Adrián, catorce años, hincha de Boca, había ido a la cancha con su padre. Cuando el partido se terminaba, la Doce quiso ir a buscar a los hinchas del Rojo. La policía inició una represión lanzando gases a la tribuna desde el campo de juego y también cuerpo a cuerpo metiéndose en la popular. Una bala policial mató a Adrián. La imagen marcó una época: su padre, Juan, llevándoselo en brazos ya herido. Juan acusó al subcomisario de la Bonaerense, Miguel Ángel Sacheri. Pero el crimen quedó impune a pesar del esfuerzo que hizo Juan para que se investigara y no se entorpeciera la causa.
Un año antes del asesinato de Adrián, otra bala de la Policía Bonaerense había matado a Ricardo Geuna, un hincha de Tigre, en la cancha de Arsenal. Osvaldo Tapia, un suboficial de esa fuerza que vestía de civil en el momento del hecho, fue condenado por homicidio simple. Le dieron nueve años de prisión, un castigo que en la siguiente instancia se redujo a sólo dos años y medio.
Pero la reacción estatal sólo miró a las tribunas. A las barras bravas y a los hinchas. La ley sostuvo el poder policial. Del fútbol argentino de 1985 al fútbol argentino de 2022 la lógica es la misma. Se detuvo al jefe del operativo en La Plata, Juan Manuel Gorbaran y a Nahuel Falcón, el policía que disparó contra el camarógrafo de TyC Sports. Pero la política del gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, siguen la misma línea. Quien sigue a cargo de la seguridad en las canchas bonaerenses es Eduardo Aparicio, el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte que no pudo prevenir la violencia policial. Aparicio sabe sobrevivir políticamente. Fue secretario privado de De la Rúa hasta que el radical se fue en helicóptero de la Casa Rosada con las calles regadas de sangre. Lo rescató Daniel Scioli y ahora lo cobija Berni, que en un principio había mantenido en ese cargo a Juan Manuel Lugones, heredadaro de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo. Una declaración de continuidad. Si Lugones no siguió fue por una denuncia en su contra de abuso sexual.
Hace años que organizaciones como Salvemos al Fútbol y cientistas sociales que han estudiado la cuestión advierten sobre el rol de la policía en la violencia. Hubo propuestas desoídas de formar un cuerpo específico desarmado y especialmente capacitado. Pero la policía no se discute. Los clubes siguen pagando sus operativos. Por eso nada indica que lo que pasó en el Bosque no pueda volver a pasar. Esa noche fueron los hinchas de Gimnasia los que le dieron seguridad a otros hinchas de Gimnasia. Si no fue peor se debió a la autogestión de esos hinchas, a esa templanza también forjada en tantos años de maltrato policial. «
