«Vamos a tener un G20, ¿cómo no vamos a poder dominar un Boca-River?», dijo Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación. Era el 5 de noviembre de 2018. El presidente Mauricio Macri había tirado sobre la mesa la propuesta de que hubiera público visitante en las finales de la Copa Libertadores entre Boca y River. Pero en la tarde de ayer, en la final de vuelta, el micro con la delegación de Boca se dirigió al estadio Monumental por la Avenida del Libertador. Ya había quedado atrás el anhelo de Macri de los hinchas visitantes. Cuando dobló por Lidoro Quinteros, una lluvia de piedrazos y botellazos lanzados por un grupo de hinchas de River impactó contra los vidrios del micro y lastimó a los jugadores. «¡Llamá al médico, llamá al médico!», gritaron desde adentro, en medio del trauma. El Superclásico, la «final del mundo», el partido de todos los tiempos, había entrado en un pozo sin fin, ante los ojos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la encargada del operativo, con el satélite de los responsables en materia de seguridad.
La respuesta policial inmediata fue tirar gas pimienta y gases lacrimógenos a los hinchas, los que afectaron también a parte de la delegación de Boca. Fue el inicio de la represión. Algunas puertas de acceso al Monumental se cerraron. Y entonces, más tarde, en la puja por entrar después de la enésima postergación del partido por parte de la Conmebol, la policía reprimió a los hinchas, muchos con la entrada encima. Hubo más gases y hasta balas de goma en Libertador y Udaondo, en Libertador y Monroe, en todo Barrio River. Incluso, confirmada la suspensión, las corridas se sucedieron hasta adentro del Monumental, por el anillo. «No hubo problemas en todo el trayecto. En la curva hubo una falla de seguridad», admitió Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad porteño. Las agresiones contra el micro de Boca serán investigadas por la fiscal Adriana Bellavigna, que obrará de oficio. «Era tierra de nadie, fue una zona liberada», aseguró Francisco Franconieri, vocal suplente de Boca.
Las teorías de zona liberada, emboscada, inoperancia e internas en las fuerzas de seguridad crecieron con el correr de los incidentes. El operativo estuvo a cargo del gobierno porteño, cuyo ministro de Seguridad es Martín Ocampo, el compadre de Daniel Angelici, presidente de Boca. Pero la Ciudad pidió colaboración a Gendarmería y Prefectura, a cargo de la ministra Bullrich. Un combo que derivó luego en un pase de facturas que seguirá en la semana. Como corolario de la jornada, y como ya había sucedido durante la venta, hubo robos de entradas a muchos hinchas en la desconcentración del Monumental. El miércoles pasado, la Policía de la Ciudad ya había hecho un papelón en el partido entre All Boys y Atlanta, con un operativo ineficiente. «Espero que se tomen todas las prevenciones que se tienen que tomar para que esto no ocurra otra vez. La verdad, de seguridad no sé nada, simplemente contratamos un servicio. Debe haber habido algún problema, pero el micro de Boca no tuvo la custodia correspondiente. Los dirigentes sudamericanos estaban sorprendidos de que los operativos los pagan los clubes. En sus países lo hace el Estado», dijo el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio. Esta tarde, a las 17, si hay garantías de seguridad, se jugará la final de la Copa Libertadores.
