A la televisación gratuita del fútbol le falta apenas una palada de tierra para quedar sepultada. El desmonte del Fútbol para Todos (FpT) entró en la etapa de liquidación. La persiana del programa que empezó en agosto de 2009 se terminaría de bajar el viernes en la Asamblea Ordinaria cuando los dirigentes voten la ruptura del contrato televisivo entre el gobierno y la AFA, uno de los puntos acordados en la reunión conciliadora en el Hotel Emperador. Existirá, entonces, una única vía, un solo resquicio para reclamar la gratuidad del fútbol: el artículo 77 de la Ley de Medios, que preocupa a las empresas privadas dispuestas a quedarse con los derechos de televisación. Mañana entregarán sus ofertas en sobres cerrados, aunque antes de hacerlo llamaron la atención por ese artículo. Y actuaron: pidieron un decreto que lo deje sin efecto. «Hoy la ley está siendo incumplida», coinciden diferentes especialistas.
El artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece el derecho al acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante, entre ellos el fútbol, de manera gratuita. Dice, además, que es el Poder Ejecutivo el que debe garantizarlo confeccionando un listado anual de los acontecimientos, algo que se hizo por última vez en diciembre de 2015. Desde su asunción, Cambiemos no convocó a las audiencias públicas, la vía por la que se definen los eventos para ser trasmitidos por televisión abierta. «Hay una veta formal, administrativa y judicial como para que cualquier hijo de vecino demuestre que están lesionando uno de sus derechos», sostiene Martín Becerra, magíster en Ciencia de la Comunicación.
La equivocación -si de eso se tratara- tiene un costo. El gobierno está obligado a comprar aquello que se define como relevante y la empresa debe venderlo. El precio surge de una negociación en la que el Estado puede maniobrar -pagar menos- si planifica qué televisará. Hoy el área técnica de la TV Pública desconoce qué adquirir. «No se trata de un error, lo que lo vuelve peor», opina Santiago Marino, investigador y docente de Comunicación. «Claramente es el último escollo para derribar el fútbol gratis», afirma Graciana Peñafort, una de las redactoras de la Ley 26.522.
El incumplimiento no es lo que inquieta a los privados, futuros dueños de la televisación. El temor es que cae en un saco roto la mentada seguridad jurídica, un estandarte que suele agitar el gobierno y que reclaman las empresas televisivas. «Bajo qué garantía AFA ofrece los derechos para ser comercializados en los diferentes medios audiovisuales», dice el capítulo titulado viabilidad jurídica de la carta de Turner-Fox dirigida a la Asociación. La nota de la cadena estadounidense pide 23 aclaraciones. Se dio a conocer el 16 de febrero, cuatro días antes del límite para presentar las ofertas. Salieron a marcar la cancha. A presionar. «Es un problemón que tienen tanto el gobierno como aquellos que quieren quedarse con la televisación. Al desmantelar todo el edificio normativo hay un escenario que no ofrece garantías jurídicas en el mediano plazo», analiza Becerra y considera que la inquietud incluso es previsible.
Ni el gobierno ni la AFA lo tuvieron en su radar. Sí tomaron nota los privados. «Hay una diferencia de profesionalismo notable», apunta Marino. «No lo vieron porque antes el fútbol era estatal», agrega Peñafort. Algunas de las bases para la comercialización de los derechos ya fueron observados por las compañías interesadas. El principal temor es el artículo 77. ¿Cómo se podría solucionar? Macri podría derogarlo, como ya hizo con otros puntos de la Ley de Medios y tal como piden los futuros dueños del fútbol. «Las empresas no pueden condicionar una ley por un arreglo entre privados», advierte Peñafort. La eliminación, además, tendría varios problemas: un costo político en un año electoral y la posibilidad de que un gobierno de otro signo repusiera el artículo después de 2019. Hay un efecto que complejiza todavía un poco más la situación: de suprimirlo, afectaría a otros intereses incluidos en el artículo como la trasmisión de eventos culturales como, por ejemplo, un festival de folklore de relevancia nacional o regional. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual -hoy acéfala- ya alertó sobre el incumplimiento y presentó diversas medidas para confeccionar el listado de eventos de este año. «El incumplimiento coincide con una visión mercantilista de la comercialización de los derechos televisivo», dice Becerra.
«¿Cómo puede hacer para no cumplirlo? Por omisión. Es decir, no llamar a audiencia pública y que no se elabore el listado de eventos relevantes», estima Marino. La reflexión sintoniza con el análisis del Ente Nacional de Comunicaciones: el artículo 77 de la Ley de Medios tiene plena vigencia para el ENACOM. En el organismo, de hecho, no hay ningún tipo de aviso para explorar una modificación de la ley.
Fernando De Andreis, secretario general de la Presidencia, y Fernando Marín, el sepulturero del FpT, escucharon la lista de temores de los oferentes el último jueves, en otra reunión para encaminar la televisación del fútbol. Mañana a las 16:30 se abrirán los sobres cerrados en Viamonte 1366 frente a un escribano público. Habrá al menos dos propuestas. ESPN y Turner-Fox son las empresas que hace rato manifestaron sus intereses y sacaron varios cuerpos de ventaja para adjudicarse la licencia. Deberían cambiar algunos de los puntos ofrecidos para acercarse a lo que pretenden desde la AFA: un piso de tres millones de pesos anuales, una cláusula de ingreso de 1,2 millones y un contrato por cinco años con opción por otros cinco. La sorpresiva oferta de Consor no se formalizaría. Habría sido una maniobra para levantar el dinero recibido por las otras cadenas interesadas.
Desde que se comenzaron a buscar los remplazantes del FpT, la sociedad Turner-Fox apareció del brazo del Comité de Regularización, la extensión del gobierno en el petit hotel de Viamonte. En cambio, ESPN tendría mejor vínculo con el tinellismo. La guerra del lobby está abierta desde que Cambiemos cambió su promesa de campaña y abrió la pantalla del fútbol para los privados. Mañana sería un día clave para empezar a diseñar un calendario para 2017. Incluso para conocer la fecha en la que volverá el torneo, al que todavía le quedan 16 fechas. Mañana podrían comenzar a despejarse las incertidumbres.
«Si sale todo como está planificado, vamos bien camino al viernes», dice un dirigente salta de reunión en reunión para resolver los entuertos legales que atraviesan a la AFA. ¿Qué pasará ese día? La Asamblea aprobaría el fin del FpT, el nuevo contrato de TV, la reforma del estatuto y la creación de la Superliga. La posibilidad del fútbol gratuito quedará atada a un artículo de la Ley de Medios. Acaso la última esperanza. «
El estatuto le dice no a las SAD
La crisis en la AFA parece incluso arrasar con las victorias. En el medio de las negociaciones por la TV y el regreso del fútbol, los dirigentes lograron un triunfo clave para el nuevo estatuto. Tras una larga pelea, el texto que devolvió la FIFA eliminó el punto dos del artículo 10 que abría las puertas a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al aceptar a «toda persona jurídica» como miembro de la AFA. No sólo ya no existe si no que es más explícito: habla de «toda asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica».
«Tiraron un globo de ensayo y no pasó. Ahora está fuera de discusión», celebró un grupo de dirigentes que el miércoles se reunió en una charla-debate en Rosario para analizar el futuro del fútbol. La intención la obsesión del gobierno por incluir a las SAD en el terreno del fútbol sigue vigente y podría llegar por otras vías. Restan otras peleas. El estatuto que redactó FIFA cambió la conformación de la Asamblea a pesar del acuerdo que establecía que la Primera tuviera 22 votos y el Ascenso, 21. «No creo que la FIFA se entrometa en un arreglo político que llevó tanto esfuerzo», estima uno de los abogados que afina las letras del texto para que sea aprobado el viernes.
