En el campo cultural, el desafío que enfrentará el gobierno encabezado por Alberto Fernández es doble. Por un lado, restituir un concepto de cultura federal que contemple el mapa de las diversas identidades que integran el país, en contraposición con el criterio pintoresquista «for export» que primó en los últimos cuatro años. Por otro, volver a darles un lugar protagónico a las industrias culturales, que hoy padecen el mismo estado crítico que el resto de las industrias. Será preciso actuar en todos los frentes del sector cultural que fueron atacados: la desfinanciación del área, los despidos masivos de trabajadores de la cultura, el cierre de centros culturales, la anulación total o parcial de programas y la subejecución de presupuestos.
En este sentido, la ya anunciada reconversión de la Secretaría de Cultura en ministerio será un hecho clave, que tendrá a la vez un valor simbólico y material: volverá a jerarquizar al sector y exigirá la aprobación de un presupuesto adecuado para la implementación de programas de desarrollo.
La puesta en marcha general de la economía tendrá efectos beneficiosos sobre todas las industrias culturales, porque los consumos del sector tienden a ser los primeros en subir con la reactivación. Sin embargo, esto no será suficiente, porque la mayoría de ellas necesita de la aplicación de planes específicos.
La publicidad, la actividad editorial y el cine han sido las actividades más afectadas en los últimos cuatro años. La industria editorial, por ejemplo, ya no puede sustentarse sólo con la venta de sus productos en las librerías. Necesita, además, de la adquisición por parte del Estado de grandes cantidades de libros destinados a escuelas y bibliotecas, y esas compras fueron discontinuadas por el gobierno saliente.
El cine, por su parte, requiere subsidios sin los cuales, en un mercado reducido como el argentino, le es imposible funcionar. La mayor asistencia a las salas es un requisito necesario, pero no suficiente para su reactivación.
El desafío mayor será, sin dudas, la implementación de una política cultural clara, federal, inclusiva, que entienda el fomento de la cultura como una responsabilidad fundamental del Estado y no apenas como un buen negocio para los privados. Y en este punto será crucial la revalorización de los trabajadores del sector, que fueron denigrados de las formas más diversas. La discusión no pasa por si son muchos o son pocos, sino por si son los suficientes para hacer de la Biblioteca Nacional, para citar sólo un ejemplo, una usina cultural o un mero depósito de libros. «