Como todos los 23 de septiembre, este viernes se celebró el Día Nacional de las Bibliotecas Populares. Todos los años -para esta fecha que expresa la magia de los barrios- la Secretaría de Estado de Cultura, promueve festejos en estas instituciones que están ubicadas a lo largo de todo el territorio del país.

Sin embargo, esta vez sucedió con una particularidad, el Senado de la Nación no dio quórum al tratamiento de la modificación de la Ley que las ampara, ordena y brinda recursos. Quienes lideran estos dispositivos territoriales reclaman que las y los senadores traten el asunto con la mayor celeridad posible. Ello, teniendo en cuenta que esta norma -aún vigente- finaliza su curso en el mes de diciembre de este año.

Ante el acontecimiento de este suceso tan contradictorio, en el Día Nacional de las Bibliotecas Populares, este diario entrevistó a Gisela Pérez, integrante de Unidxs por la Cultura, Federación de Bibliotecas Populares de Buenos Aires y de la Red Latinoamericana de Bibliotecas Comunitarias y Populares.

“Este jueves tendrían que haber tratado la Ley 27.432, de fondos con asignación específica para la industria de instituciones culturales, estamos hablando de bibliotecas populares, cines, teatros, música y medios de comunicación comunitarios”, repasó Gisela, durante el diálogo que mantuvo con Tiempo. “Pero las y los senadores no dieron quórum y no la incorporaron a la agenda avisándonos que se iba a tratar a futuro” se quejó.

Cabe destacar que la norma en cuestión depende de los impuestos de la Agencia de Lotería Nacional, de estos ingresos, sale el financiamiento para la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), que es un organismo estatal de Argentina dependiente del Ministerio de Cultura, que apoya y fomenta el desarrollo de bibliotecas populares en todo el territorio del país.

También está el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). Es una herramienta que permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual -gravámenes y multas- para fomentar a los medios comunitarios, de las fronteras y pueblos originarios.

Estas instituciones gubernamentales son las que subvencionan todos estos espacios culturales en los territorios que brindan colores a la comunidad. “La Ley agota su vigencia en diciembre de este año, por una sanción que dictó el macrismo durante 2017”, recordó Gisela. Continuó subrayando que “si la norma no se aprueba, no habrá financiamiento para todas estas instituciones que están ubicadas en los barrios; sería un apagón cultural”, denunció la referente.    

El quince de junio pasado, en la Cámara de Diputados de la Nación se trató la Ley y fue aprobada con media sanción, “pero ahora el Senado no la quiere tratar”, aseveró Gisela. “Se está acabando el tiempo, estos espacios de integración social y cultural van a dejar de existir si no la tratan, aprueban y ponen en vigencia”, agregó.

La referente continuó relatando a este diario que la aprobación de la Ley 27.432 contempla una prórroga por 50 años:”Pero necesitamos su aprobación, para que más adelante nos podamos sentar en una mesa de diálogo todas y todos los representantes, referentes culturales, con las autoridades para poder ordenar y generar una política eficaz”.

Siguió ahondando en la disidencia que tienen ante la posición de las y los senadores “nosotros no estamos conformes con la prórroga, tendría que ser de manera vitalicia”, reclamó Gisela. Enfatizó en que no tiene que “existir una prórroga a la cultura y la educación”.

“Entendemos que somos una inversión de desarrollo local y regional que generamos futuro y presente, porque la bibliotecas populares somos una ventana que brindamos oportunidades y a los ciudadanos. También visibilizamos e informamos el tesoro comunitario”, describió Gisela. Además, puntualizó en que “no podemos especular con nuestros espacios, los distintos frentes del gobierno tampoco pueden especular con las bibliotecas populares, porque somos generadoras de paz, democracia y ciudadanía”.

“Invitamos a las y los senadores de los distintos frentes a que puedan hacer memoria sobre sus infancias, quizás algunas de ellas o ellos, fue a una biblioteca popular a buscar un libro, un abrazo, un afecto y hasta un proyecto de vida” llamó a la reflexión.”Queremos generar conciencia de clase colectiva en toda la comunidad sobre que si no se trata la Ley, el sistema comunitario de nuestros barrios morirá” advirtió.

Con la subvención de la CONABIP, se sustentan 1.500 bibliotecas populares en todo el país. Este es el monto de las que tiene reconocidas y protegidas, pero hay muchas más. “El problema es que para que esta Comisión te reconozca hay que cumplir con una serie de requisitos legales que dificultan el acceso al reconocimiento” señaló Gisela. Finalizó asegurando que “sin esta subvención no se puede pagar el alquiler, la luz, el gas, ningún tipo de servicio y tampoco a las personas que trabajan en las bibliotecas”.