«Si hay una beba adentro… ¡Ni una menos! Porque también la están matando», dijo Esteban Bullrich en un alevoso y torpe intento de plantear una contradicción entre la lucha contra la violencia de género y el reclamo por el aborto seguro, legal y gratuito, dos banderas axiales del movimiento de mujeres. Los dichos del exministro y primer candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, que sintetizan la cruzada «pro vida» de un sector de Cambiemos, recibieron un vasto repudio, pero se inscriben en un contexto político esquivo para el avance de cualquier proyecto de interrupción legal del embarazo. El mercado es parte de esa coyuntura y el ejemplo más flagrante es el precio exorbitante al que se comercializa en la Argentina el misoprostol, una sustancia recomendada por la Organización Mundial de la Salud para practicar abortos seguros en casos legales, y cuyo acceso se ha vuelto prohibitivo.

La situación fue denunciada ante el INADI por la abogada María Elena Barbagelata –precandidata a diputada por Convocatoria Abierta por Buenos Aires– por considerar que es un acto de discriminación. «El excesivo e injustificado costo del medicamento directamente imposibilita su compra, discriminando a todas las mujeres en general, pero en particular a las más pobres, a quienes padecen discapacidad y a las niñas y adolescentes», expresó.

El laboratorio Beta es el único que produce y comercializa la droga en el país, asociada a diclofenac y bajo el nombre de Oxaprost. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el medicamento pero solo para tratar dolencias gástricas, desconociendo su uso obstétrico y con una estricta modalidad de expendio con «receta archivada».

Beta «abusa de su posición dominante e impone precios exorbitantes», explicó Barbagelata, que además sufrieron un aumento del 300% durante el gobierno del partido de Bullrich. La caja de 16 comprimidos de Oxaprost, que costaba 611 pesos en noviembre de 2015, pasó a costar $ 2479, más de un 2700% más caro que en países como Francia. La abogada denunció asimismo la falta de políticas públicas que aseguren la disponibilidad y accesibilidad en centros de salud de este medicamento esencial para ejercer el derecho al aborto en los casos en que la normativa establece que es legal. Lo que en definitiva fomenta la compra y venta de pastillas por unidad por fuera del mercado formal.  «