La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó a Agustina Díaz, una joven que estuvo detenida en la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a raíz de mensajes intercambiados con su amiga, la detenida y acusada por el hecho, Brenda Uliarte.
Díaz tenía falta de mérito en la investigación y la jueza optó ahora por desvincularla definitivamente del caso, ante la falta de elementos para «profundizar la investigación» en lo referido a su persona, informaron fuentes judiciales.
Además, el fiscal federal Carlos Rivolo, quien tiene delegada la investigación, pidió sobreseerla al formular el requerimiento de elevación a juicio contra los tres detenidos del caso, Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Carrizo.
Díaz estaba con falta de mérito por decisión de la Cámara Federal porteña, que revocó un procesamiento como supuesta «partícipe secundaria» que le había dictado Capuchetti.
La joven quedó involucrada a raíz de mensajes que intercambió con Uliarte antes y después del 1 de septiembre de 2022, día del intento de asesinato de la Vicepresidenta perpetrado por Sabag Montiel.
«Mantenerla indefinidamente afectada a esta pesquisa significaría un menoscabo a sus garantías que no luce ajustado a derecho”, concluyó Capuchetti.
El contacto telefónico de Díaz apareció en el teléfono celular secuestrado a la novia de Sabag Montiel, Uliarte, registrada como «Amor de mi vida» y allí había intercambios a través del sistema de mensajería WhatsApp sobre la intención de la ahora detenida de «mandar matar a Cristina»
Y de manera posterior al hecho, se registró un intercambio entre ambas en el cual Uliarte le contaba que había mandado «matar» a la Vicepresidenta.
Diaz declaró al ser indagada que nunca tomó en serio a Uliarte y que no tuvo nada que ver con lo sucedido.
Capuchetti ya envió a juicio oral a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, este último como presunto partícipe secundario, en tanto ordenó seguir la investigación sobre la posible autoría intelectual del intento de magnicidio.
En este marco se inscribe la llamada «pista Milman» que sigue investigando el fiscal Rivolo y en el marco de la cual la Cámara Federal porteña tiene que decidir en las próximas semanas si ordena secuestrar el celular del diputado de Juntos por el Cambio para peritarlo.
Esto se debe a la supuesta frase «cuando la maten voy a estar en la Costa» que habría dicho en el bar Casablanca cercano al Congreso Nacional días antes del atentado, ante dos asesoras, según un testigo que declaró en la pesquisa.
