Los abogados de la familia de Facundo Molares están preocupados por el curso de la investigación sobre su muerte, el jueves pasado en el Obelisco, cuando la Policía de la Ciudad reprimió innecesariamente una manifestación pacífica y escasa que protestaba contra lo que denominaban la «farsa de las elecciones» PASO que se celebran hoy en todo el país.

Tres razones centrales justifican esa preocupación: la primera es que el padre de Molares, Hugo, juez de Paz en Trevelin, provincia de Chubut, todavía no fue aceptado como querellante en la causa que tramita ante la fiscalía de instrucción a cargo de Marcela Sánchez. El expediente está en una etapa inicial y como aún no hay ningún imputado, obligatoriamente discurre en la fiscalía. Sin embargo, el viernes la causa fue remitida al juez Manuel Gorostiaga, justamente para resolver si acepta como querellante al padre del difunto Molares, quien además tiene una hermana y una abuela de 91 años de edad.

Gorostiaga es uno de los buenos jueces del fuero penal de instrucción. Pasado en limpio: no intervienen los tribunales de Comodoro Py sino los del Palacio de Tribunales, en la calle Talcahuano 550. Si bien ha habido también allí un proceso de colonización hacia el ala más conservadora del Poder Judicial, simpatizante además de la actual oposición (más por rechazo al peronismo que por afinidad ideológica con Juntos por el Cambio), el fuero penal de instrucción es sustancialmente menos maleable que los tribunales de Retiro.

Los deudos de Molares muestran también alertas por una cuestión ideológico-familiar sobre la fiscal, sobre todo por la historia de vida de la víctima. Por ahora parece sólo un prejuicio destinado a confirmarse o descartarse con el devenir de la investigación.

Las otras dos razones de preocupación tienen que ver con lo que ocurrió en los primeros y elementales pasos de la investigación. Los abogados que representan a la familia de Molares, Gustavo Franquet y Eduardo Soares, tomaron rápidamente contacto con la fiscalía para pedir, primero, el reconocimiento del cadáver y, después, participar con un perito de parte de la autopsia. A ambas peticiones les dijeron que no.

Sobre el reconocimiento del cadáver les respondieron que no era necesario porque ya estaba acreditada la identidad de Molares y sobre la necropsia la respuesta fue que ese trámite estaba a cargo del Cuerpo Médico Forense y que –en todo caso- una vez producidos los informes finales podrían sobre esa base formular los planteos que consideraran necesarios.

La autopsia fue practicada, según un documento oficial de la fiscalía difundido el viernes por la noche, por Héctor Di Salvo, perito médico tanatólogo; Patricia Ares, Miriam Matoso, Mara Buzzi (especialista en Diagnóstico por Imágenes), Marta Maldonado (odontóloga forense), Mariano Brzezinky (médico obductor), Víctor Baldioli y Alfredo Speroni (fotógrafos).

Las conclusiones de la autopsia también causaron preocupación. Los amigos y compañeros de militancia de Molares sabían de sus afecciones cardíacas. El estudio forense determinó que murió por «congestión, edema, hemorragia pulmonar-cardiopatía dilatada». Y agregó a continuación: «No se observaron lesiones traumáticas con características punzantes, cortantes o penetrantes sobre la superficie corporal ni sobre los órganos internos salvo las mencionadas como injurias médicas en región inguinal derecha; las fracturas costales e infiltrados hemáticos en tórax, (que) podrían ser compatibles con las maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)».

Los resultados se conocieron coincidentemente el mismo día en que el juez federal de Esquel Gustavo Lleral sobreseyó a los gendarmes acusados por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Ese fallo, en resumen, afirmó que Maldonado había cometido delitos, que la Gendarmería actuó correctamente al reprimirlos y que la muerte se produjo por su exclusiva asunción de una conducta riesgosa para sí mismo.
Los abogados de la familia Molares temen que –a partir de los datos de la autopsia– la investigación se oriente hacia conclusiones similares a las del caso Maldonado.

Los antecedentes médicos de Molares consignados en la comunicación oficial de la fiscalía consignan «hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y pericarditis constrictiva, sucesivos cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal aguda, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, infección respiratoria por COVID-19 y una cardiopatía dilatada en tratamiento».

Paciente de riesgo, claro. Pero esos factores claramente se potenciaron por la situación que padeció cuando fue violentamente detenido sin justificación alguna. Molares no estaba cometiendo ningún delito. Interceder para que un policía no apalee a una mujer parece más un honroso acto de defensa que una figura contemplada en el Código Penal.

La familia sostiene que la forma en que fue reducido (tirado al piso, con policías presionando con sus botas sobre la espalda a la altura de los pulmones y causando dificultades para respirar, al igual que a otros detenidos), más el stress que ello conlleva precipitaron la muerte.

Para la titular de la CORREPI, María del Carmen Verdú, Molares fue víctima de homicidio agravado por haber sido cometido por efectivos de una fuerza de seguridad y no descarta también la figura de aplicación de tormentos.

Las tremendas imágenes de Molares muriendo muestran, además, que en los momentos iniciales tras el colapso no hubo maniobras de RCP por parte de los uniformados. Además, ante una hemorragia pulmonar como la que padeció, una simple búsqueda en Internet aconseja «colocar al afectado semisentado (sentado con la espalda reclinada hacia atrás en un ángulo de unos 45 grados), aplicarle hielo en el tórax, conservar la materia expulsada tras los golpes de tos y acudir a un centro sanitario». Los policías no tenían por qué saberlo, pero girar el cadáver hacia uno y otro lado tampoco parece una conducta muy profesional de su parte ante una emergencia con riesgo de muerte. «