El bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos presentó dos proyectos de ley destinados a recuperar los fondos fugados durante el macrismo para pagar la deuda que contrajo Mauricio Macri con el FMI en 2018. Esta iniciativa se divide en dos proyectos de ley, uno para levantar el secreto bancario de la Ley de Entidades Financieras, impuesta desde la última dictadura cívico militar, y ampliar así la facultad de la comisión Bicameral de Deuda, con el objetivo de saber cuántos son y cuánta plata fugaron, y un segundo proyecto es el que crea un impuesto a esos fondos para poder cobrar y así pagar al organismo de crédito.

Apenas se conoció la noticia, desde el Poder Ejecutivo lanzaron una rápida respuesta a través del Twitter de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien sostuvo que «el gobierno nacional valora la iniciativa del Bloque del Frente de Todos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia par quienes tengan bienes en el exterior no declarados». «Este Fondo, basado en un estricto sentido de justicia distributiva, contribuirá a la cancelación de la deuda con el FMI tomada por Mauricio Macri». De esta manera, se desprende que Alberto Fernández no se opondrá al tratamiento de los proyectos.

Según el comunicado del bloque oficialista en la cámara alta, “se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia” a partir de la creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI. Según pudo saber Tiempo, estos proyectos ya se venían elaborando desde hace varios meses, pero se tomó la decisión de esperar a cerrar el acuerdo para proponer donde ir a buscar los recursos para pagarle al organismo.

El proyecto lleva la firma de los senadores más allegados a la vicepresidenta Fernández de Kirchner: Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Martín Doñate y el titular del bloque y de la comisión bicameral de Deuda, José Mayans.

De esta manera, ambas iniciativas siguen el señalamiento que había hecho público la vicepresidenta en diciembre, cuando ante la multitud en Plaza de Mayo reclamó: “El FMI debe ayudarnos a traer los dólares fugados». De esta manera, se busca que se cumpla con la consigna de que “paguen la deuda quienes fugaron”, como reclama un sector del Frente de Todos.

“Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. El proyecto anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%”, indica la iniciativa.

El proyecto, a su vez, sostiene que quienes no se allanen al pago de este aporte “corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente”. La ley también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina.”

Los senadores, según dan cuenta en el comunicado que difundieron, proponen también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor.

Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada. Para poner en vigencia esta figura, se presentará otro proyecto de ley que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. “Las principales naciones del mundo crearon legislación en este sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras. Se propone también que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a esta información y así acelerar los procesos investigativos”, agregan.

Los senadores del Frente de Todos plantean que “así como una justicia que llega tarde no es hacer justicia, un Estado que recibe información financiera o fiscal, en forma tardía, es un estado bobo que no resguarda los bienes jurídicos o los intereses de los argentinos que debe proteger”.

El proyecto señala qué fondos estimados podrían ser alcanzados por este proyecto: “al 31 de diciembre de 2021, según las estadísticas oficiales, hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país. De ellos se encuentran declarados ante la AFIP sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020.”

“Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon – acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación – son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica”, sostiene en el bloque del Frente de Todos.

Desde el Senado argumentan que existen unos 400.000 millones de dólares en el exterior de residentes argentinos y menos de una tercera parte están declarados ante la AFIP, según lo investigado en lo que se llamó “los Panamá, Paradise y Pandora Papers”.

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