Zuliana Lainez: “El gobierno y las Fuerzas Armadas no quieren que queden registros de las violaciones a los Derechos Humanos”

El clima en el casco histórico de Lima es pegajoso y denso como una sopa espesa. El edificio de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) está enclavado en la calle Huancavelica al 300, a pasitos de la Plaza de Armas siempre vigilada por las patrullas de policías. Zuliana Lainez, presidenta del gremio de comunicadores del país andino-amazónico, recibe a Tiempo en su fresco despacho. Es custodiada por un cuadro con los rostros de los fundadores del sindicato fundado en el lejano 1928: Mariátegui, Ángela Ramos, Luis Alberto Sánchez. Detalla Lainez: “Gente que la tenía muy clara y que enfrentó tiempos tan duros como los que vivimos. Más cerca en el tiempo, hemos pasado la autocracia de Fujimori, pero la situación actual nos habla de un régimen autoritario, con violaciones a los Derechos Humanos, 60 muertos en el contexto de protesta social y más de 170 ataques a periodistas. Queda claro que somos un objetivo del gobierno y las Fuerzas Armadas, porque no quieren que queden registros de las violaciones a los Derechos Humanos”.

–¿Cómo se ejerce la profesión en este escenario?

 -Desde el 7 de diciembre hay una arremetida contra el periodismo, especialmente el independiente y el de regiones. Por otro lado, estamos viviendo una crisis de confianza, y eso tiene que ver con el sistema ecomediático que tenemos en Perú. Es concentrado en la prensa impresa, con un sólo grupo que maneja el 80 por ciento. Con la primacía de la televisión, que no responde a uno o dos grupos, pero desde el punto de vista de la cobertura, todos tienen la misma lógica informativa. No hay debate democrático, y eso la ciudadanía lo castiga. Por eso hay desconfianza en la prensa nacional. El periodismo no puede ser comparsa para terruquear a la gente que se está manifestando. Sin embargo, frente a las grandes corporaciones, hay un emergente de prensa independiente, digital y de regiones, que ayuda a conocer lo que no sale en los grandes medios. Pero sufren una arremetida terrible: hay proyectos para subir las penas por difamación, para obligar a colegiarse, se quieren acallar voces independientes, con las policías en las marchas, con un Poder Legislativo conservador y con un Ministerio del Interior que busca imponer un protocolo de cómo cubrir.

–¿Cómo es el mapa mediático en el Perú?

-Este es un país que tiene una altísima tasa de concentración en los medios impresos. El Grupo El Comercio maneja el 80% de los diarios de alcance nacional. Esto afecta a la pluralidad informativa y al derecho al trabajo: si un colega sale de ese grupo, dónde va conseguir trabajo. Tenemos una ley de radio y televisión que ya tiene 15 años y debería actualizarse, no incluye nada de lo digital, y fija parámetros para el nivel de concentración en estos soportes, pero deja hoyos oscuros. En verdad, todos los canales coinciden en la línea informativa, no hay opciones en señal abierta y en cable. En Perú hablamos con orgullo del periodismo independiente, pero tenemos que hablar también de los medios de extrema derecha que son usados para difamar. Medios como Willax, que son máquinas de desinformación, con códigos de ética ínfimos: terruquean, difaman, desinforman. Grupos conservadores que usan sus medios para generar corrientes de desinformación.

-¿Siente que Perú vive un presente que remite a los años de la dictadura?

-El peor momento para el periodismo en Perú fue entre 1980 y el 2000. Por lo que significó la violencia terrorista contra los colegas, con 50 periodistas asesinados, con casos que siguen en impunidad. Pero probablemente lo que se vive hoy nos lleva a los ’90, la dictadura fujimorista-montesinista. El nivel de represión contra los manifestantes y periodistas nos llevan a esa época. También con las campañas de difamación no sólo contra políticos, sino también contra colegas. Se los difama por investigar, por informar, un calco de la dictadura.

 -El cerrojo contra la prensa en Perú también incluye a los medios internacionales.

-Como sucede en las dictaduras, el papel de la prensa internacional es clave. En los ’90, sin el papel de las agencias de noticias probablemente no se hubiera conocido ninguna de las violaciones de los Derechos Humanos. Hoy estamos en una situación similar. Han sido agredidos: el fotoperiodista Aldair Mejía de Efe fue amenazado de muerte por tomar una foto de una detención arbitraria y recibió el impacto de un perdigón que lo tuvo dos meses alejado de la actividad. La prensa también es blanco de obstrucciones, como le pasó a Tiempo Argentino. Ustedes solicitaron una entrevista con el expresidente Castillo, se les negó tener acceso o enviar un cuestionario. Desde la ANP y muchas organizaciones creemos que lo que hizo Castillo el 7 de diciembre no era el camino. A pesar de que fue víctima desde el minuto uno de narrativas de fraude e intentos de desestabilización, el camino no era un intento de golpe de Estado, y fue el peor error. Desde las organizaciones se debe garantizar el acceso a la información. Los periodistas queremos recoger información, y cualquier obstrucción en este acceso es una obstrucción en el derecho a la información de la ciudadanía. Hay que escuchar todas las versiones de lo que sucedió. Y un actor clave es el expresidente Castillo. Lo mejor que puede pasar es escuchar su relato.

-¿Qué pensarían Mariátegui y otros fundadores de la ANP sobre lo que está pasando en el Perú?

-En momentos difíciles siempre nos acordamos de ellos. Esta asociación enfrentó otras dictaduras, me tocó vivirlas como militante del gremio. Tuvimos periodistas mártires, desaparecidos como Jaime Ayala y Pedro Yauri. No los hemos olvidado. Frente a regímenes autoritarios como el que vivimos hoy, hay que saber de qué lado pararse. Tenemos un lema en la asociación: “La información es un derecho del pueblo”. Si los periodistas no entendemos eso, seguro nos equivocamos de actividad.