Se trata de los gasoductos y la planta de licuefacción que permitirían grandes volúmenes exportables. Marín, ex Techint y titular de la petrolera estatal, presiona por uno de los ítems centrales en la Ley Bases aunque la producción de gas esté a media sanción en Diputados de su propia legislación.
En Vaca Muerta están ansiosos. Todavía falta desarrollar un proyecto para producir gas natural licuado (GNL), que fue firmado por el titular de YPF Pablo González y el expresidente del país, Alberto Fernández, en el CCK el 1 septiembre de 2022. Desde entonces se está desarrollando el sector de ingeniería entre los equipos de las dos compañías, Petronas e YPF, a través de un proyecto de 30 mil millones de dólares destinado a exportar GNL para los mercados del mundo.
Pero Marín, ex Tecpetrol (integrante del grupo Tecnint) y ahora funcionario de Milei al frente de la compañía nacional, salió a apretar de manera pública a Kicillof para que adhiera a un régimen que todavía no existe porque la ley no se sancionó. “Obviamente tienen que adherir al RIGI. Si no adhieren ya, se terminó la discusión. Si no adhiere la Provincia no hay que discutir nada, irá a la provincia que adhiera al RIGI. Es obvio, ¿Quién va a poner la plata si no?”, manifestó Marín. Y agregó que si Buenos Aires no adhiere las inversiones para la licuefacción del gas de Vaca Muerta no irán a Bahía Blanca sino a Río Negro, donde gobierna Alberto Weretilneck, cuya intención es que la iniciativa se traslade a Punta Colorada. El presidente de YPF a su vez reveló que desde la petrolera se le envió una “carta oficial” a ambos gobiernos y que él personalmente habló con los dos gobernadores. Sin embargo, Petronas llegó al país en 2022, mucho antes que Marín al gobierno.
Este proyecto, que Marín busca condicionar a la sanción de la cuestionada Ley Bases, propone la construcción de tres gasoductos que unen el yacimiento de Vaca Muerta con las tres plantas licuadoras, y la construcción de la terminal portuaria para exportar alrededor 25 millones de toneladas de gas por año, lo que implica un ingreso de 15 a 20 mil millones de dólares anuales para el país. “Se acaba la extorsión del campo”, coinciden distintas fuentes del sector.
En el comunicado de prensa de Petronas de aquel fatídico 1 de septiembre dice que la decisión de invertir queda sujeta a determinadas condiciones legales. Ahora Marín relaciona esas condiciones demandadas por la compañía, un marco legal que le dé previsibilidad cambiaria y seguridad jurídica a inversiones de semejante tamaño y duración de largo plazo, con el RIGI. Lo que no dice Marín es que Petronas ya podría tener un marco legal propio, la ley Régimen de Promoción al Gas Natural Licuado (GNL) que tiene media sanción en Diputados desde octubre de 2023 y que no llegó a prosperar en el Senado, en pleno agite del año electoral. O sea, Petronas ya había decidido firmar el acuerdo y había acordado enmarcarse en la ley. No necesitaba el RIGI.
De hecho, en ese momento, la oposición lo criticaba porque argumentaba que era una ley hecha a medida para las dos petroleras, la malaya y la argentina, pero no para todas las inversiones en general. De ese traje a medida de la ley de Hidrocarburos al no nato RIGI se amplía el campo de acción a todos los rubros, se brindan beneficios extraordinarios que permiten abusar de los recursos naturales así como bajar significativamente el monto de las inversiones y sacar los dólares fuera del país sin pagar retenciones a partir de ciertos plazos.
Incluso algunas fuentes argumentan que tampoco era necesaria la misma ley de Hidrocarburos, ya que con el viejo decreto 929/2013 del Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, que firmó Cristina Fernández de Kirchner, alcanzaba. De hecho, el primer proyecto que nace con Vaca Muerta se firma con la estadounidense Chevron que se instaló en el país solo con ese instrumento legal y hasta el momento nunca hubo quejas del mundo empresario.
Asimismo, a diferencia del RIGI que propone que las empresas extranjeras tengan prioridad en el uso de los bienes naturales como el agua por sobre la población local, el decreto de Cristina implementó un fondo de responsabilidad social de 53 millones de dólares que recibió la provincia de Neuquén.
Fuentes del sector explican que Vaca Muerta es un proyecto de toda la industria porque es tan grande que es necesario sumar al resto de los jugadores. De hecho, es la única política de Estado vigente que atravesó los gobiernos de CFK, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei.
Es por eso que los cuestionamientos llegaron a Marín por querer mezclar YPF y Vaca Muerta en la discusión del RIGI, enmarcado en la ley Bases, que se sancionó con negociaciones traicionadas en la Cámara Alta.
Pero todavía hay más aspectos clave en cuanto a regulaciones vigentes. Petronas ya usa el decreto 929 en el proyecto de Amarga Chica, Neuquén, un programa de 550 millones de dólares. En pocas palabras, conocen el clima de negocios. Ahora le toca poner 20 mil millones. Bastante más.
A partir de Vaca Muerta, Argentina ya tiene el gas que necesita y el resto estaría disponible para exportar. Sin embargo, todavía hay un 80% de la población que no accede al gas natural de red porque donde viven no hay conexión, por lo que se sigue abasteciendo de tan vital fuente de energía con garrafa. De igual modo, incluso cuando eventualmente estén terminadas las conexiones hacia el resto del país, los volúmenes de gas que puede aportar Vaca Muerta exceden por mucho el consumo interno y se pueden vender a mercados grandes como el de la India, Alemania o China y traer más de 15 mil millones de dólares al año. “Se acabó la restricción externa”, sintetizan.
Antes del intento de apriete de Marín a Kicillof, había salido a hablar el diputado Máximo Kirchner. “El empresariado nacional debería mirar con atención esto y expresarse en un sentido. Chevron funcionó y fue uno de los aceleradores de la producción en Vaca Muerta, podría decir allá al costadito de Perito Moreno, en Santa Cruz, la producción de oro y plata, o lo que es Cerro Vanguardia también desde el año 97 y con participación del Estado, están sacando minerales en la Argentina hace 27 años y en asociación con el Estado y funciona, funciona. Hay que tener la inteligencia suficiente y salir de molduras que nos conducen a fracasos”. Es que, quizá, las mega empresas extranjeras no vean con buenos ojos a la Argentina a la hora de hacer inversiones en un país donde se intentó matar a una vicepresidenta o se mete preso a quien se moviliza en contra del tan demandado régimen.
Esta semana, distintos bloques libertarios en la Legislatura bonaerense reclamaron que Buenos Aires adhiera al RIGI. El interbloque de La Libertad Avanza y Pro-Libertad presentaron un proyecto “para que la cámara declare la imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo Provincial adhiera al RIGI”, según explicó el diputado libertario Agustín Romo en su cuenta de Twitter. El texto lleva la firma de los once representantes de ambas bancadas.
Sin embargo, desde el bloque de Unión por la Patria en la Cámara que comanda Facundo Tignanelli, argumentan que no se puede adherir a un proyecto que no existe porque ni siquiera está sancionada la ley. Por su parte, el gobernador Kicillof no se pronunció sobre los dichos de Marín pero sí había sido muy enfático al sostener que el RIGI “así como está, es un desastre”.
Asimismo, Kicillof había declarado de interés para el gobierno de Buenos Aires la construcción de una planta de licuefacción en el puerto de Bahía Blanca que proyecta hacer YPF y Petronas. “Es un proyecto que lleva varios años de desarrollo. No vemos ningún motivo para que ni la conveniencia del proyecto, ni la radicación específica en el Puerto de Bahía Blanca tenga que ser puesta en cuestión. Confiamos en que vamos a poder continuar con esta importante inversión y que va a ser una realidad dentro de poco”, consideró el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.
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