Yogur para pocos

Un logro de este gobierno es que «corrigió bastante las tarifas de los servicios públicos» que insumían el 13% del salario en 2001, comentó Orlando Ferreres, para luego aclarar: «Con Cristina pasaron a ser el 3% y ahora ese 3% va a volver a ser 13%, eso es una corrección de 10 puntos del salario real».

El economista aclaró que «eso exige que el consumidor debe dejar de consumir otras cosas, no puede viajar al exterior como lo hacía, no puede comer tanta carne, yogur, etc.; es decir, tiene que cambiar los gustos porque tiene que pagar obligatoriamente los servicios, y eso se decidió que era lo mejor para achicar el gasto público». Una dura explicación de lo que es el ajuste.

Para Ferreres el ajuste es indispensable, y propone achicar el gasto público, del 46% del PBI actual al 30%. ¿Cómo se logra semejante reducción? La fórmula es la siguiente: «Hay 1,5 millón de pensionados por invalidez, hay que revisarlos; los jubilados que nunca aportaron y cobran como todos no ahorraron nada y cobran como los que sí ahorraron, hay que hacer alguna diferencia». Le falta considerar que los jubilados que entraron por la moratoria pagan los aportes que debían con una porción de los haberes mensuales. Para el titular de la consultora OJF, otro lugar para recortar es el empleo público.

Ferreres sostiene que el ajuste es sí o sí, y que hay que hacerse cargo. En sus palabras: «Hay una injusticia social que está por venir, (Mauricio) Macri no quiere pagarla, entonces, va a tener problemas». Una frase que lleva a reflexionar sobre lo que le están pidiendo a Macri en caso de renovar su mandato.

Cabe citar también las recientes declaraciones de Javier González Fraga: «Más allá de la recesión, si el dólar no es noticia la imagen de Macri mejora». La recesión no es una falla de esta política sino un objetivo para intentar quebrar la inercia inflacionaria, con menores salarios reales, para poner a la Argentina en el camino de ser «un país competitivo». Al costo social que sea. De eso se trata.

No se dejan presionar

Uno de los economistas que, se dice, más consulta el presidente Macri, sostuvo en una reciente exposición que «el plano sectorial vía la convención colectiva puede ser una puerta de ingreso a modificar las arcaicas relaciones laborales de Argentina: entrar por la ley general puede ser un escollo infranqueable en la negociación con los sindicatos». Las actividades tecnológicas y los sectores con mayor informalidad (gastronómicos, empleados de casas particulares) son especiales para comenzar, comentó el analista. 

Seguramente detrás de esta consigna, desde el Ministerio de Producción y Trabajo se intentó avanzar en uno de los sectores con mayor caída productiva: el textil. Ante el problema, se ofrece la solución de la flexibilización laboral, con fondo de cese laboral y banco de horas incluidos. Desde el gobierno la ecuación parecía ideal: uno de los sectores más afectados por las políticas implementadas no tendría elementos para rechazarlo: los empleadores porque los beneficiaría, los trabajadores porque verían cómo les aprieta el zapato, según la teoría Prat-Gay.

Pero tanto empresarios como trabajadores rechazaron de plano el acuerdo que pretendía el gobierno para rebajar los derechos laborales. Se les preguntó a los representantes del gobierno: ¿habrá alguna medida para restringir las importaciones que afectan al sector textil? No. ¿Tendremos tasas de interés compatibles con la producción? No. ¿Mejorará la capacidad de consumo de la población? Silencio.

El planteo de empresarios y trabajadores fue claro: el principal problema es la falta de demanda interna, la competencia desleal desde el exterior y los altísimos costos de financiamiento y tarifas. Ese es el verdadero problema.

El Ministerio de Producción y Trabajo recibió un fuerte golpe. Días después, un similar encuentro con la actividad metalmecánica (otro de los sectores más perjudicados por la política económica) no pudo concretarse por la decisión de la UOM de no presentarse a convalidar conversaciones para flexibilizar el convenio colectivo. Otro round perdido para el gobierno.

De hecho, los datos laborales muestran cómo el ajuste impacta duramente sobre los trabajadores. En los once primeros meses del año pasado se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo, 139 mil en el sector privado. Entre estos últimos, hubo una reducción de 63 mil trabajadores en la industria, 32.500 en el comercio y unos 23 mil en la construcción: claros efectos sobre el trabajo en los sectores que mayor caída en la actividad vienen mostrando.

En el caso de los salarios, los datos de noviembre confirman la reducción de su poder adquisitivo a noviembre de 2018: una reducción en el año del 10, 9% para los asalariados privados, del 11,7% para los públicos y del 15,6% para los no registrados.

Este dato agrava los comentarios de Ferreres, ya que al efecto de las tarifas que reducen los consumos de carne, yogur y otros tantos bienes de primera necesidad, se le suma el aumento del precio de estos por encima del incremento de los salarios, achicando aun más el poder de compra de los trabajadores. Una situación dramática.

Una supuesta opo dentro del oficialismo

Como se expone en los párrafos anteriores, el modelo no ayuda a la fuerza política oficial para hacer proselitismo. Y en el futuro cercano mucho menos lo hará. Cómo enfrentar este tema, entonces, mientras se propone que el único camino es este: el del ajuste, el del neoliberalismo.

La estrategia duranbarbista es clara: generar dentro de la alianza Cambiemos una suerte de «oposición» que critique algunas cuestiones económicas o sociales, pero que no vaya al fondo de la estrategia económica y no salga del «único camino posible».

Varios integrantes de Cambiemos han salido a plantear reparos ante algunos efectos de las políticas oficialistas. Una de las más destacadas es la diputada Elisa Carrió, ya sea criticando a la ministra de Seguridad, porque «se cree (Jair) Bolsonaro» pero diciendo al mismo tiempo que Patricia Bullrich «es muy buena persona y es honesta y está luchando».

En la última semana, Carrió desaprobó los recientes aumentos en las tarifas eléctricas y la no atención telefónica de las compañías energéticas a los reclamos por los cortes. Con buenos reflejos oficialistas, rápidamente el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, envió una carta a las eléctricas: «Solicitamos que refuercen sus canales de atención al cliente». Nada de exigir, nada de regular, sólo una exhortación. Cuando lo que está definiendo el mal servicio, en gran parte, es la falta de inversión. En este tema, Lopetegui lo resuelve fácilmente: «Reconocemos que 15 años de desinversión no se pueden corregir en tres», dejando de preguntarse por qué no invirtieron si es que recibían subsidios durante todo ese tiempo. El funcionario transita el único camino que plantea su gobierno: el «libre mercado» manda, (aunque en el tema de la electricidad, poco tiene de libre) y nada de regulaciones.

Lo peor que podría suceder es que se «compre» el discurso oficial (incluido el de los pulidos «detractores» del mismo paño). Ante el «único camino posible» que plantea la coalición gobernante, las elecciones constituyen una gran oportunidad para instalar un modelo económico y de país totalmente distinto al actual, que deje de ajustar y que se preocupe por el bienestar de la población. «