Voracidad yanqui: una empresa echada por Xiomara amenaza con hacer quebrar a Honduras

Los tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos a varios países americanos, y el reclamo de los sectores locales neoliberales en muchos otros para seguir el camino de los TLC, están marcando un nuevo capítulo del ultraje de la gran potencia, que a cambio de unas ilusorias promesas de bienestar les reclama a los pueblos empobrecidos la entrega de su soberanía. En estos tiempos, la víctima de la voracidad estadounidense es Honduras, y la ejecutora de las políticas de ahorcamiento es una empresa privada que inició una querella contra el Estado, reclamándole una indemnización de casi 11.000 millones de dólares. Son dos tercios del presupuesto del país. De prosperar, Honduras entraría en bancarrota.

En abril del año pasado el Congreso hondureño apoyó por inédita unanimidad la decisión de la presidenta Xiomara Castro de ponerle fin a una ley que estableció las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económica (ZEDE). El engendro, concebido al amparo del TLC pactado en 2013 por los gobiernos de República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, dio pie a la  creación de unas nuevas entidades a las que se conoce como “ciudades modelo”. Operarían, y en los hechos hay tres que siguen operativas, sobre tierras que el Estado cedió a los inversores privados. Esas sociedades tienen autonomía funcional y administrativa respecto del gobierno nacional, que nada puede hacer allí.

A cambio, los desarrolladores se comprometieron a atraer inversiones –a diez años de su creación aún andan en eso– y generar puestos de trabajo legítimos. Sin embargo, un punto central del tratado establece que, de ninguna manera, los inversores están obligados a contratar nacionales para satisfacer sus necesidades laborales. De igual modo, no garantiza que el incremento de la inversión vaya a ser un aliciente para el crecimiento del empleo nacional. Entre otras cosas, tampoco existe la posibilidad de expropiar por ninguna razón los bienes muebles e inmuebles de los inversores, y las diferencias que pudieren surgir entre estos y el Estado se dirimirán fundamentalmente por medio del arbitraje.

Ahora, quien sin haber invertido ni 100 millones de dólares le reclama 10.775 millones al Estado hondureño, es la empresa norteamericana “Próspera”, que con su solo nombre tanto dice y recuerda a los voraces bróker inmobiliarios de “Abarca y Devora”, referenciados en la excelente comedia muda “La última locura de Mel Brooks”. Próspera, creada para aprovechar y aprovecharse del modelo ZEDE, tiene su casa matriz en el paraíso fiscal norteamericano de Delaware. Radicó “su” ciudad en la isla de Roatán, otro paraíso, pero de la naturaleza, situado en las arenas blancas del Atlántico, en la tierra conquistada por Gran Bretaña en el siglo XVII y poblada con esclavos negros (los garífunas) llevados desde el occidente africano.

Las ZEDE no deben ser confundidas con zonas francas. Son un proyecto sensiblemente más radical, porque aquí el Estado expropia territorios de los municipios y los entrega a las corporaciones. A partir de allí, las empresas pueden establecer sus propios gobiernos. “Nos roban la soberanía –explicó Jari Dixon, diputado del Partido Libertad y Refundación–, son un nuevo país dentro del país, al que lo único que los conecta con el Estado son símbolos, el pasaporte y la bandera nacional. En las ciudades modelo todo lo controlan las ZEDE, que cobran sus impuestos, conforman su propio sistema de justicia, establecen su poder legislativo, crean su propia policía y, si les va bien, algún día también tendrán su ejército”.

Los hondureños festejaron el proyecto de la presidenta y la votación unánime del Congreso. Hablaron de “una victoria democrática” que imaginaron como el fin de una de las peores prácticas impuestas por el dictador Orlando Hernández, un fiel lugarteniente de Estados Unidos –de la DEA y la CIA– alojado hoy, paradójicamente, en el Metropolitan Detention Center, una cárcel norteamericana de Brooklin donde purga una condena por cargos de narcotráfico y corrupción. No imaginaron que Próspera tenía la posibilidad de accionar resortes que le permitirían seguir succionando la riqueza hondureña, al menos por los 50 años que le garantizó el acuerdo ZEDE. Basada en esto es que explica el monto demandado a Honduras. Serían sus ganancias del próximo medio siglo si pudiera seguir en Roatán.

Según el TLC, todo inversionista, y Próspera lo es, puede acudir a un tribunal que no está contemplado en los aparatos judiciales de Estados Unidos y Honduras. Se trata de un panel privado, de tres miembros –uno por parte y el tercero designado de mutuo acuerdo–, que puede decidir si el Estado violó o no los derechos dados por el TLC. Además, la empresa nacida en el paraíso fiscal de Delaware buscó otro fusible y acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y a las disposiciones de un Tratado de Inversión Bilateral Honduras-Kuwait. ¿A cuento de qué? Al CIADI porque es el tribunal más parcial y corrupto en el submundo de las inversiones, y al tratado firmado en 2017 con el país asiático simplemente porque en Roatán hay un inversor kuwaití.