La propuesta de Villarruel sobre las organizaciones armadas de los setentas ya fue rechazada por la justicia

Mientras el gobierno nacional intenta dejar atrás la crisis desatada por la visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a genocidas presos, la vicepresidenta Victoria Villarruel pretende mantener el tema en agenda: en el Senado, volvió a desplegar la teoría de los dos demonios y aseguró que impulsará el juzgamiento de las organizaciones armadas de los años setenta durante un acto en homenaje a las “víctimas del terrorismo”.

«Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”, aseguró Villarruel. Y añadió: “Todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Solo con los asesinos en las cárceles podremos en la unidad y el deber cumplido poner a nuestra amada Argentina de pie». 

El discurso fue inmediatamente repudiado por organismos de derechos humanos y familiares. “La vicepresidenta dice que las organizaciones armadas salieron impunes. No fue así: sus integrantes fueron torturados y tirados al mar. Se podrían haber hecho juicios, pero decidieron cometer los crímenes más terribles, de los que no dice una palabra”, señaló el CELS en redes sociales.

Lo mismo sostuvo Mariana Eva Pérez, hija de desaparecidos y querellante en el juicio Mansión Seré IV / RIBA II por el secuestro de sus padres: “A mí me encantaría que mi papi montonero estuviera preso y no desaparecido”.

La postura de la vice no es nueva: como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) milita desde hace más de 20 años por la liberación de los criminales de la última dictadura y propone juzgar a los “otros demonios” que “agredieron” a todo el pueblo argentino.

Los argumentos de una guerra contra el terrorismo son los mismos que utilizó la dictadura para justificar el golpe y la represión ilegal. Y, al igual que la dictadura, la vicepresidenta busca crear una falsa igualación entre el accionar de las organizaciones armadas y el terrorismo de Estado, una forma de justificar el genocidio: si entre las víctimas de la dictadura había “terroristas”, entonces no eran víctimas y su desaparición o muerte estaría justificada. 

A diferencia de los represores, que sostenían haber sido héroes y vencedores de una “guerra antisubversiva”, Villarruel y las organizaciones que reclaman “memoria completa” ponen el foco en los muertos producto de las organizaciones armadas. 

Si bien ha conseguido amplificar su discurso y pasar de la marginalidad del CELTyV al Senado de la Nación, todas las causas que se intentaron abrir por esos crímenes fracasaron hasta el momento ya que el derecho internacional no los considera delitos de lesa humanidad y por lo tanto ya están prescriptos por el paso del tiempo.  

El último intento de reapertura fue en 2022, cuando la Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a un nuevo pedido de abogados de represores para juzgar el atentado a la Superintendencia de Seguridad Federal de 1976.

El fallo de los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia en la causa sobre la bomba colocada por Montoneros generó un fuerte impacto en los organismos de derechos humanos porque se trataba de un caso ya saldado por la justicia, incluso había quedado firme en la Corte Suprema de Justicia en 2012. 

Poco más de un año después de esa decisión de Casación, la jueza federal María Servini volvió a rechazar el pedido de reapertura al concluir que el ataque al edificio de la Policía Federal no configuró un delito de lesa humanidad, ni un crimen de guerra ni una grave violación a los derechos humanos. 

“Más allá de los aberrante y reprochable que resulte, el análisis se limita a una valoración estrictamente jurídico-penal, puesto que la cuestión se ciñe a determinar si corresponde aplicar al caso de autos los tipos penales excepcionales que sanciones crímenes extraordinarios que habilitan la persecución sin límite de tiempo a sus autores”, señaló Servini en su resolución.

Otras causas que forman parte del reclamo de Villarruel y que se transformaron en bandera de los sectores negacionistas son la de la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien en 1974 fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo y su familia sostiene que fue asesinado por la organización, y el asesinato del dirigente sindical José Ignacio Rucci en 1973.

La causa Larrabure se encuentra en la Corte Suprema de Justicia desde hace años. En 2018, la Sala II de la Cámara de Casación Penal consideró que no correspondía aplicar las categorías de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra”. En la instancia anterior, la Cámara Federal de Rosario había sostenido que la querella de la familia Larrabure “no ha logrado acreditar la colaboración, apoyo o tolerancia por parte del Estado con el accionar de la organización ERP, lo que obsta a que los hechos sean declarados imprescriptibles”. 

El hijo de Larrabure, Arturo, no sólo es cercano a Villarruel e integraron juntos el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), sino que también fue sumado al MInisterio de Defensa de Luis Petri para integrar la dirección de Derechos Humanos de esa cartera. 

El caso Rucci tampoco logró avanzar en tribunales a pesar de la insistencia de la familia y de sectores pro-genocidas, quienes responsabilizan a la organización Montoneros de la muerte del secretario general de la CGT. 

En 2012, el juez Ariel Lijo concluyó que la hipótesis de investigación en la cual el homicidio de José Ignacio Rucci fue llevado a cabo por miembros de Montoneros “no cumple las propiedades de los delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no puede quedar sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad”. Es por eso que decidió archivar el expediente. 

Unos meses después, sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal revocó el cierre de la investigación y le ordenó que profundice la pesquisa, que continúa sin mayores avances desde entonces. 

Tanto Villarruel como la hija de Rucci, Claudia, a quien designó en la dirección de Derechos Humanos del Senado, le cuestionan a Lijo su actuación en esa causa por no haber citado a indagatoria a los dirigentes de Montoneros que continúan con vida.