Vidal busca reducir los costos políticos de su jugada por fondos

Sin quórum en el Congreso Nacional para avanzar con una nueva ley, el gobierno de María Eugenia Vidal resolvió ir a la Corte Suprema de la Nación para que declare inconstitucional el tope del Fondo del Conurbano y forzar así la salida política que no pudo lograr por consenso con el resto de las provincias. El reclamo es por 300 mil millones de pesos, una suma casi equivalente al actual presupuesto bonaerense.

La presentación fue formalizada el martes por el fiscal de Estado, Hernán Gómez, y tiene como principal demandado al Estado nacional e incluye a las 22 provincias como «terceros interesados» por considerar que podrían ver afectados sus recursos si el reclamo obtiene luz verde. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está excluida. El escrito pide que se declare inconstitucional el artículo 104 -en sus incisos b y d- de la Ley del Impuesto a las Ganancias que fijó un tope de 650 millones para la provincia, y que se la incluya nuevamente en el reparto general de acuerdo a la ley de Coparticipación, como ocurre con el resto de las jurisdicciones.

Además pide ser incluida en el reparto del Fondo de Infraestructura Social, que se compone del 4% de la recaudación de Ganancias y se reparte de acuerdo al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que hoy tampoco percibe la provincia. Por último, la presentación ante la Corte pide el reintegro de todo lo que debería haber cobrado sin el tope en los últimos cinco años. Según las estimaciones oficiales, ese retroactivo ronda los 248 mil millones de pesos.

Como no hay certeza del tiempo que se tomará la Corte para tratar el pedido de inconstitucionalidad, Vidal incluyó en la demanda una medida cautelar para poder ir cobrando el 10% de Ganancias correspondiente mientras se resuelve la cuestión del fondo. Como para este año está prevista una recaudación de 482 mil millones por ese impuesto, la provincia debería embolsar 48 mil millones. La apuesta del gobierno es conseguir esos fondos antes que termine el año.

El Fondo del Conurbano se creó en 1992 para compensar a la provincia por haber cedido seis puntos porcentuales de la coparticipación federal en 1987 y está integrado desde entonces por el 10% de lo recaudado por Ganancias. En 1996, la Nación decidió poner un tope anual de 650 millones -que se mantiene hasta hoy- y distribuir el excedente de lo recaudado entre las provincias restantes. En estos 20 años, ese límite significó cada vez menos recursos para la provincia en comparación con el resto.

Desde que llegó a la gobernación, Vidal buscó recuperar los millones perdidos y así lo acordó con Macri. Fue primero al Congreso Nacional: presentó un proyecto de ley para descongelar el Fondo junto a los senadores nacionales por la provincia que, como era previsible, no avanzó. Ante ese panorama fue por la vía legal que estuvo en los planes desde un primer momento. El objetivo: que la Nación transfiera los fondos, pero sin el costo político y la rebelión del resto de los gobernadores que le significó incrementar en un 167% la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por el paso de la Policía Federal, en enero pasado.

En el entorno de Vidal repiten, no obstante, que «la solución no es judicial sino política», aun cuando la Justicia les dé la razón. La estrategia es forzar la negociación con el resto de las provincias. Si la Corte da luz verde al reclamo, el Estado nacional deberá pagar pero habrá que ver cómo operará la devolución, si recortando fondos a las otras jurisdicciones o resignando fondos propios.

Aunque dicen entender la discriminación de Buenos Aires, el resto de los gobernadores está en alerta y advirtió que no aceptará un recorte de fondos. Es que hoy todo el excedente de recursos sobre el tope de 650 millones se lo llevan las provincias restantes; eliminado ese límite, quedará muchísimo menos para distribuir. «Más allá de esta reivindicación, no se puede hacer en detrimento de los recursos coparticipables de las demás provincias, por lo cual hay que encontrar un mecanismo que atienda los reclamos sin complicar los recursos de las distintas provincias», resumió el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el primero en salir a marcar la cancha en la polémica que recién comienza. «