Vicentin endulzó su oferta y ahora el concurso depende de los bancos extranjeros

Utilizando una figura de moda por estos tiempos, los principales actores del concurso de Vicentin llegaron a un principio de entendimiento, justo cuando se están por cumplir dos años del inicio del expediente. Tras el bochazo que recibió su primera propuesta de pago en diciembre, la conducción de la agroexportadora mostró esta semana una segunda oferta, introduciendo mejoras que apuntan a obtener la doble mayoría que requiere la ley para resolver estos procesos.

Si el consorcio de bancos extranjeros avala la propuesta, la firma santafesina pasará a manos de la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina (ex Glencore). Se trata de las únicas empresas que hasta acá mostraron voluntad (y dinero) para encontrar una salida a la crisis que explotó en 2019, pero que se gestó mucho antes, según la hipótesis de diversas investigaciones judiciales. El tiempo pasa rápido, pero fue el 5 de diciembre de aquel año, cinco días antes del cambio de gobierno, que se anunció un «estrés financiero» que dejó patas para arriba al mercado de granos.

El 10 de febrero de 2020 Vicentin solicitó la apertura de su convocatoria de acreedores y desde allí el tema pasó por diferentes estadios, incluido un lapso en el que la Casa Rosada intentó estatizar la compañía. Con el diario del lunes se puede decir que aquella jugada significó un gran error, no por su objetivo -demonizado por algunos, celebrado por otros- sino por las formas. El anuncio de intervención empoderó a la agroexportadora, que pasó de victimaria a víctima. Tras la retirada del gobierno, las cartas ya estaban marcadas y el conflicto se dirimió según los designios de la ley de concursos y quiebras.

La nueva oferta

La normativa indica que para aprobar el «acuerdo preventivo» se requiere una doble mayoría: de acreedores y de capital. Con ese claro objetivo se redactó la nueva oferta, que respecto a la de diciembre trae dos cambios principales. Por un lado, se ofrece un pago inicial de U$S 30 mil por cabeza, lo que resuelve la situación de unos 800 acreedores (sobre un total de 1700), que cobrarán su crédito cash y sin quita. Por otro, la cesión del 95% del paquete accionario, un gesto hacia los bancos internacionales, que reúnen un pasivo de U$S 600 millones sobre un total de U$S 1600 millones. Los bancos no quieren ver ni en figuritas a los miembros de la familia Vicentin, pues consideran que los estafaron lisa y llanamente.

En la propuesta inicial, rechazada por el juez Fabián Lorenzini, la empresa había ofrecido un plan de pagos a 15 años y una quita del 70% en todas las deudas. Para los acreedores más chicos, la nueva oferta implica el reconocimiento del 100% de la deuda, a cobrar en un único pago.

El resto de los damnificados tendrá dos instancias de cobro -en los dos años iniciales-, en tanto que el saldo de su deuda se capitalizará «mediante la entrega de acciones», según detalla el documento. Dichas acciones -que irán a un fideicomiso- serán recompradas al año 12 por los inversores estratégicos (ACA, Molinos y Viterra). Esta movida permite un ahorro fiscal a Vicentin, al tiempo que elude el término «quita» en su propuesta. Cálculos iniciales indican que al final del camino los acreedores (de escala mediana y grande) terminarían recibiendo un 70% del valor de sus acreencias.

Para cumplir con los compromisos, Vicentin venderá sus principales activos, lo mismo que su participación residual en Renova. Por todo concepto, se volcarán unos U$S 750 millones durante el proceso (U$S 450 millones en los dos primeros años).

El juez cita a las partes

Que se haya apelado a la misma figura utilizada por el ministro de Economía para referirse al acuerdo con el FMI no es casual. Es que si bien desde la compañía santafesina hablan de fumata blanca, aún queda mucho camino por recorrer para finalizar el proceso. «Es un avance», concedió una fuente de consulta de los bancos extranjeros, que a renglón seguido planteó que «sería aventurado hablar de que ya existe un arreglo». Vale recordar que en este expediente están involucradas sociedades internacionales con estructuras burocráticas grandes, inclusive con participación estatal, por lo que su respuesta puede demorarse en el tiempo.

Con todos los acreedores pequeños en el bolsillo, será justamente la respuesta de los bancos extranjeros la que determine el éxito o fracaso de la iniciativa. Luego estará la palabra del juez Lorenzini. Fuentes con acceso al magistrado comentaron que ve con buenos ojos la situación, aunque aclaran que aún faltan varios detalles por atender.

A Lorenzini le preocupa especialmente que hasta aquí no apareció una propuesta concreta para la supervivencia del denominado «Nodo Norte» de Vicentin, esto es, el conjunto de fábricas ubicado en la localidad de Avellaneda, donde trabajan 200 personas. Para los «inversores estratégicos», estos activos no son de interés y hasta tanto no se resuelva una situación con el Banco Nación (ver aparte), su futuro es sombrío.

La próxima jornada clave es el jueves 10. Ese día se reunirán en el despacho del juez los principales actores del concurso, con el compromiso de que todos brinden una primera devolución, más allá de los primeros trascendidos que circularon por estos días.

La compleja situación del Banco Nación

Si bien el Banco Nación es el principal acreedor del concurso preventivo, su peso específico en el expediente se fue reduciendo y hoy se encuentra en una difícil situación, con poco margen para oponerse a un eventual acuerdo.

Como la mayor parte de su crédito se categoriza como «privilegiado», no incide a la hora del cómputo de las mayorías. Aunque, como tal, puede boicotear el acuerdo, su actitud tendría límites políticos, porque se enfrentaría a un grupo de 800 acreedores que de prosperar el actual esquema cobrarían sus deudas en forma inmediata.

El origen de su «privilegio», incluso, lo puso en otro brete. Su pertenencia a esta categoría se deriva que es uno de los pocos acreedores que viene cobrando parte de su deuda: lo hace por tener prendada la facturación de una planta de etanol ubicada en Avellaneda, que desde hace meses funciona al mínimo de sus posibilidades.

Vicentin planteó que la fábrica no tiene futuro a menos que el banco acepte un cambio de garantías. Dicho esquema no le cierra al órgano que conduce Eduardo Hecker, ya que podría implicar cobrar su deuda en 500 años.