Los veedores del concurso preventivo pusieron en aviso al juez que en el proceso de revisión no se informaron los seguros contratados, lo cual atenta con los puestos de trabajo. También hablan de una "posible fuga de divisas".
Mediante la utilización de los seguros –alertaron- “hemos visto en nuestro país una de las ventanas utilizadas para la Formación de Activos Externos, esto es fuga de divisas al exterior”.
Así lo documentó el abogado Gustavo Feldman, quien representa a un grupo de productores –la mayoría de ellos cooperativos- perjudicados por la situación económica que atraviesa el grupo.
Los veedores Juan José López Forastier y Sergio Juan Arelovich le notificaron al juez que uno de los puntos ordenados en el marco del concurso preventivo a principios de 2020, cuando estalló la crisis de Vicentín, no se está cumpliendo.
El juez había ordenado el “control de la política de seguros y protección de los activos de la empresa. Evaluación de la sobre o subvaluación, determinando la suscripción de las pólizas con aseguradoras solventes. Evaluación de los seguros sobre mercadería de terceros y las ART”.
Sin embargo, los veedores explicaron: “los Auditores Forenses nos han hecho saber que el tópico no integra el programa de trabajo que ellos han trazado”.
“Sería eventualmente lesivo para la marcha del presente proceso concursal y para la continuidad de la empresa desatender dicha cuestión”, subrayaron,
La nota remitida al juez Lorenzini menciona los “puntos de interés vinculados con la temática de seguros”, entre ellos “conocer la totalidad de los Seguros de Daños Patrimoniales y de Personas con el detalle de las compañías aseguradoras intervinientes, tanto en el país como en el extranjero”.
Además, propusieron “determinar si las sumas aseguradas se corresponden con los valores reales de los activos de la empresa y si los activos del grupo se encuentran debidamente cubiertos con el fin de garantizar efectivamente el patrimonio que es resguardo de los acreedores”.
Los veedores reclamaron “el debido control respecto del trámite de los siniestros que hayan acontecido con posterioridad a la presentación del concurso y verificar que las liquidaciones de los daños se ajusten a las previsiones de las pólizas involucradas”, además de “verificar si existen siniestros pendientes de pago de fecha anterior al concurso y cuáles son los motivos de la demora”.
En ese sentido, también apuntaron a “constatar que los siniestros sean abonados en cuentas de la empresa sin que existan cesiones de derechos o endosos de las pólizas a favor de terceros”.
La propuesta incluye también un estudio sobre la posible fuga de divisas –aún en el marco del concurso de acreedores- mediante “contrataciones de seguros de vida con prima única que favorezcan a los Directivos y Accionistas de la empresa”, ya que esos mecanismos puede constituir “una de las ventanas utilizadas para la Formación de Activos Externos, esto es fuga de divisas”.
“Consideramos imprescindible contar con un auditor especializado en la materia que con urgencia se avoque a la cuestión descripta, con el propósito de garantizar la sanidad del proceso y la recta administración de justicia”.
Los veedores privilegiaron –según la nota- “la protección patrimonial de activos de la concursada, en la defensa de la totalidad de los puestos de trabajo y velando por la integridad del derecho de los acreedores. Ello sin descartar la existencia de una eventual comisión de delitos penales de acción pública”.
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