La protesta será a partir de las 16 en el Parlamento porteño, en Perú 160, con las consignas "Se Va Buenos Aires" y "No Bombardeen Buenos Aires" y está convocada por agrupaciones como Basta de Demoler, Casco Histórico Protege, Tierras Ferroviarias Verdes y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
«La demolición del patrimonio es una problemática histórica en Buenos Aires, pero en las últimas décadas la destrucción se aceleró a un ritmo alarmante. Por eso nos movilizamos», indicaron desde Basta de Demoler. Afirmaron que «Buenos Aires está gobernada por la especulación inmobiliaria» ya que «pese a que la población de la Ciudad no aumenta desde mitad del siglo XX, cada vez se permite construir más y a mayor altura sin respetar el entorno barrial, los edificios patrimoniales ni mejorar la infraestructura de los servicios».
Además, la movilización de mañana exigirá la participación ciudadana sobre las dependencias del Gobierno de la Ciudad que evalúan las construcciones que puede ser demolidas y las que permanecen en pie al advertir que «hay una discrecionalidad y falta de transparencia con que estos organismos tomas las decisiones». También, expresarán su oposición a los convenios urbanísticos firmados entre la administración porteña con distintos desarrolladores urbanos para levantar once nuevas torres en diferentes barrios que ya cuenta con una primera sanción legislativa, no obstante aún requiere de una segunda aprobación para entrar en vigencia. «Decimos no a las torres y los convenios urbanísticos, basta de privatización de tierras públicas y venta de espacios verdes», destacaron.
Los colectivos barriales, en tanto, atribuyen la proliferación de torres en zonas de casas bajas al Código Urbanístico que fue aprobado en 2018 por la Legislatura, en reemplazo del anterior Código de Planeamiento Urbano, que amplió los topes de las alturas permitidas para futuras construcciones. En ese sentido, algunas de las asociaciones iniciaron una campaña de recolección de firmas en la plataforma Chance.org (Change.org/SeVaBuenosAires) para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo «suspenda los efectos del Código Urbanístico, aprobado en el 2018, que permite la destrucción de la identidad de los barrios residenciales de casas bajas e impulsa la sobre construcción en otros barrios ya consolidados».
«Necesitamos que dejen de defender los intereses económicos de unos pocos en contra de los derechos colectivos de la ciudadanía. La construcción de mega edificios no resuelve en absoluto el déficit habitacional de larga data en la Ciudad de Buenos Aires», indicaron en la petición.
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