Es el que es impulsado por Libres del Sur y fue rechazado en la Mesa de Entradas de Diputados días atrás. Apunta a paliar los efectos de la inflación, que en febrero estaría en torno del 6%.
Según la organización, el personal de la Mesa de Entradas de la institución se negó a recibir el texto con el argumento de que tenía orden de no hacerlo. En el Congreso desmintieron la versión sin dar mayores detalles.
Entre el lunes y el martes próximos, Libres del Sur definirá una presentación judicial para poder concretar el ingreso de la iniciativa, y estudia también otras medidas que incluyen una nueva visita al Congreso para repetir el intento de entrega de la documentación que sostiene al proyecto (cajas con 1,85 millones de firmas), señaló a Tiempo Isaac Rudnik, titular del Instituto de Investigación Económica y Política Ciudadana (Isepci) y referente del mencionado espacio.
Libres del Sur responsabilizó a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, por el rechazo “ya que fue notificada desde octubre del año pasado de todo el proceso” y, presuntamente, también de que el proyecto sería llevado al Congreso el 28 de febrero.
La idea del proyecto se propuso en agosto del año pasado. En ese momento, la organización lanzó la campaña nacional de recolección de firmas que recibió un fuerte respaldo de la ciudadanía.
Entre los argumentos de la iniciativa, se destaca que los precios “han subido fuertemente por sobre los ingresos de los sectores populares”. El Isepci consignó que la Canasta Básica Alimenticia se incrementó el 185% desde 2019 y que los salarios en general, el Mínimo Vital y Móvil, la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones mínimas perdieron un 29% en su capacidad de compra.
También que las tarifas del gas y la luz “tuvieron incrementos enormes durante el gobierno de Macri: 1700% y 3500% respectivamente. Con la actual administración del Frente de Todos se moderaron en 2020 y 2021, pero ya este año se incrementaron en un 40%. Con los que nuevamente pasaron a representar un 10% de los ingresos populares”.
El primer artículo del proyecto propone el congelamiento de los precios de todos los productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) del Indec. El segundo plantea que por el mismo período de tiempo se congelen las tarifas de luz y de gas en todo el territorio nacional para los sectores de ingresos menores y medios, en los marcos de la segmentación energética establecida.
A la espera de los datos oficiales sobre febrero, que se publicarán el 14 de marzo, esta semana comenzaron a aparecer las mediciones privadas.
El viernes se conoció el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, una encuesta a la que responden empresas y consultores muy relacionados con las empresas. El REM consignó que los consultados anticiparon que la inflación será del 6,1% en febrero y que proyectaron un 99,9% para todo el año.
Por otra parte, el miércoles último, la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados (OJF) midió un salto del 6,4% en el segundo mes del año (101,5% anual), con especial tracción del rubro Alimentos y Bebidas, que aumentó 9% en el mes, siendo el de mayor incidencia en el promedio general con tres puntos porcentuales.
Otros incrementos importantes, según OJF, se vieron en el apartado de Salud que, fogoneado por los aumentos autorizados a las prepagas, subió un 6,8% en el mes, Transporte y Comunicaciones, 5,5% e Indumentaria 4,4%. La inflación núcleo arrojó un aumento del 6,7%.
Focus Market reportó un aumento de precios del 6,1% en febrero con picos destacados en Higiene y Limpieza (8%) y Alimentos (7,2%), traccionado por las subas de la carne, de fuerte incidencia en la canasta, si bien analizó que “el calor de la variación” se vio principalmente en los incrementos de los servicios regulados: prepagas, telefonía móvil, servicios de cable, tarifas de electricidad, servicio doméstico y combustibles.
La Secretaría de Comercio y los municipios bonaerenses de La Matanza, Escobar, Hurlingham, Almirante Brown, Ituzaingó y San Fernando fiscalizaron ayer hipermercados. Los inspectores labraron actas por infracciones en la exhibición de precios y por productos vencidos.
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