El Ministerio de Capital Humano anunció una "propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional", pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aclaró que no hay ningún acuerdo.
Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió a aclarar minutos después: no hay ningún acuerdo, el gobierno no oficializó la propuesta, y tampoco cubre todos los reclamos: los gastos de funcionamiento son solo el 10% del total de gastos del sector. Y algo más: ratificaron la Marcha del 23.
El CIN publicó:
«Ante la propuesta que acaba de hacer pública el gobierno nacional sobre nuevas medidas de la Secretaria de Educación el CIN informa:
El sector universitario vive el peor presupuesto desde 1997, cuando empezó a haber registros. Y de no mediar aumentos, tienen vida hasta junio. En ese marco, el Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello, afirmó en la noche de este jueves: «De acuerdo a lo previsto por el Gobierno Nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661».
Y añadieron condiciones: que las universidades avalan un autoajuste. «Se realizará una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del CIN (Consejo Universitario Nacional) para conversar sobre como, juntos, avanzaremos, en los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad».
Desde Capital Humano completaron: «Se acordó avanzar en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales, tal como indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N°24.521, en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes». El acuerdo fue negado por el sector universitario.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, publicó en sus redes: «La marcha del 23 va a ser histórica! No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, de manera informal, donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades».
Y acotó: «Los gastos de funcionamiento representan solo el 10% del presupuesto universitario. El otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, comparados con la inflación».
Además de los sueldos y el cierre de la infraestructura, otro reclamo central es el que atañe al ataque y desmantelamiento de la ciencia, íntimamente relacionada al funcionamiento universitario. En las últimas horas, los rectores y rectoras que integran la comisión de Ciencia y Tecnología de la CIN publicaron: «Junto con la situación presupuestaria de las universidades, nos preocupa la falta de definición en cuanto a la continuidad de programas y proyectos de investigación gestionados por otras instituciones centrales para el financiamiento de la ciencia y la tecnología en el país, como la Agencia de I+D+i y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología».
Remarcan que la suspensión del financiamiento afecta la infraestructura y equipamiento necesarios para llevar a cabo investigaciones de calidad, así como los lazos internacionales y los acuerdos bilaterales o multilaterales en curso, perjudicando la colaboración y el intercambio de conocimientos con grupos de investigación de otros países: «Esta parálisis conlleva de inmediato la suspensión de proyectos de investigación debido a la falta de recursos para su realización. No obstante, las consecuencias más preocupantes se vislumbran a largo plazo, como sería la potencial migración de científicos hacia otros países. Esta «fuga de cerebros», experimentada en épocas pasadas, representa una grave amenaza para el progreso científico en nuestra Nación».
«Es dentro de las universidades, a través de la enseñanza, la extensión y la investigación, donde se forman las y los investigadores que luego trabajan en laboratorios, centros de investigación, empresas o instituciones y organismos del sistema científico argentino. Las universidades públicas son el corazón del sistema científico y del desarrollo tecnológico de nuestro país y, por su rol en la formación del futuro personal científico, tienen una función irreemplazable. Además, el 60 % del personal dedicado a la I+Ds del país trabaja en universidades nacionales y alrededor del 80 % de trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se desempeña en nuestras casas de altos estudios», acotan.
Y concluyen: «Hacer ciencia es producir conocimiento nuevo, innovación y las universidades son protagonistas del ecosistema innovador que, en todas sus disciplinas, aportan al crecimiento económico y al patrimonio artístico e intelectual de nuestro pueblo. Es generar herramientas que nos permitan crecer como país, que nos permitan comprender la realidad que nos toca vivir. Ciencia es desarrollo. Es soberanía y autonomía para decidir racionalmente las vías del desarrollo nacional y regional, así como el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de las y los ciudadanas y ciudadanos».
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