Universidades públicas al borde de la asfixia financiera

Tres mil millones de pesos. Ese será el monto que el Ministerio de Educación de la Nación le quitará al presupuesto de las universidades públicas, según anunció hace más de un mes ante el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido en San Salvador de Jujuy, la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela. Justo en el año del centésimo aniversario de la Reforma Universitaria. Las más damnificadas, como ocurre desde el inicio de la gestión macrista, son las universidades del Conurbano, las mismas que habían tenido un auge en la última década y hoy sufren una asfixia financiera.

«Tenemos un déficit mensual de tres millones de pesos», relata a Tiempo una alta autoridad de la Universidad Jauretche, creada en 2009 en Florencio Varela. «Si no hay un refuerzo a fin de año, la plata nos alcanza hasta noviembre».

Mario Lozano, ex rector de la Universidad de Quilmes hasta fines de 2016, e integrante del Comité Ejecutivo del CIN, destaca que «en condiciones óptimas, el 85% del presupuesto universitario debería corresponder a los salarios de los docentes y no docentes. Sin embargo, en muchas universidades hasta el 95% del presupuesto es utilizado para pagar salarios».

Un problema adicional para las universidades se centra en el aumento de tarifas, que deben abonar sin ningún tipo de promoción ni descuento. En la Universidad de Moreno, el gasto asociado a la factura de electricidad se acrecentó más de un 1700%, mientras que el presupuesto de gastos de funcionamiento creció diez veces menos. La tarifa eléctrica pasó de representar el 1,3% de los gastos generales en 2015, al 8,3% en 2018.

La Universidad de Lanús debió pautar 10,5 millones de pesos para pagar la electricidad de todo este año. «No podemos asignar nada a trabajos de infraestructura», se lamenta Guillermo Grosskopf, secretario de Administración de la UNLa. La secretaria Tavela informó que carecerán de financiamiento las obras que no habían empezado a ejecutarse. Ante el freno en las obras, la UNLa no podrá concretar el auditorio y el polideportivo pensado para los próximos meses. Subraya Grosskopf: «El presupuesto para universidades no contempla el crecimiento, que en nuestro caso es gigantesco. Hace cinco años teníamos 13 mil alumnos, hoy ya tenemos 20 mil, muchos primera generación de estudiantes universitarios, en una zona que necesita de una universidad pública, con carreras modernas». Ingeniería en Telecomunicaciones, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y la licenciatura en Tecnologías Ferroviarias son algunas de ellas.

Un informe reciente de Conadu resalta los recortes en el ámbito universitario. Las becas para carreras prioritarias disminuyeron de 39.715 en 2015 a 29.520 en 2017; y las destinadas a estudiantes de bajos recursos cayeron, en el mismo período, de 23.019 a 14.985. Apunta que la inversión en el sector llegó al «nivel más bajo desde 2011»: mientras la participación universitaria sobre el total del presupuesto del país creció del 0,55% en 2006 al 0,86% en 2015, en 2016 disminuyó al 0,79 por ciento. Los rectores reunidos en Jujuy pidieron una audiencia con el jefe de Gabinete y el ministro de Educación, por ahora sin respuesta.

A eso se suman los atrasos en los pagos. En la Universidad Nacional de Quilmes, la última partida de funcionamiento transferida corresponde al 50% de enero, sin contemplar la inflación y la devaluación de estos meses. A la de Hurlingham recién ahora le están enviando lo correspondiente al primer mes del año. «Hay un ajuste que se dio de hecho con la inflación: el 1 de abril el presupuesto universitario era de 5000 millones de dólares, y un mes después bajó a 4000 millones», remarca Jaime Perczyk, rector de la UNaHur. Es una de las más recientes: comenzó en 2016, con carreras menos tradicionales, como licenciatura en Biología, técnico Laboratorista Universitario, ingeniería en Metalurgia y en Energía Eléctrica, que a su vez demandan gran número de insumos y equipamientos: «Ahora tenemos que comprar material, adquirir máquinas eléctricas del exterior, y todo a precio dólar. Es una gran preocupación el encarecimiento del material científico-tecnológico, cuando es nuestro momento de expandirnos. Si no se invierte, el alumno se va o tiene una formación deficitaria».

Los docentes, sin cláusula de revisión

Uno de los principales recortes en el ámbito universitario corresponde al de los salarios de docentes y no docentes. Este último sector firmó una paritaria del 15% con cláusula de revisión. Una oferta similar fue rechazada por los gremios docentes. «Si hay un sector de trabajadores que tiene en claro que eso es una engaña pichanga, es el de los docentes universitarios. En la paritaria 2016 nos habían ofrecido, y firmamos, una cláusula de revisión. Cuando llegó el momento de revisar, acordamos que los números daban para actualizar los sueldos, pero nos dijeron que no había plata, y entonces quedó ahí. Ahora con el FMI, y el plan draconiano que exigen, no podemos aceptarla», asegura a Tiempo la secretaria general de la Asociación Gremial Docente UBA, Ileana Celotto, que forma parte de la dirección de la Conadu Histórica.

El 10 y 11 de este mes hubo un paro nacional universitario. Y los gremios anunciaron otra medida de fuerza similar, de tres días, a partir de mañana, que contemplará una carpa frente al Ministerio de Educación. «Con el recorte a universidades, no queda nada para investigación y extensión, que son de las principales funciones de estas instituciones», acota Celotto. «